La semana pasada el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron públicamente los resultados de una (pseudo) encuesta realizada hacia finales del 2020 a docentes, estudiantes, no docentes y rectores “acerca de las respuestas institucionales ante la pandemia”. También anunciaron una “inversión de 1.500 millones de pesos por parte del Estado nacional para fortalecer las modalidades de enseñanza a distancia” (Página 12, 8/6). En esa línea el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el secretario de Políticas Universitarias (SPU), Jaime Perczyk, y el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi anunciaron que la llamada pos-pandemia se transitará en las universidades nacionales con un “sistema dual” de presencialidad y virtualidad.

Contrastes de encuestas: el negacionismo tecnológico vs la realidad

Según la encuesta realizada por la SPU, cuyo universo específico y metodología se desconocen, cerca el 70 por ciento de los docentes universitarios afirman estar satisfechos con las acciones realizadas por el sistema de educación superior para dar respuesta a las condiciones impuestas por la pandemia. Mientras que estudiantes y trabajadores no docentes manifestaron similar o mayor conformidad.

Sin embargo, estos resultados contrastan fuertemente con las encuestas realizadas en 2020 por diversos sindicatos de base afiliados a las federaciones Conadu Histórica y Conadu. A diferencia de las oficiales, estas encuestas muestran cómo la mayoría de los docentes, entre los miles de encuestados en distintas universidades del país, consideran que: su asignatura no puede desarrollarse de manera virtual; que no cuentan con la formación necesaria para desarrollar el contenido virtualmente; que en el contexto de pandemia se encuentran a cargo de hijos/as en edad escolar y/o de adultos mayores; pero que, sin embargo, están llevando a cabo tareas que producen una enorme alienación; y que un alto porcentaje de “sus” estudiantes tiene diversos problemas para continuar con el desarrollo de las tareas académicas.

Por otra parte los resultados de la encuesta de la SPU ocultan la opinión de un significativo porcentaje de estudiantes que directamente se quedaron fuera de las aulas virtuales por falta de equipamiento y conectividad y que lógicamente no pueden responderla.

PlanVES II 2021

Según la información oficial el Plan de Virtualización de la Educación Superior II (PlanVES II 2021) es una iniciativa de la SPU que da continuidad al programa homónimo impulsado en 2020 en las universidades “para dotar a las instituciones de recursos que permitan fortalecer los espacios de formación presencial y remota y el desarrollo y puesta en marcha de Aulas Híbridas” (Página 12, 8/6).

Sin embargo, las autoridades ministeriales y del CIN se encargan de esconder que este tipo de programas buscan profundizar la introducción de formas de contratación docentes flexibles a través de contrataciones por objetivos y a término –completamente por fuera del convenio colectivo de trabajo- impulsadas ahora en el marco de la pandemia y de la virtualización forzosa.

La realidad es que a quince meses del inicio de la virtualización compulsiva (unilateral), el gobierno nacional y las autoridades universitarias no han invertido un solo peso en equipamiento y conectividad gratuita para docentes, estudiantes y no docentes. Tampoco en un verdadero fortalecimiento de la planta docente. Por el contrario, el ajuste global sobre el presupuesto universitario se profundiza en este 2021.

Es claro que el negocio de la educación virtual avanza a paso firme, tal como lo demuestra la reciente reunión del CIN (15/6) con el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec).

En los hechos el PlanVES II 2021 significa una mayor precarización para la docencia bajo una modalidad de “trabajo dual” y, al mismo tiempo, un ataque contra la calidad en la formación de grado en todo el sistema universitario nacional. En definitiva se trata de un nuevo capítulo de la afirmación que recurrentemente sostienen las y los rectores: “la virtualidad de las carreras llegó para quedarse”.

Asimismo, las actuales circunstancias epidemiológicas, de salud pública y de infraestructura en todo el país imposibilitan el desplazamiento diario de 1.700.000 estudiantes, 190.000 docentes y 55.000 no docentes universitarios. Algo que las autoridades y los distintos estamentos gubernamentales omiten en sus discursos y acciones, buscando instalar un falso y apresurado escenario de “pos-pandemia”.

Como lo venimos planteando, la salida de la crisis educativa en su conjunto -ahora agravada por la pandemia- pasa por volcar aquellos recursos del Estado que hoy se destinan al pago de una deuda usuraria e ilegítima y al subsidio del capital. Pasa por el incremento de los salarios, la aplicación del convenio colectivo, la formación en servicio de docentes y por el mejoramiento de todas las condiciones de la población trabajadora que hoy accede al sistema educativo de manera absolutamente desventajosa.

En esa dirección la organización colectiva de docentes, estudiantes y no docentes para impedir un nuevo avance contra la educación pública resulta una tarea inmediata y primordial.

(1) GRANDE, P. PRIMERAS LUCHAS DOCENTES FRENTE A LA VIRTUALIZACIÓN FORZOSA: RTPS – Revista Trabalho, Política e Sociedade, v. 5, n. 9, p. 611-636, 11 dez. 2020.