Con un alto riesgo para la salud de docentes, estudiantes y no docentes, hace unos días se conoció que la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur) será la primera universidad pública del conurbano bonaerense en volver a las clases presenciales (Clarín, 13/11). Se trata de la universidad cuyo rector (en uso de licencia) es el actual titular de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Jaime Perczyk.

Según trascendió en distintos portales de noticias, desde el rectorado de la Unahur “están a la espera de la aprobación del protocolo por parte de las autoridades sanitarias y educativas de Nación y Provincia”. Sin embargo, no se prevé que estos protocolos patronales pasen por ninguna instancia de discusión paritaria local o nacional.

Este anuncio de la Unahur se da luego de que el 5 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial la habilitación para el regreso de las clases y actividades académicas presenciales en universidades de todo el país, quedando bajo responsabilidad de las instituciones educativas la decisión del retorno a las aulas, oficinas y laboratorios (“Decisión Administrativa 1995/2020”). Se trata de una decisión absolutamente unilateral, adoptada por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que no pasó por el tratamiento de ninguna reunión paritaria. Incluso esta decisión del gobierno se conoció horas después de finalizada la última reunión paritaria nacional de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), donde el tema ni siquiera se encontraba comprendido en el “orden del día”.

Asimismo cabe señalar que el artículo 14 sobre el “retorno a la presencialidad” del acuerdo paritario nacional del 19 de junio sobre “condiciones de trabajo durante la emergencia sanitaria”, firmado por todas las federación gremiales con excepción de la Conadu Histórica, ni siquiera hace mención a la regulación de este tema en paritarias nacionales y ni particulares.

Tal como señalamos en el mes de junio, fueron las burocracias de la Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera y Uda quienes entregaron nuestras condiciones de trabajo, concediendo esa facultad elemental sobre regulación del trabajo al gobierno nacional y los rectores. Un hecho violatorio del convenio colectivo de trabajo docente. Son las mismas burocracias que en octubre entregaron nuestros salarios con la firma de la paritaria del 7 por ciento.

Bajo las actuales condiciones es imposible volver a las aulas y otros lugares de trabajo. Para poder hacerlo debemos contar con las más absolutas condiciones de higiene y seguridad para estudiantes y trabajadores de la universidad. Es necesario que se conformen comisiones con representantes de todos los sectores y representantes de todos los gremios de los/as trabajadores que puedan definir protocolos de seguridad y hacer un seguimiento de los mismos desde el comienzo de su aplicación. También la CyMAT nacional, sobre la base de los mandatos de las asambleas docentes, debe tratar y resolver urgentemente este tema vital.

Somos defensores de la presencialidad educativa como hecho pedagógico, social, político y cultural. No lo hacemos como garantía para la circulación de la fuerza de trabajo. Por el contrario, el retorno a las aulas debe realizarse preservando la vida y no como (falsamente) “recomiendan” la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos. Se necesita de un incremento sustancial de la inversión en educación, infraestructura, equipamiento, transporte, recomposición salarial para docentes y no docentes, nuevas designaciones de personal, becas, albergues y comedores para estudiantes.

Por todas estas razones nos pronunciamos por un congreso de delegados/as, activistas y sindicatos que hayan rechazado el acuerdo paritario del 7 por ciento y la vuelta forzosa a la presencialidad como una necesidad de defender la vida, el salario y la universidad pública.