En el acto de apertura de las sesiones del Congreso, el presidente anunció que enviaría una nueva Ley de Educación Superior. La docencia universitaria y todos sus sindicatos exigimos la derogación lisa y llana de la Ley de Educación Superior menemista. Especialmente, el trato equiparable a las universidades públicas que a las privadas, cuestión que el movimiento estudiantil y docente repudia desde las históricas jornadas de lucha por la educación laica o libre en 1958.

Las otras cuestiones que recusamos de la ley menemista que sostuvieron los gobiernos durante un cuarto de siglo son los procesos de mercantilización y privatización en el país, ordenados por la OMC, el Banco Mundial y el FMI. La Coneau es el símbolo de la “acreditación” de nuestras carreras. Es por este conjunto de normas que fueron profundizándose en todos los gobiernos con las leyes antieducativas y resoluciones ministeriales, que degradaron nuestros títulos y la investigación en la universidad, por lo que luchamos contra esta ley.

La política de financiamiento del presupuesto universitario se concreta vía los convenios y los posgrados arancelados como salida para obtener recursos propios. Las acreditaciones y los créditos, la desvalorización de las titulaciones de grado, el programa de reconocimiento académico que habilita al pase de un estudiante entre carreras, apunta, consecuentemente, al achicamiento de la oferta académica gratuita del sistema universitario nacional.

Queda claro, entonces, por qué el presidente no puede hacer un balance de las consecuencias catastróficas para las universidades de una ley repudiada en masivas movilizaciones callejeras desde los años noventa hasta la actualidad (1995, 1999, 2005, 2018, entre otras). Por eso, fundamenta su decisión en el vaporoso deseo de “fortalecer el sistema universitario”. Mientras, el presupuesto se ajusta, los salarios se desploman, las condiciones de lxs investigadorxs han empeorado, y sigue la lista.

Pero si queda alguna expectativa en la nueva ley, cuyo contenido todavía no se conoce, ya se aprontaron una pléyade de rectores para el “gran acuerdo federal por la igualdad educativa”, pero sobre todo para escribir el guión del proyecto que viene cargado de pasado. Menemista, claro.

No es casual que el pelotón de rectores lo encabece Juan Carlos del Bello, ex Secretario de Políticas Universitarias de Menem y actual rector de la Universidad Nacional de Río Negro.. Del Bello llama a salir del “corset” del sistema tradicional para avanzar hacia formas más flexibles como el sistema de créditos que -asegura- “permite armar tu carrera en función de tus intereses”. Pero además de este “complete su propia aventura”, el menemista Del Bello retoma el planteo de seguir el gusto del consumidor: “Si te gusta una materia que está en otra universidad, la podés cursar y se hace una transferencia de créditos para validarla”. La contracara de la flexibilidad de Del Bello es la rigidez de la expendedora de títulos depreciados, el negocio de los posgrados arancelados y el cierre de materias o carreras que entrarían en competencia por el gusto de sus públicos. Al viejo menú bancomundialista, Del Bello suma más flexibilidad: “También se puede discutir si los títulos tienen que seguir siendo habilitantes. Por ejemplo, en el sistema estadounidense el título acredita una formación académica, pero el ejercicio profesional te lo autoriza el Estado. Si te recibís de abogado, después tenés que rendir un examen en el Estado para poder ejercer”.

El otro vocero es Ernesto Villanueva, ex miembro de la Coneau, ex asesor del senador Eduardo Menem cuando se redactó la ley y actual rector de la Universidad Nacional de Universidad Nacional Arturo Jauretche, quien manifestó su preocupación por “la deserción estudiantil”. Pero, lejos de atribuirla al empobrecimiento de las condiciones de vida de nuestra población, la falta de becas, las necesidades de trabajo y estudio de los estudiantes o la inexistencia de una enseñanza personalizada, entre otros factores, concluyó en la necesidad de acortar las carreras y de “pensar cómo combinar la presencialidad y la virtualidad”.

La otra voz fue la de Delfina Veiravé, presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), quien resumió el reclamo: defensa de la Coneau, necesidad de “pensar también en términos de financiamiento y presupuestario” (¿y los fondos públicos?) y de profundizar “la educación a distancia”.

El 9 de febrero pasado, por voto unánime de todos los rectores nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió seguir “trabajando y perfeccionando la virtualidad en el dictado de clases”, ya que “este aprendizaje institucional llegó para quedarse en nuestro sistema educativo”.

En otras palabras: los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya presentaron su pliego rectoral. Lo hicieron en sus propios términos y en defensa de los intereses que acumularon en estos más de 25 años. Lo hicieron, incluso, con los mismos voceros del menemato y de la privatizadora Coneau.

El llamado modelo de Bolonia 3+2 (grado de tres años de duración y master de 2 años) fue impulsado en toda la Unión Europea. Después de las críticas que recibió por parte de la comunidad educativa y de movilizaciones en todo el país en su contra, uno de sus impulsores tardíos, el afamado académico progresista Manuel Castells, hoy Ministro de Universidades del gobierno español, intentó extenderlo a todas las carreras y disciplinas. Este modelo, basado en los créditos, al que se refieren los rectores criollos, tuvo como escollo hasta al propio mercado laboral que denominó a estos planes de estudio como “planes chatarra”. Es así que el ministro Castells ha tenido que recular en sus planes de consolidación de dicho modelo y prolongar un año más las titulaciones de grados a un plan de 4+1, que mantiene el modelo privatista de obligar a los graduados de realizar un master en un año. Es la demostración palmaria de que debemos defender nuestras carreras, sin vaciar los contenidos de grado para que sean pasados a los posgrados arancelados (El Mundo, 2/03/2021).

Ante el fracaso internacional de las leyes dictadas por los organismos multilaterales, debemos abrir una deliberación en todas las universidades, para lograr la completa derogación de la ley menemista y poner en pie un movimiento estudiantil, docente y no docente para realizar los reclamos que vienen desde la reforma del 18, de tener una universidad al servicio de las mayorías populares y no de las elites académicas, y los intereses concentrados de los monopolios.

Las citas, salvo indicación, fueron tomadas de “Hacia una nueva ley de Educación superior” (6/03/2021), de Ludmila Ferrer y publicada en la página El grito del Sur.