Con la aprobación de la ley IVE en diciembre del 2020, el movimiento de mujeres y diversidades sexuales obtuvo una conquista histórica, reclamada durante décadas y ganada gracias a la tenaz movilización de la marea verde. Una parte del movimiento fue cooptado con la promesa de que del aborto legal y con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La dirección mayoritaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es peronista, subordinó su actividad al nuevo gobierno nacional, y recién en el mes de septiembre convocó a una caravana, que superó la cantidad de gente que esperaban. En este contexto de integración al Ejecutivo y confianza en la agenda parlamentaria en el gobierno, sostener la movilización callejera fue una lucha política contra estos sectores pero que encontraba apoyo y corroboración en el nivel de activación política del movimiento de mujeres.

Casi un año pasó desde el inicio del gobierno de los Fernández hasta la presentación del prometido proyecto, un año durante el cual cientos de mujeres y niñas sufrieron las consecuencias de la clandestinidad y/o fueron obligadas a parir en medio de la cuarentena. Fuimos críticas del proyecto del Ejecutivo (con límites como lo es la objeción de conciencia y la posible penalización luego de la semana 14), pero se trata de una conquista histórica luego de 35 años de lucha. A casi 3 meses de su legalización, las denuncias sobre el bloqueo de su aplicación se multiplican: clínicas y hospitales cuyxs médicxs se declaran objetorxs de conciencia en su totalidad, intentos de los sectores clericales de frenar en la justicia su aplicación, etc., por lo que la lucha por su plena implementación está absolutamente vigente. Al mismo tiempo, el sistema de salud argentino se encuentra en crisis crónica desde hace décadas, agudizando las desigualdades de clase en la atención de la salud integral de mujeres y diversidades sexuales.

Otra de las grandes cuestiones abordadas por el movimiento de mujeres y diversidades sexuales es la violencia de género. Las cifras de femicidios son pavorosas, se registra un femicidio cada 20/22 horas, dependiendo el observatorio que se utilice, y uno de cada 5 es cometido por algún miembro de las fuerzas represivas. Las cifras de travesticidios, menos pavorosas en cantidad, revelan en términos relativos la brutal opresión a las que están sometidxs lxs mujeres y varones trans en Argentina.

El reciente femicidio de Úrsula puso al desnudo la red de complicidades y evidencia que cuando decimos “el estado es responsable” no nos equivocamos, una consigna que el PDT impuso tras largos debates, mucho antes incluso de la conformación del colectivo Ni Una Menos y en debate también con el resto de la izquierda que consideraba abstracta la consigna. En la mayoría de los femicidios la responsabilidad estatal es muy clara, toda vez que son precedidos, por varias denuncias ante la justicia que se desoyen, botones antipánico negados o que no funcionan, la insuficiencia (virtual inexistencia) de planes que permitan a las mujeres violentadas independizarse económicamente de los violentos, escasez de casas refugio, inexistencia de algo tan elemental como una evaluación de la peligrosidad de los denunciados o control del respeto a las perimetrales. Una vez cometido el femicidio presenciamos el accionar de muchos jueces y juezas que obstaculizan los procesos y fallan con descaro contra las víctimas.

Ante este cuadro catastrófico, extremo de situaciones de violencia múltiples sufridas por mujeres y diversidades sexuales, el flamante Ministerio de las mujeres, géneros y diversidades se muestra desfinanciado e inocuo, al mismo tiempo que se ha organizado como una máquina de cooptación política e institucionalización del movimiento. Su campaña del “barbijo rojo”, que transfería a las mujeres y empleadxs de farmacia la responsabilidad en el acceso a la protección, ha sido una gran muestra de esto. Lo mismo sucede con el plan “Acompañar”: otorga 20.000 pesos (es decir, un salario mínimo vital y móvil) sólo por 6 meses y por única vez, absolutamente insuficiente para permitir a una mujer (ni hablar con hijxs), muchas veces con hijxs, sostenerse en forma independiente. Algo similar puede decirse del presupuesto con perspectiva de género. Se trata de una iniciativa típica de la economía feminista liberal, que en este caso pierde toda potencialidad crítica al lavarle la cara a un presupuesto de fuerte ajuste contra el pueblo trabajador.

La reciente creación del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios seguramente no pase de una medida cosmética, teniendo en cuenta que para el Estado capitalista la violencia contra las mujeres y diversidades sexuales es un mecanismo de disciplinamiento social, por lo que desde distintas instituciones como la justicia, la iglesia y las fuerzas represivas se la alienta explícitamente.[1]

Las organizaciones de mujeres y de diversidades sexuales alineadas con el gobierno, se dedican a repartirse puestos en el Ministerio nacional y réplicas subnacionales, y hacer políticas sin un peso, sin cuestionar ya no el capitalismo sino este régimen neoliberal heredero de la última dictadura militar. Por ejemplo, con el femicidio de Úrsula, se han dedicado a dirigir la responsabilidad hacia la justicia con la consigna de “reforma feminista de la justicia” sin ningún contenido concreto. Hemos preguntado a las mismas organizaciones que la impulsan en qué consistiría y el PCR nos respondió que “lo tenemos que generar entre todas”. Una confesión de la falta de seriedad y el carácter distraccionista de la propuesta. Algunos sectores avanzaron con la idea de crear fueros especiales sobre violencia de género, pero aún no hay nada en concreto.

