ABSOLUCIÓN A LOS DOCENTES Y CAMIONEROS DE TIERRA DEL FUEGO

La educación pública es blanco de ajustes y ataques permanentes en todos sus niveles, y en todas las provincias, desde la Ciudad con Macri, hasta la provincia con Scioli, pasando por los socialistas de Santa Fé.

Contra lo que pregona la propaganda oficial, el sistema educativo escolar sigue fragmentado en un deteriorado sistema provincial. El salario docente es fijado en cada provincia, con básicos que promedian los 3000 pesos para el maestro de grado y un mínimo de 5655 pesos de bolsillo, firmado por la Ctera, lejos de cubrir el reclamo histórico de la canasta básica.

La falta de nombramiento de cargos, la sobrecarga laboral, el recorte de derechos laborales, y la situación de emergencia en cuanto a la infraestructura escolar, recorren todo el país.

En la universidad son miles los docentes sin sueldo –ad honorem-, los precarizados; y el vaciamiento y deterioro edilicio es extremo en muchos casos. El deterioro del salario, producto de las paritarias a la baja que le facilitaron al gobierno nacional las federaciones oficialistas, alcanza hoy un desfasaje del 100% entre el cargo testigo y su necesaria equiparación a la media canasta familiar.

El convenio colectivo de trabajo no se aplica en la mayoría de las universidades. Lo mismo ocurre con la “reciente” gratuidad de la enseñanza, - mientras se mantienen intactos los negocios de los posgrados pagos-, y el ingreso irrestricto, dado que queda librado a lo que decide cada universidad.

Los trabajadores no docentes y auxiliares de comedores y limpieza de todo el sistema educativo, sufren sueldos aún más bajos, el avance precarizador y la falta de nombramientos. Como ejemplo baste mencionar los miles sufrieron el atraso del pago de sueldos en la provincia de Buenos Aires.

La salud de los trabajadores se ve afectada por el vaciamiento de las obras sociales, la recarga de tareas y la privatización de la salud laboral.

La falta de becas para los estudiantes, de comedores escolares y universitarios, la negativa a implementar el boleto estudiantil gratuito incluso donde fue votado, es una constante.

El gobierno k junto a la mayoría de los gobiernos provinciales y de la CABA trataron de presentarse como defensores de la educación pública, mientras sostuvieron y aumentaron el subsidio a la educación privada, transformaron en masivos los planes educativos precarizados, mantuvieron la enseñanza religiosa en las provincias del Noa, abrieron la puerta para la introducción de la enseñanza religiosa en todo el país, y atacaron los derechos laborales docentes. Le abrieron la puerta a las evaluaciones de desempeño con lineamientos de organismos extranjeros, como el Banco Mundial, agravando la persecución sindical y el hostigamiento laboral.

En la campaña electoral, los docentes y la educación pública fueron un eje de ataque de los tres principales candidatos presidenciales.

Con la asunción de Macri a la presidencia, y Bullrich en el Ministerio de Educación, se profundizarán estas políticas.

A la devaluación y los tarifazos que nuevamente sufriremos todos los trabajadores, se suma el intento de determinar el salario de acuerdo a la evaluación o al mérito, y la reducción de los derechos laborales, medidas que cuentan con antecedentes precisos en la Ciudad.

El juicio en desarrollo contra los 33 docentes y camioneros de Tierra del Fuego, es un intento de “aleccionar” a los trabajadores de todo el país, estableciendo condenas a los que luchan, empezando por los principales dirigentes del Sutef, sindicato docente de Tierra del Fuego. Hoy, luego de los alegatos y a pesar de no tener pruebas reales, lo que demuestra la farsa, el fiscal pidió condena a 28 compañeros y la absolución de 5. Si los compañeros son condenados, la Ctera y la Cgt Moyano deben convocar de inmediato al paro nacional por su absolución.

