Luego del anuncio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Ministerio de Educación de la Nación sobre el “sistema híbrido” que vaticina la combinación de presencialidad y virtualidad, el 29 de junio los rectores de las universidades nacionales emitieron un documento público que plantea abiertamente que “las universidades no vamos volver a funcionar de la misma manera que antes”.

Bajo la orientación de profundizar la virtualización de la educación superior, el documento titulado “Desafíos de las universidades públicas en la etapa de la pospandemia” (disponible en www.cin.edu.ar), sostiene que “resulta necesario favorecer la creación de otros marcos institucionales que permitan potenciar los aspectos positivos de la modalidad a distancia”. Para ello las autoridades anunciaron una “inversión de 1.500 millones de pesos por parte del Estado nacional” a través del denominado PlanVES II 2021.

La realidad es que a dieciséis meses del inicio de la virtualización forzosa en las universidades nacionales el gobierno nacional y las autoridades universitarias no han invertido un solo peso en equipamiento y conectividad gratuita para docentes, estudiantes y no docentes. Tampoco en garantizar las readecuaciones de infraestructura necesarias para el retorno a la presencialidad. Por el contrario, el escenario real es el ajuste sobre el presupuesto universitario y ello se profundiza aceleradamente.

Es evidente que los distintos estamentos gubernamentales buscan instalar un falso y apresurado escenario de “pospandemia” en un cuadro nacional con altísima circulación viral, con más de 96 mil muertes y con menos del 10% de la población argentina habiendo recibido las dos dosis de vacunas contra el Covid-19.

Precarización, mercantilización y vaciamiento de contenidos

Tal como venimos sosteniendo desde comienzo de 2020, la educación a distancia a través de las plataformas virtuales no es un mero fenómeno argentino. Detrás de la virtualización forzosa de la educación universitaria hay grandes intereses de las potencias imperialistas y las multinacionales de las telecomunicaciones, que tienen como ejecutores a los gobiernos de todos los países y los tecnócratas de la educación.

Mientras las burguesías ven en la educación a distancia una oportunidad de negocio, para sus gobiernos representa una extraordinaria posibilidad de bajar el gasto público en un escenario de crisis capitalista mundial. Esta utilización de la crisis para destruir la educación pública no es novedosa, el expresidente norteamericano George Bush usó el desastre del huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005 para imponer las llamadas “escuelas charter”.

En este contexto de crisis, los rectores de las universidades argentinas, bajo la premisa de que “la virtualidad llegó para quedarse”, se suman con entusiasmo a esta modalidad de educación a distancia para imponer diversas prácticas flexibilizadoras y de mercantilización educativa: la precarización laboral para docentes y no docentes mediante el teletrabajo; el vaciamiento de contenidos teóricos y prácticos en las carreras de grado; aumentar la venta de servicios educativos a través del crecimiento en la matrícula en las carreras de posgrado; la exclusión de miles de estudiantes y docentes de la vida social y política universitaria; el “ahorro” presupuestario en infraestructura edilicia, becas, alojamiento y comedores, entre otras muchas cuestiones centrales del quehacer universitario.

La lógica de acrecentamiento privatista, mercantilista y de precarización está claramente expuesta. Por el contrario, para nosotros no hay salidas virtuales. La salida de la crisis educativa pasa por terminar con el ajuste del Estado, cesar el pago de una deuda externa usuraria e ilegítima y de los subsidios al capital. Pasa por el incremento de los salarios, la aplicación del convenio colectivo, la formación en servicio de docentes y por el mejoramiento de todas las condiciones de la población trabajadora que hoy accede al sistema educativo de manera absolutamente desventajosa. La organización colectiva de docentes, estudiantes y no docentes debe impedir este nuevo avance mercantilista sobre la educación pública universitaria.