Con la presencia de más de un centenar de docentes, investigadores, activistas y representantes gremiales se realizó este viernes 8 el Plenario Nacional de la Agrupación Naranja de Docentes Universitarios, Becarios e Investigadores.

El encuentro contó con representantes de las universidades de Bahía Blanca, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Plata, Luján, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán, UTN, Villa María, de los colegios preuniversitarios y de Ciencia y Técnica de todo el país, y tuvo por objetivo discutir y debatir un programa que tiene como base la defensa de los derechos de los docentes, estudiantes y de la universidad pública.

La apertura estuvo a cargo de Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, y en su intervención ubicó las luchas actuales por los derechos de los docentes universitarios en el marco de la crisis económica mundial y de la Argentina para, a partir de ahí, analizar las políticas del gobierno de Alberto Fernández que tienen el único horizonte de pagar la deuda. Este intento de administrar esas crisis repercute también en el ámbito educativo y se expresa en el desconocimiento de la cláusula gatillo, el cierre de paritarias, el ajuste que implica el mantenimiento del mismo presupuesto que el año anterior en un contexto de inflación elevada, el ajuste en los haberes jubilatorios y la amenaza permanente del fin del régimen especial para la docencia universitaria, entre otros ataques. Todo esto en el marco de una pandemia. Celotto reafirmó que es absolutamente imprescindible dejar de pagar la deuda y volcar esos recursos para el mejoramiento de nuestras condiciones de vida.   

Antonio Rosselló, secretario de organización de la Conadu Histórica, fue el encargado de presentar la propuesta de declaración de la agrupación que fue aprobada por unanimidad. Además destacó cómo el intento de virtualización de la educación universitaria -que aparece como la salida tanto para las autoridades nacionales, provinciales y las gestiones universitarias frente a la imposibilidad del cursado presencial por el coronavirus- está destinado al fracaso por la magnitud de la crisis económica, por el desastre en que se encuentra el ajustado sistema universitario, y por la realidad material de los docentes y de los estudiantes. Una situación que se va a agravar si se evalúa en la cursada virtual como corolario de la acreeditación del cuatrimestre, que es lo que se está discutiendo en estos momentos. La conclusión es clara: la deserción será mayor a la actual, con una evaluación que además de ser impracticable será del todo excluyente.

Las intervenciones de Guillermo Casas, de la Universidad Nacional de La Plata, y de Juan Cappa, de Bahía Blanca, estuvieron dirigidas a informar al plenario los modos en que se ha ido avanzando en la virtualización forzosa en esos lugares y la experiencia de los docentes en esos procesos que son similares en todo el país tanto en relación con la presión de las gestiones, la complicidad de las burocracias sindicales y el enorme aumento de la carga laboral para los docentes. Gabriela Suppicich, de Neuquén, se refirió al intento de usar los voluntariados para precarizar aún más las condiciones de los trabajadores de la salud durante la pandemia.

Patricio Grande, secretario adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad de Luján (Adunlu), puso el foco en las condiciones en las cuales se realiza el trabajo virtual y las presiones generales de las gestiones. Su intervención tuvo el condimento extra de informar al plenario tanto de los motivos como del desarrollo del paro virtual que el gremio de Luján llevó adelante el 6 y 7 mayo.

Lucía Maffey, de Jóvenes Científicos Precarizados, informó sobre la situación de Ciencia y Técnica y de las campañas que están llevando adelante. Finalmente Cristian Henkel, del CBC UBA, llamó a construir la agrupación clasista en cada lugar de trabajo y de investigación.

Un Programa en defensa de los derechos de docentes y estudiantes

El debate terminó con la aprobación por unanimidad de la declaración de la agrupación Naranja que incluye un programa de intervención, cuyos principales puntos reproducimos abajo.

El plenario se pronunció por llevar ese programa votado a cada lugar de trabajo, por el llamado a asambleas de toda la docencia y la investigación para organizar a los trabajadores en la defensa de sus derechos, los de los estudiantes y la universidad pública.

