La pauta salarial del Gobierno de Fernández, Trotta y Guzmán fue rechazada masivamente por la docencia de los colegios y las universidades. Ese es el dato que contrasta con la firma de un puñado de dirigentes burocráticos que se fotografiaron en la Casa Rosada.

Fueron 37 sindicatos, de una y otra federación, los que se pronunciaron en contra del acuerdo y la firma. Allí donde hubo asamblea o consulta, la expresión claramente mayoritaria denunció una propuesta que no recupera el 22% perdido en 2020 ni el 35% desde diciembre de 2015 y que implica un ajuste para este año de no menos de 15 puntos. El repudio, además, se concentró en un reconocimiento de gastos por conectividad y equipamiento que nada reconoce: un bono mensual de 1000 pesos, de abril a diciembre! Una burla a todos y todas las docentes que venimos costeando nuestras herramientas de trabajo y la conexión desde el inicio de la pandemia.

Tal rechazo se extendió a pesar de que tanto el Ministerio de Educación como las burocracias apelaron a su repertorio “clásico”: postergar la convocatoria a la paritaria que había vencido en febrero, excluir a los paritarios/as de la Conadu Histórica de la primera mesa de negociación, boicotear las seis semanas de conflicto docente que incluyeron cuatro paros de 48hs, caravanas, actos, conferencias de prensa y un amplio trabajo de difusión. Resolvieron firmar sin consulta o cuando todavía no habían terminado de realizarse en algunas universidades (Conadu), además de un organizado operativo sobre la prensa buscando instalar que la paritaria ya estaba aceptada (Fedun). Incluso algo más escandaloso: la dirección de Conadu debió recurrir al fraude, tal como denunciaron los/as docentes de La Rioja que exigen la renuncia de toda la conducción del sindicato apenas se enteraron de que su secretario general -¡y adjunto de la Federación!- cambió su voto: en lugar de llevar el mandato de no firmar que reclamó más del 63% de los consultados, sumó su voto positivo para garantizar la entrega. Todas las direcciones firmantes, totalmente integradas al gobierno, terminan así defendiendo el ajuste que nos aplica Guzmán y el gobierno dando la espalda a la voluntad mayoritaria de sus representados.

Es claro que esta nueva rebaja salarial a la docencia pre y universitaria no se trata de una “equivocación” o un “error” del gobierno nacional. Es, en rigor, parte de una política planificada y deliberada de ajuste fiscal pergeñada por el FMI y ejecutada por el gobierno de Fernández. Una política de ajuste que empobrece mes a mes el poder adquisitivo de la docencia universitaria y de la clase trabajadora en su conjunto.

Como tampoco es un error el ajuste presupuestario para las Universidades Nacionales, que atentan contra las condiciones de trabajo y estudio, de manera presencial o remota, que no garantizan coberturas de licencias ni dispensas, que en los hechos implican disminución en montos y número de becas, que apuntan a profundizar la mercantilización en las UUNN.

Es por este cuadro que sostenemos que la firma de las burocracias no puede cerrar hasta febrero 2022 la lucha de la docencia pre y universitaria. Los 37 sindicatos, que de conjunto suman la mayor cantidad de afiliados y afiliadas, constituyen un nuevo punto de partida para poner en pie un movimiento nacional de la docencia por nuestros reclamos y contra el ajuste de nuestras condiciones de vida.

Así lo hicieron las y los trabajadores de la salud de Neuquén que repudiaron la entrega de ATE Neuquén y desplegaron un plan de lucha que obligó al gobierno provincial a renegociar el acuerdo salarial. Así lo hicimos en la rebelión de 2005, cuando logramos reabrir la negociación y echar por el aire el acta con la que habían clausurado la negociación estas mismas burocracias. O en 2018, con paros, masivas movilizaciones y ocupaciones de universidades por parte de un movimiento estudiantil solidario, que hoy intentan enjuiciar por defender la educación pública.

El movimiento obrero ocupado y desocupado, incluso bajo las limitaciones de la pandemia, comienza a abrirse paso frente al ajuste y los despidos, a los programas fondomonetaristas, al agravamiento de las condiciones de vida de las familias trabajadoras y enfrentando a las direcciones sindicales que entregan o traicionan.

La inmensa mayoría de la docencia universitaria no ha recibido la vacuna ni aparece en los planes de vacunación como prioridad. A pesar de las presiones del gobierno y las gestiones universitarias, diferentes gremios universitarios resistieron las imposiciones sobre presencialidad sobre todo en el nivel preuniversitario. Es por eso que marcamos la urgencia de un plan masivo de testeos y vacunación, expropiando las vacunas que ya se están fabricando en el país, anulando las patentes y poniendo a disposición laboratorios como Sigman o Richmond para la producción estatal y la distribución nacional. Esta es una verdadera medida para priorizar la salud, la vida y la educación.

Como parte del movimiento de la docencia universitaria y preuniversitaria, los firmantes reafirmamos que los sindicatos son de los trabajadores. Es por ello que militamos en todos los sindicatos de todas las federaciones docentes para recuperarlas de las burocracias que se subordinan a nuestra patronal, el Estado nacional. Es por eso que promovemos las asambleas generales en cada universidad para que delibere y resuelva toda la docencia afiliada a un u otro sindicato incluido los no afiliados a ninguno. Por eso consideremos como un elemento central de la democracia sindical la realización de congresos de delegados con mandato. Los firmantes que somos activistas, delegados, autoconvocados, representantes de las minorías o dirección de asociaciones de bases ponemos por delante los intereses generales del movimiento por encima de cualquier diferencia para alcanzar nuestras reivindicaciones.

Las y los docentes tenemos que intervenir masivamente para que triunfen nuestras reivindicaciones, para frenar los despidos desde Tucumán a la UBA, para terminar con la precariedad laboral de los interinatos, el trabajo gratuito de ad honorem y adscriptos, por el aumento del presupuesto universitario y de las becas estudiantiles, por la defensa de nuestros regímenes previsionales del 82% y 85% móvil, por el aporte estatal a nuestras Obras Sociales, por derogación de la LES privatista que perpetuaron todos los gobiernos desde el menemato.

Por eso desde la Multicolor de la docencia universitaria y preuniversitaria decimos que no está cerrada la lucha por nuestro salario. Más aún con los valores de una inflación que mes a mes los carcome. Como ya planteamos en la Conadu Histórica: VAYAMOS A UN ENCUENTRO NACIONAL DE LA DOCENCIA, para deliberar en conjunto, organizarnos y decidir cómo seguimos.

∙ Ningún docente por debajo de la línea de pobreza

∙ Cláusula gatillo

∙ Pago de los gastos de conectividad y equipamiento

∙ Salario para toda la docencia ad honorem y adscripta

∙ Ninguna presencialidad sin condiciones epidemiológicas e infraestructura

∙ Vacunación para toda la población, liberación de las patentes

∙ Por la recuperación de los sindicatos. Fuera las burocracias de los sindicatos