Nuestra propuesta y tareas inmediatas

Contamos con el programa que levantan el Plenario de Trabajadoras y la agrupación LGBTI 1969, el cual tenemos que hacer un esfuerzo por adaptar a nuestro ámbito universitario, nos interesan destacar dos puntos:

Respecto a la reforma de la justicia, consideramos que es elemental incluir la elección y revocabilidad de jueces y fiscales.

Y como propuesta más de fondo impulsamos la creación de un Consejo autónomo de mujeres y diversidades sexuales que sea electo por dichos colectivos desde los 13 años y que tenga presupuesto estatal y autonomía política.

En este contexto de incremento de la violencia, sumado a la carestía y al empeoramiento de nuestras condiciones laborales y de vida, situación que (cuándo no?) ha contado con la venia de la burocracia sindical, la situación de las mujeres se torna más crítica, teniendo en cuenta que las tareas de cuidado recaen fundamentalmente en nosotras.

En el caso de la docencia, estamos siendo obligadxs, en primaria y media, a una presencialidad sin ningún tipo de condición sanitaria en las instituciones, con protocolos inexistentes e imposibles de cumplir, sin presupuesto, sin ninguna política especial de transporte. Esto se agrava en la medida en que las dispensas por cuidado (niñes y adultes mayores) están siendo negadas o recortadas en casi todas las jurisdicciones. En las universidades esta situación se agudiza en los colegios preuniversitarios donde la presión por “normalizar” la escolaridad es mayor. Todo ello sin designar la cantidad de docentes que permita atender virtualidad y presencialidad, allí donde se establecen sistemas mixtos. La virtualización forzosa ha supuesto una sobrecarga de tareas y claro, sin reconocer los costos adicionales que nos genera sostener las clases remotas y con una paritaria que nos ha dejado 20% debajo de la inflación.

Proponemos trabajar algunos ejes a nivel nacional para potenciar nuestra intervención como agrupación en todo el país:

Convocar y participar masivamente en las movilizaciones del 8 de marzo impulsando los ejes más sentidos de las mujeres en cada jurisdicción. Probablemente el respeto a las dispensas y las consignas contra la violencia sean las fundamentales.

Impulsar campaña por el respeto a las dispensas. En el próximo período esta será una lucha fundamental, que tiene una especial importancia para las compañeras. En la UBA estamos impulsando un empadronamiento de compañerxs que las soliciten para organizarnos y exigir que sean respetadas. Hemos elaborado incluso distintos modelos de notas para facilitar su presentación[2].

Campaña inserción trans (trabajadorxs y estudiantxs) Desarrollar una campaña por la inserción laboral para docentes- no docentes ya que, en varias universidades existen resoluciones al respecto pero o no se cumplen, o sucede lo que en la UBA, algunxs trabajan ad honorem (cátedra de estudios libres trans en FFyL). Y en el caso de estudiantes, becas y acceso a obra social para garantizar el ingreso, la permanencia, y el egreso en las carreras.

Para socializar

En la UBA, a través de nuestra vinculación con la Cátedra Libre de Estudios Trans* de la Facultad de Filosofía y Letras, hemos impulsado un curso "El género cambia. ¿Las instituciones también? Desafíos de la docencia Universitaria" que dictarán les compañeres. La inscripción de 70 compañerxs superó nuestras expectativas y tuvimos que desdoblar el curso. Junto a estxs docentes estamos reclamando a su facultad que se cumpla la ley de cupo laboral travesti trans incorporándolos a la planta asalariada, dado que están ad honorem. Lo comentamos como experiencia y para que en otras universidades, si se presenta la posibilidad de impulsar acciones y reclamos similares, cuenten con nuestra colaboración.

Finalmente señalamos que AGD UBA, el sindicato que dirige nuestra agrupación, es el primero de la Conadu Histórica en aprobar un protocolo “para identificar, prevenir, erradicar y abordar situaciones de violencia de género”, proceso que iniciamos a fines del año 2019 con la convocatoria desde la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual que dirigimos, a un Taller de Violencia en las Instituciones Universitarias y Preuniversitarias abierto para afiliades, donde se analizaron colectivamente los protocolos existentes tanto en los sindicatos como en las universidades, y se intercambió acerca de las necesidades específicas de la docencia de la UBA. Luego de su redacción, surgida de dicho taller, el protocolo fue aprobado por la Mesa Ejecutiva y próximamente será refrendado en asamblea y publicado.

[1] Ver nota https://prensaobrera.com/mujer/consejo-federal-para-el-abordaje-de-femicidios-una-nueva-estafa-gubernamental/

[2] Para ver las notas: http://agduba.org.ar/dispensas-empadronate-con-agd-para-que-se-cumplan-modelos-de-notas/