Compartimos la resolución sobre presupuesto aprobada en el plenario nacional de la agrupación Naranja de docentes e investigadores universitarios y preuniversitarios.

FRENTE A UNA OFENSIVA CONTRA LXS TRABAJADORXS

En cumplimiento de lo ordenado por el FMI y el conjunto de los acreedores del Estado, el gobierno nacional ha dispuesto la prórroga del presupuesto 2023 lo que, frente a una inflación estimada del 250% para el año en curso, no es otra cosa que la pulverización del gasto público.

Esto es un ataque a todo el pueblo trabajador. Se ensaña principalmente con lxs jubiladxs que, frente a la inflación de diciembre a marzo que alcanzará el 80%, recibirán, con suerte, un 30% de incremento.

Los segundos perjudicados son lxs trabajadorxs del Estado nacional. Esto se demuestra en la pauta firmada por las burocracias sindicales del 29% para el bimestre enero-febrero, cuando la inflación de diciembre a enero superó el 51%.

A esta poda salarial sin precedentes se agregan los 50 mil despidos anunciados por Javier Milei, en un reciente reportaje los periodistas de LN+. A esto se suman los 250 mil despidos anunciados por la Cámara Argentina de la Construcción ante la paralización de toda la obra pública en el país. La quita de los subsidios al transporte y la energía lleva a tarifazos de más del 500% y a la pobreza y la indigencia a millones de argentinxs.

Las fórmulas jubilatorias que han sumido en la indigencia a más de 7 millones de trabajadorxs pasivxs las venimos enfrentando desde 2017 en las calles, movilizaciones por las cuales tenemos compañeros procesados como Arakaki y Ruiz. Los monotributistas, artículo 9, interinatos, en todos los organismos del Estado, son producto de la precarización laboral impuesta por el menemismo y que mantuvieron los gobiernos a lo largo de estos 30 años. La desaparición de la obra pública y el congelamiento del presupuesto en todos sus rubros son la consecuencia de los acuerdos suscriptos con el FMI en 2018, aprobado por el parlamento y profundizados por el gobierno de Milei. Sin duda, las distintas burocracias sindicales, a lo largo de todo este tiempo, son corresponsables de esta situación.

Las universidades y la ciencia

Las autoridades universitarias y de todos los organismos de Ciencia y Técnica no dejan de sacar pronunciamientos sobre la situación presupuestaria. Difunden lo que era y es una evidencia para todxs: con este presupuesto hasta los más optimistas dicen que el sistema universitario y científico solo podría funcionar hasta el mes de junio.

Sin embargo, nos llegan denuncias de distintas universidades y unidades académicas que, desde diciembre del año pasado, han comenzado el despido de docentes. En no menos de ocho universidades nacionales. En otras se plantean reducciones de conquistas particulares. Los rectores hacen lo mismo que los gobernadores: denuncian la situación y mientras aplican el recorte. La AGRUPACIÓN NARANJA se pronuncia contra todo despido que, como ya mencionáramos para el resto del Estado, son producto de la precariedad donde nos encontramos, con decenas de miles de interinatos y miles y miles de monotributistas y contratadxs a término, además de los ad honorem. Estamos por el pase a planta permanente de todxs lxs docentes que se encuentran en esa situación. Otra forma de degradar las condiciones de trabajo, de enseñanza y de aprendizaje es que se han puesto cupos mínimos para la apertura de comisiones e incluso se ha propuesto que trabajadorxs no docentes tomen tareas académicas, llevándolos a ellos a la polifuncionalidad con un recargo laboral y exigencia de tareas para la que no están capacitados. Otra alternativa es la hibridización de las cursadas sin tener en cuenta que, según la disciplina, el grado de avance y capacitación de estudiantes y docentes en nuevas tecnologías, y la carencia de las mismas, esto no es más que otra forma de ajuste.

La situación es más grave aún: con el mero pasaje a grandes consumidores de energía de las 62 universidades nacionales, el tarifazo llevaría a que, en el otoño, no se pondrían prender las luces de las aulas.

