Las personas abajo firmantes, parte de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Luján, queremos manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo por la posible implementación del Programa “Loteos con Servicios” del convenio entre Federaciones de Trabajadores de las UUNN con el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, impulsado por algunos sectores de la UNLu y para aplicar al Programa PROCREAR del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En dicha propuesta se promueve la utilización de lotes del predio del campo de la UNLu (Sede Central) para la construcción de viviendas destinadas a trabajadores de la Universidad. Las áreas previstas en la propuesta, afectan a sectores del predio que comprometen el desarrollo actual y futuro de tareas docentes y proyectos de investigación y extensión de la comunidad universitaria. Con la implementación de esta propuesta de viviendas se perjudican diversas actividades e instancias propias de esta Institución educativa como el Jardín Botánico (Disposición CDDCB 100/13; Resolución HCS 196/13), el potrero experimental destinado a futuras investigaciones por parte del grupo AgroecoUNLu, lotes destinados a la construcción de la planta fotovoltaica del GERSOLAR, lotes destinados a la construcción del edificio de INEDES (Resolución HCS 296/17), Invernáculos de riego destinados a prácticas de diferentes carreras y a investigaciones tanto de grado como de posgrado, Parcelas experimentales y parte del sector de Maquinarias, solo por mencionar algunas actividades consideradas sustantivas.

Somos partidarios de que, desde el Estado, se promueva garantizar el derecho constitucional de las personas de acceder a una vivienda digna, pero creemos que no es el camino el desprenderse de parte del patrimonio de las instituciones públicas. Y menos aún, en espacios de las UUNN que cuentan escasas hectáreas donde se realice el desarrollo académico, científico y productivo de la institución. Aplicar esta propuesta en las áreas previstas del campo significaría dejar en manos privadas cerca del 10 % de la superficie de la UNLu. Esto conlleva a afianzar e incrementar un proceso de fragmentación del predio de la Universidad, tal como ha sucedido con la construcción de la autopista, donde han sido sustraídas más de 20 ha. La generación de viviendas en el predio del campo reduciría aún más la disponibilidad de lotes previstos para tareas de docencia, extensión e investigación, debido a la aplicación de la Ordenanza 5953/2011 en relación a la nueva urbanización propuesta. Además, el campo con sus aulas y dependencias quedaría fragmentado y aislado de la infraestructura principal de la Sede, teniendo que traspasar entre propiedades privadas para realizar las actividades inherentes a la institución en ambos sectores.

Al igual que otras UUNN que cuentan con escasas hectáreas para la utilización en las actividades públicas inherentes a una institución de Educación Superior, principalmente con carreras con necesidades de espacio para implementación de actividades productivas o experimentales, es inaudito que se siga reduciendo la superficie del campo de la UNLu y, menos aún, con destino a actividades y proyectos privados. Muchas de las UUNN han acompañado a las diferentes Asociaciones gremiales de los trabajadores universitarios en el emprendimiento de la gestión y solicitud de lotes municipales de las localidades donde están emplazadas las sedes de las Universidades. Este podría ser un coherente camino hacia la concreción del derecho constitucional de los trabajadores universitarios de la UNLu a una vivienda digna, sin afectar ninguna de las actividades sustantivas que se desarrollan en el campo de la Universidad.

Precisamente, no sobran UUNN con extensión suficiente como para permitirnos aprender entre todos cómo desarrollar la producción agrícola y ganadera de manera sustentable, eficiente, competitiva e inteligente, entre otras actividades que se realizan en sus predios. Por lo cual, no se puede privar de ese activo, porque lo necesitamos para esos fines permanentes. Las UUNN nacionales no son ámbito catastral para este tipo de implementaciones privadas. La instalación de viviendas privadas en un ámbito de una UUNN en cierta manera, produce un proceso devastador de descapitalización de las instituciones públicas.

