Tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, que repudiamos sin atenuantes y frente al cual seguimos exigiendo el inmediato esclarecimiento, el gobierno nacional ha instalado y promovido declaraciones de garantía de paz social.

La “paz social” que ahora se reclama contrasta con la “guerra” a las condiciones de vida de las familias trabajadoras, a los salarios de quienes trabajamos para seguir siendo pobres, a la juventud precarizada a quien se le intentó arrebatar la beca Progresar por “incompatibilidad”, a la mayoría de lxs jubiladxs que perciben haberes por debajo de la línea de indigencia, al cierre del servicio de prestaciones a personas con discapacidades, al recorte de fondos públicos en Salud, Educación e Infraestructura para garantizar el pliego de exigencias del FMI y el pago de una deuda externa usuraria y fraudulenta. La lista de agravios es más extensa y se profundiza con el correr de los días.

Todo eso, contrasta con las concesiones a las empresas privatizadas, con tarifazos del 53% en la luz, sólo para los meses de septiembre y octubre, que seguirán con otro Massazo en noviembre; a los bancos con una tasa del 100% para prestarle al… Estado –las famosas Leliqs–, motivo por el cual se “la llevan en pala” desde hace décadas. A los sojeros quienes ahora viven su “frenesí” –como dice exultante el diario de los Mitre– con un dólar a 200 pesos que, además premia sus extorsiones y agrava el proceso devaluatorio de nuestra moneda.

La visita de Sergio Massa –el hombre que concitó el entusiasmo del Departamento de Estado, del Tesoro, del FMI y las petroleras como Chevron– ya anuncia un recrudecimiento del ajuste en todos los niveles.

El superministro –que tuvo como escolta a Braden/Stanley– logró reconciliar al gobierno con dos macristas furiosos: Por un lado, con el gusano/trumpista Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, que de negarle nuevos préstamos al Estado, ahora le termina dando más de 1200 millones de dólares sin destino fijo, o mejor dicho para la fuga y/o pago de intereses de deuda “vieja”. Por el otro, con el demócrata Lipton, asesor de Biden y gestor clave –bajo Trump– del mayor crédito de la historia del FMI, contraído por el gobierno de Mauricio Macri, compromiso que Massa reafirmó a Georgieva que pagaremos con las metas ya acordadas.

Vuelve Massa con todo el aval de todas las fracciones del imperialismo estadounidense, y lleno de nuevas y más deudas para el pueblo argentino. Vuelve Massa con un paquete de ajustes que implicará mayores sometimientos al capitalismo financiero, mayores compromisos de entrega de nuestros recursos y empeoramiento general de nuestras condiciones de vida. En otras palabras, un paquetazo contra las y los trabajadores, que acrecentará la sumisión nacional.

En sintonía con la política oficial, avalada por la derecha, los rectores acaban de presentar “su” proyecto de presupuesto. Proponen un incremento presupuestario del 67% para el 2023, cuando el BCRA estima la inflación en 84%. Dicho en criollo, las y los rectores de ambos lados de la grieta se ponen a la vanguardia de la política del FMI y el gobierno: achique en investigación, salarios, extensión y en posibilidades para frenar la deserción estudiantil. Mientras, ejecutan la auditoría de los planes sociales disfrazados como tareas de extensión. El CIN es un partícipe necesario en la destrucción de la universidad pública y lo demuestra una vez más.

La paz social es en realidad lo que necesitan para aplicar el ajuste. Y las centrales sindicales, al suscribirla, avalan un camino de mayores penurias para los trabajadores y las mayorías populares. No es una paz social sino paro nacional lo que necesitamos las y los trabajadores para enfrentar los ataques al salario, a los regímenes de trabajo, a las jubilaciones, a la salud, a la educación. Se impone la mayor deliberación colectiva en los lugares de trabajo, la realización de asambleas y congresos de delegadxs con mandato, el paro general y plan de lucha nacional en defensa de nuestras demandas y derechos.

La docencia pre y universitaria

Lxs docentes pre y universitarios, nucleados en la Conadu Histórica, venimos de desplegar dos grandes jornadas nacionales de paro de 48 horas en repudio a la firma de la “paritaria del ajuste”. Las burocracias de Conadu, Fedun, Ctera, Fagdut y Uda otra vez entregaron nuestros salarios. Lo hicieron en marzo cuando firmaron por un 41% en cuotas; en julio, cuando apenas adelantaron dos cuotas para mantener el mismo 41%; y ahora, nos llevan a enero de 2023 para cobrar un 62%. Una pérdida del 33% frente a una inflación de 95% –según el BCRA–, y que ya muchos calculan en valores más altos.

Llamamos a la docencia a sacar conclusiones de estas entregas. A repudiar a estas direcciones burocráticas que desorganizan nuestra lucha y que celebran como victorias parciales cada derrota que sufrimos. Llamamos especialmente a las asociaciones que se han sumado a los paros de Conadu Histórica a romper con sus direcciones, a denunciarlas públicamente, a dejar de participar en los congresos en los que se termina convalidando el quorum a la entrega.

El ajuste salarial se agrava. Porque no hay respuesta al reclamo por la docencia ad honorem ni a las promociones de carrera docente –ni siquiera están los fondos de la paritaria del año pasado. Porque los incrementos jubilatorios se perciben dos veces al año en lugar de hacerse efectivos trimestralmente. Porque sigue sin haber fondos especiales a las obras sociales docentes que cierran cada vez más servicios y prestaciones.

La Agrupación Nacional Naranja llama, en lo inmediato, a continuar con el plan de lucha por el salario y las jubilaciones. Llevaremos a las asambleas y congresos de todo el país el mandato de paro de 48 horas con movilización en todas las universidades nacionales en defensa de nuestros derechos y de una universidad al servicio de las mayorías populares.