Pero nuestra preocupación es más profunda. En el mejor de los casos, el 90% del presupuesto universitario está dedicado a salarios y contribuciones. El congelamiento del presupuesto, en valores reales, se condice por lo tanto en forma completa con la miserable oferta del 6% de incremento salarial en la última oferta.

Esta ofensiva contra la universidad pública se agrava con la intención de anulación de las paritarias con el intento de volver al decreto 1007, dictado por Menem y Del Bello, hace 30 años. Esto significa que cada universidad discuta con la asociación de base el salario de docentes y no docentes de acuerdo con los fondos asignados en el presupuesto y los recursos propios que cada universidad genere. Ese nefasto decreto, que mantiene su vigencia desde hace 30 años -y nunca fue derogado- es el que nos llevó a salarios con amplísimas diferencias entre una universidad y otra, y con sumas de alrededor del 50% no incorporadas al básico. Una verdadera descuartización del sistema universitario, de nuestros ingresos y un impulso a los negocios “propios” de cada Rectorado y hasta de cada docente para salir de salarios miserables.

En las retribuciones actuales, esto se ve potenciado ya que el básico del cargo testigo, fijado para el mes de febrero, es de $191.000, frente a una Canasta de Indigencia a enero de $285.561. El salario de un titular, exclusivo, con máxima antigüedad, es inferior al salario de la categoría inicial del Convenio Colectivo de los bancarios.

De someternos sin lucha, de toda la comunidad universitaria, a este ajustazo del presupuesto universitario, de los salarios de los docentes y no docentes, de las becas estudiantiles, se avanzará rápidamente a una mayor mercantilización y privatización de la universidad y la ciencia, de su puesta al servicio del mercado y las grandes corporaciones, y consecuentemente al arancelamiento. Estos son planteos del Banco Mundial, el FMI, la OCDE y la UNESCO. Y, en nuestro país, tienen abierta la puerta por la vigencia desde hace más de 30 años de la Ley de Educación Superior menemista por la que seguimos luchando por su derogación.

A nuestra AGRUPACIÓN NARANJA le preocupa particularmente la situación de lxs estudiantes y becarixs. Como se planteó en la Reforma del 18, sin estudiantes no hay universidad. Las Becas Progresar alcanzan la irrisoria suma de $20 mil mensuales. Las Becas Belgrano, que se otorgan solo a las carreras estratégicas, alcanzan los $130 mil mensuales. Como difundió por las redes una estudiante de Física (carrera estratégica), de la UBA, el mero recorrido en el transporte público desde su lugar de residencia a su lugar de estudio le insume $100 mil. Eso antes de los tarifazos que continuarán en el transporte. Como salió en todos los medios de comunicación, tenemos la canasta escolar más cara del mundo. Al discontinuarse el Plan Conectar Igualdad -que nunca recibieron lxs estudiantes universitarios- una computadora sale no menos de 1000 dólares. La desregulación de las telecomunicaciones ha llevado los precios de la conectividad a valores inalcanzables para una familia. Los alquileres y la comida suben mes a mes más que el promedio del índice inflacionario. Por todo esto, es necesario que se habiliten comedores, albergues y boletos estudiantiles gratuitos para evitar las deserciones y las caídas de las matrículas estudiantiles.

Lo mismo sucede con lxs becarixs quienes, en el Conicet y gracias a dos meses de asambleas y movilizaciones en todo el país, así como la ocupación de la sede central, consiguieron 600 nuevas becas, la cantidad más baja de los últimos 20 años.

Estos hechos demuestran la necesidad de retomar los métodos de 2005, 2016 y 2018, cuando estudiantes, docentes y no docentes, becarixs, investigadorxs de los distintos organismos salimos juntos por mayor presupuesto, por la defensa de nuestros salarios, la defensa y ampliación de las becas. Demostramos que, con un plan de lucha prolongado de huelgas y movilizaciones de cientos de miles en todo el país, quebramos la implementación del decreto 1007 e implementamos una paritaria nacional; y evitamos el ajuste sobre la universidad y la ciencia pública. Lo hicimos en defensa de la comunidad universitaria y científica. Lo hicimos y lo volveremos a hacer en defensa de una universidad y una ciencia al servicio de las mayorías populares.