El Programa PROCEAR II aplicado al Programa Casa propia a través de la propuesta “Lotes con servicios” de las Asociaciones, Mutuales y Sindicatos ha sido implementado sobre la base de un convenio con dichas instituciones y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Las UUNN no han tenido directamente intervención ni compromiso en dicho convenio. Considerando la zonificación propuesta para las viviendas, aduciendo que la UNLu puede aplicar a la Línea tres (3): Inmuebles con o sin subdivisión y sin infraestructura de servicios o con infraestructura parcial del Programa Lotes con servicios, es incorrecto. La UNLu debe “querer o poder” destinar lotes para tal Programa a través de las instancias constitucionales e institucionales que brinda la autonomía universitaria, y luego del adecuado tratamiento del tema en los diferentes cuerpos colegiados y con las autoridades de la institución. No se trata de una cesión de terrenos, sino que el Programa expresamente dice que la Universidad “vendería” los lotes y en el proceso intervendría el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Banco Hipotecario, reintegrando a la Universidad un magro porcentaje del monto por lote, desfinanciándola en sus activos. Por otro lado, los lotes seleccionados intempestivamente por los solicitantes NO tienen servicios, por lo cual no aplicarían para el Programa “Lotes CON servicios”. ¿Quién se haría cargo de la instalación de servicios? ¿También la Universidad? Desde hace muchos años, diversos proyectos y emprendimientos en el marco de las actividades sustanciales de la Universidad han solicitado constante y reiteradamente la necesidad de aplicación de servicios en algunos sectores del campo, y no han sido implementados. Por otro lado, los lotes NO son de las Asociaciones (“Lotes con servicios de las Asociaciones”), con lo cual la Universidad debería “vender” dichos terrenos al Programa para que sean entregados a los beneficiarios. Particularmente, la UNLu no podría “vender” ninguna propiedad ya que no está resuelto aún la escritura definitiva de sus terrenos. El predio donde está la UNLu Sede Central fue concedido como “donación con cargo” de los herederos de Alvear para un Instituto de menores. Por ello, la asignación del predio a la Universidad fue producto principalmente por la creación de la original carrera de Minoridad y Familia (hoy Trabajo Social). Cualquier cambio o desvío de la donación original con cargo habilitaría a los herederos de Alvear a revertir la donación y arriesgaría dejar a la UNLu sin predio alguno.

Es de destacar que, no sólo es una cuestión de gestión catastral y de servicios, sino de una situación ambiental. Los lotes seleccionados por la propuesta se asientan sobre la cuenca de dos arroyos intermitentes. Con la previsión de cambio climático para la región se espera un aumento de las precipitaciones, de manera más concentrada. Es de esperar, que dichos arroyos presenten un caudal mayor que puede desbordar a campos aledaños. La construcción de viviendas junto a los cursos llevará a la reducción o desaparición de las zonas ribereñas, donde se produce importantes procesos de depuración de plaguicidas y nutrientes, que favorecen la calidad ecológica de los cursos de agua, y que actúan como reservorios de fauna y flora autóctona. La ubicación de viviendas en esas zonas requeriría la instalación de áreas de amortiguación de 20 m a cada lado del curso y de la conservación de las zonas bajas aledañas al curso para que actúen como zonas de almacenamiento transitorio del agua, cuando aumente el caudal. Estas son las recomendaciones que se hace desde la Especialización en Calidad Ecológica y Restauración Fluvial dictada en la UNLu para las urbanizaciones, en general.

El terreno de nuestra Universidad es un predio público. Es nuestro privilegio poder trabajar en él y está correlacionado con nuestra obligación de emplearlo para desarrollar actividades relacionadas con la ciencia, la educación y la extensión ahora y en futuro, cada vez mejor por un porvenir. Somos custodios del predio, no sus dueños. Como todo bien del Estado, tiene un propietario que no es la administración de la UNLu ni de asociaciones de trabajadores; es un bien público y sus objetivos también lo son. Los derechos particulares no pueden construirse sobre aquellos más permanentes, que involucran la construcción de conocimiento de generaciones pasadas y venideras en el ámbito de la Educación Pública.

Dada la magnitud y significancia de la propuesta emitida hacia la comunidad universitaria referente al uso de lotes del campo de la Universidad para construir viviendas en el marco de “Lotes con servicios”, creemos importante que se articulen los medios para hacerla pública e iniciar un proceso de participación y discusión seria y concreta que recabe la opinión de todos los actores que forman parte de dicha comunidad.

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