La criminalización de las luchas de los trabajadores, va de la mano del intento de profundizar los ajustes y recortes laborales. La semana pasada, fueron absueltos como resultado de una enorme movilización popular, los docentes y padres de Santa Cruz, enjuiciados por su participación en las manifestaciones y actividades de la gran huelga de ADOSAC en 2011, cuando reclamaban por el aumento salarial y la defensa de la escuela pública.

Es necesario que sigamos en la calle y establezcamos la agenda de defensa de la educación pública, una exigencia tanto al gobierno que se va, como al futuro gobierno de Cambiemos (Pro-Ucr).

Los convocantes a esta Marcha Nacional Educativa, somos los sindicatos, seccionales, y agrupaciones de trabajadores de la educación, junto a federaciones y centros estudiantiles, que hemos defendido y vamos a defender la educación pública y los derechos de trabajadores y estudiantes, sin someterlos a los gobiernos de turno, como hizo la burocracia sindical docente.

Nos movilizamos el 3 de diciembre, en Tucumán y en todo el país, por este programa:

BASTA DE AJUSTE SOBRE LA EDUCACION PÚBLICA

ABSOLUCION A LOS DOCENTES Y CAMIONEROS DE TIERRA DEL FUEGO

Aumento del presupuesto educativo destinado exclusivamente al sistema educativo, sostenido por impuestos progresivos a las grandes ganancias empresarias, al lucro financiero, petroleras, a la mineras, el juego, el no pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta.

Salario igual a la canasta familiar para todos los trabajadores de la educación, actualizado por inflación. Pago en tiempo y forma de los salarios para todos los trabajadores de la educación. Paritarias sin techo. Ante la carestía, inmediato llamado a paritarias, doble aguinaldo en diciembre.

No al salario por mérito, evaluación docente o presentismo para determinar salario.
Renacionalización del sistema educativo. Terminar con las leyes educativas que han fragmentado, devaluado y precarizado el sistema educativo nacional. Por una educación nacional de calidad, científica, gratuita y laica.

Defensa de los Estatutos del Docentes y regímenes de licencias en todo el país.
Basta de precarización laboral. Pase a planta permanente e incorporación a los regímenes de estabilidad del Estatuto del Docente a los trabajadores de todos los planes educativos precarizados (Fines, Coas, Mejoras, Patios, etc).

Jubilación del 82% móvil, con 25 años de servicio y sin límite de edad. Defensa de las Cajas y regímenes jubilatorios provinciales, contra su traspaso o armonización con el Anses. Devolución de todos los fondos extraídos del Anses y las cajas provinciales por el gobierno.

Defensa del derecho de huelga. No a la declaración de la educación como “esencial” que lo limita. No a los descuentos por paros.

Construcción de los edificios necesarios para todas las escuelas y universidades del país. Reparación de edificios. Declaración de la Emergencia Edilicia Educativa.

Nombramiento de todos los cargos necesarios en cada escuela y aprobados por planta, de docentes y auxiliares.

Asignaciones familiares para todos los trabajadores sin techos salariales.

Eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

Boleto Educativo gratuito para todos los estudiantes, docentes y auxiliares.

Cese de las persecuciones a los trabajadores de la educación, con investigaciones, sumarios, o procesamientos judiciales contra los que enfrentan las medidas de ajuste, como los que sufren los estatales de Ate Sur, o los docentes de la Escuela Lucio Lucero de San Luis, como ejemplo de los miles de trabajadores procesados.

Derogación de la Ley de educación superior. Democratización de la universidad. No a los negociados con los fondos propios. Aplicación del Cct en todo el país sin reservas. Negociación salarial junto al resto de los trabajadores de la educación. Sueldo para el cargo testigo igual la media canasta familiar para los docentes universitarios.

Por una investigación y producción de conocimiento al servicio de las mayorías nacionales y populares, y no de los monopolios y las multinacionales. Basta de trabajo precario en la investigación. Convenio colectivo sectorial. Equiparación del régimen jubilatorio de los técnicos con el de los investigadores