El “protocolo” contra las manifestaciones populares anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, representa un ataque directo contra el derecho elemental de la población a protestar contra los distintos poderes y sus abusos, el del Estado incluido. La “regulación” de la protesta social es en realidad un eufemismo para disimular una profundización del carácter represivo del Estado que tiene por objetivo garantizar la política de ajuste a las condiciones de vida del pueblo que se vienen aplicando. Es a su vez la sistematización de la propuesta electoral anunciada por Daniel Scioli de “tolerancia cero a los piquetes”.

La “regulación” del Estado sobre las protestas es un contrasentido ya que las protestas en general son contra la acción del Estado o por su complicidad ante algún derecho vulnerado. Pero además de profundizar su carácter represivo, la “regulación” de la protesta que pretende imponer el macrismo es una garantía para la impunidad, tanto de la acción de las fuerzas represivas del Estado ante la protesta, como de los actos que vulneraron algún derecho y motivaron la movilización.

Es por esta razón que el Estado pretende, a través del mismo “protocolo”, limitar, o sea censurar, la actividad de los trabajadores de prensa para que no haya registros del accionar de las fuerzas represivas. El “protocolo” afirma que “la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”. Fue precisamente la ausencia de “una zona de ubicación determinada” para los trabajadores de prensa, y fundamentalmente su valentía y profesionalidad, lo que permitió que se fotografiara a los asesinos de Kosteki y Santillán, agentes de la Policía Bonaerense, y se registrara la liberación de la zona por parte de la Policía Federal para que la patota de Pedraza asesinara a Mariano Ferreyra, entre numerosos ejemplos sucedidos durante los últimos años.

El ataque del macrismo a los trabajadores de prensa no es nuevo. Durante la represión en el Hospital Borda, la Policía Metropolitana se ensañó con los periodistas que registraban la feroz agresión policial a trabajadores y pacientes del nosocomio. Tampoco sorprende que los primeros en aplicar los fundamentos del “protocolo” hayan sido la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, ambos del FPV.

Llamamos a docentes, investigadores y profesionales de la Comunicación a pronunciarse contra este doble ataque a la libertad de expresión, el derecho a movilizarse y a registrar lo que suceda; y los convocamos a sumarse al paro del próximo 24/2 y, en este marco, movilizarse a Plaza de Mayo a las 11 hs. contra los despidos, el ajuste y la profundización de la política represiva.