Principales puntos del programa aprobado

Que en este cuadro de crisis (sanitaria, humanitaria, económica y social) es necesario que la universidad ponga su conocimiento al servicio de las necesidades de la mayoría popular.

Que no haya obligatoriedad de las evaluaciones mientras dure la cuarentena. Rechazamos que, por el mecanismo que fuere, se imponga la obligatoriedad de las evaluaciones. Regularidad incondicional para todos los estudiantes, sin penalidades para quienes no pudieron acceder y contemplando a quienes sí pudieron hacerlo. Contemplación del vínculo pedagógico virtual para quienes optaron por él, con métodos de evaluación que puedan adaptarse a criterio de los docentes y estudiantes. Cualquier metodología de evaluación que se sustancie debe ser  de común acuerdo entre docentes y estudiantes para establecer los criterios de acreditación. Respeto a los regímenes de promoción existentes para que no se vulneren derechos estudiantiles. Prórroga automática de los vencimientos de cursada, regularizarse excepcionalmente a los estudiantes que cursan como condicional sin necesidad de aprobar los finales adeudados. Mantenimiento de la condición de alumno regular en todas las circunstancias atendiendo a la situación de excepcionalidad y a las limitaciones de gran parte de los estudiantes (por falta de equipamiento, conectividad, condiciones ambientales y familiares).

Reclamamos más que nunca la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo Nacional y que se dé estricto cumplimiento a la extensión de las jornadas de trabajo, tiempos de trabajo y sus modalidades de acuerdo al cargo y dedicación.

Inmediatas licencias con goce de sueldo para todo docente que lo requiera por estar  comprendido en grupos de riesgo por cuestiones de salud física o psicológica, condiciones de hábitat inadecuadas, cuidados familiares, o falta de conectividad y recursos y las licencias consagradas en el CCT, incluidos los becarios. Las licencias deben ser suplidas en sus tareas para no recargar al resto del grupo de trabajo. 

Que los docentes ad honorem estén eximidos de realizar tareas de acompañamiento virtual.

Que se designen todos los docentes ad honorem y contratados de acuerdo a lo establecido en la paritaria 2019.

Que se designen de manera inmediata todos los docentes interinos o suplentes, y se prorroguen los nombramientos interinos que todavía estén pendientes de resolución. Que en las tareas de acompañamiento o vínculo pedagógico virtual optativo se respete plenamente el cargo, la dedicación, los días y horarios de trabajo habitual.

Defensa integral del salario. Ninguna rebaja. Continuidad salarial de todos los docentes que perdieron cargos u horas. Pago en tiempo y forma. No a los atrasos ni a la cuotificación de los pagos. Reapertura de las paritarias, cobertura de la inflación pasada y de la actual, cláusula gatillo y salario del cargo testigo, ayudante de primera con dedicación semiexclusiva de $45.000. Derogación del impuesto al salario que se aplicó a los trabajadores en plena crisis.

Ante la confiscación por parte de los sucesivos gobiernos de la Ansses,  y la fijación por decreto de los incrementos jubilatorios que afecta directamente a los compañeros investigadores, exigimos la derogación de la ley de solidaridad que deja al arbitrio del Poder Ejecutivo la fijación de las jubilaciones. Por la plena vigencia del 82% y 85% móvil para toda la docencia universitaria, preuniversitaria y los investigadores. Ninguna comisión debe revisar nuestros derechos por los que pagamos todos los meses con el 2% extra de nuestros salarios. 82% móvil para todos los trabajadores pasivos.

Nos pronunciamos por el no al pago de la deuda pública usuraria e ilegítima que debe ser investigada. Por la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores. Los fondos públicos deben financiar el sistema de salud, incluidas partidas especiales para nuestras quebradas obras sociales, a los comedores populares, a incrementar subsidios y becas para quienes nada tienen, a la educación y la universidad pública.