La crisis sanitaria, humanitaria, social y económica que atraviesan el mundo y el país es previa a la pandemia que vino a desnudar la magnitud de la crisis capitalista en curso.

Los millones de contagiados y lo centenares de miles de fallecidos dan cuenta de la demolición, desde hace más de tres décadas, de los sistemas públicos de salud, su mercantilización y privatización. Su mayor demostración se da en EE.UU. donde los muertos superan a los que perdieron la vida en la intervención imperialista en Vietnam. Antes y ahora dieron sus vidas para que la maquinaria de explotación siga funcionando. Son las mismas fuerzas que en nuestro país exigen el fin de la cuarentena, evitaron que se centralice el sistema de salud bajo la dirección del Estado y vaciaron las obras sociales. El gobierno nacional, los provinciales y municipales capitulan frente a esas presiones, porque representan esos mismos intereses.

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Quieren descargar la crisis sobre los trabajadores

La OIT declama que más de 1600 millones de trabajadores informales no tienen ingresos por los confinamientos establecidos. 40% de los trabajadores del mundo son precarios y hoy no tienen ingresos. En nuestro país se presentaron al IFE más de 12 millones de trabajadores informales que son casi el 50% de todos los trabajadores. 11 millones de personas se alimentan en comedores populares que no son abastecidos ni en tiempo y ni en calidad nutricional por los distintos gobiernos. Se impone un ingreso universal de $30.000 para todos los que no tienen ningún ingreso.

La situación no es diferente entre los trabajadores “formales”. Una vez más se demuestra en la metrópoli imperialista donde en solo seis semanas se registraron 30 millones de desocupados. Pero no sólo en EE.UU., en Francia y en España se esperan las más profundas recesiones y tasas de desempleo desde la segunda guerra y la guerra civil respectivamente. En nuestro país según datos del Ministerio de Trabajo hubo más de 45.000 despidos y 300.000 trabajadores con salarios reducidos. Esto antes del pacto CGT-UIA refrendado por el gobierno que autoriza “legalmente” reducciones salariales a varios millones de trabajadores como se demuestra con las actas firmadas por Comercio, UOM y SMATA. El pago en cuotas, los despidos y las reducciones salariales se dan también en el sector público con Arcioni en Chubut, Picat en Jesús María, Morales en Jujuy, el intento de Larreta en CABA o los despidos de Kicillof en la Dirección General de Cultura y Educación. El fantasma de las cuasimonedas recorre todo el país. Por el lado de la CTA Yasky convalidó el recorte y lamentó que no se lo presentara a la inversa: como un acuerdo que garantiza, al menos, cobrar el 75% del salario. Rechazamos de plano estos “acuerdos” y exigimos el pago integral de salarios y la prohibición de despidos y suspensiones

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La reducción de los salarios, el incumplimiento de las paritarias –como en nuestro caso la cláusula gatillo–, el derrumbe del consumo, de hasta 13% en alimentos, no detiene la inflación que fue del 3,3% y que, en un solo mes, se consumió el “incremento” de junio del 3%, pactado por el Gobierno, el CIN y las burocracias sindicales de Conadu, Fedun, Ctera, Fagdut y UDA.

La violencia de género y hacia los niños se ha mantenido durante la cuarentena mostrando que son estructurales a un sistema de doble explotación propiciado por el sistema y del que el Estado es responsable.

Mientras tanto, continúa la fuga de capitales, los bancos se niegan a dar créditos, los pools de siembra y los exportadores tienen 9.000 millones de dólares en los silobolsas y los bonistas, el FMI y el gobierno negocian como seguir pagando la deuda eterna que es usuraria e ilegítima. Se impone ya como condición de supervivencia el no pago de la deuda pública, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, poniendo todos los recursos del país al servicio de la salud, la lucha contra el hambre y la educación.

La educación virtual forzosa un negocio mundial

En este cuadro dantesco, la UNESCO, la OIT, las multinacionales de la comunicación como Telefónica, los gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Zoom promueven la virtualización forzosa de la educación para los 1.600 millones de niños y jóvenes que no están asistiendo a las escuelas y universidades en todo el mundo. Esto es una oportunidad de negocio para las prestadoras de servicios de equipamiento, conectividad y software que los capitalistas no están dispuestos a perder. Pero va más allá. Quieren dar un salto cualitativo en la destrucción de la educación pública presencial como tal. Pretenden “devaluar” la educación para desvalorizar así la mano de obra que surja de tal educación en todos sus niveles. Pretenden devaluar y flexibilizar los salarios y condiciones de trabajo de centenares de millones de trabajadores de la educación. El “ahorro” en edificios y gastos corrientes es evidente. Todo irá al pago de acreedores y proveedores del Estado en desmedro de la educación. Con este ataque a la presencialidad, intentan destruir el espacio colectivo de estudiantes y docentes, de construcción histórica del pensamiento crítico, la crítica de conocimiento y la investigación, que tantas rebeliones educativas ha generado. El embate, que tiene en primera línea a los gobiernos de 90 países y a la burocracia sindical, demostró que más de 860 millones de los niños y jóvenes virtualizados no tenían equipamiento, conectividad y hábitat para participar de la educación a distancia, al igual que más de 60 millones de docentes.

Todo esto se replicó como un calco en la Argentina. Desde Trotta, que ahora insinúa que no se podrá volver “normalmente” a las aulas hasta que haya vacuna contra el Covid, a todos los gobiernos provinciales que impulsan con aprietes a los docentes. El fracaso está anunciado. Las burocracias sindicales de Ctera y Conadu forman parte de este experimento (integran la Coalición por la Educación). En el caso de Conadu se llega al extremo de darnos instrucciones de como sentarnos para dar y recibir clases virtuales. Su integración a estos procesos es completa. De cualquier manera, las condiciones materiales se imponen a las “ideales”: según el Enacom el 40% de los hogares no tienen conexión a internet. Las prestadoras en plena pandemia aumentaron los precios hasta un 30% en los abonos!. La liberación de datos no solo es limitada sino casi una farsa. Los niveles obligatorios no disponen de campus gratuitos y los de las 57 universidades nacionales están colapsados por lo que se usan otras plataformas que no son gratuitas.

La lógica mercantilista está a la vista. Ni los Estados ni las autoridades universitarias proveen los elementos y el equipamiento indispensables para el desarrollo de esta metodología. No hay capacitación en servicio para los docentes. Tampoco para los estudiantes para utilizarla. No se provee conectividad, software, máquinas, y en muchos casos los espacios físicos no son adecuados para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, descargando todo el proceso educativo y sus costos sobre las espaldas de los trabajadores docentes y de los estudiantes, que en más de un 50% son trabajadores y que hoy apenas en un 5% acceden a algún tipo de beca, profundizando la desigualdad social y académica.

Si algo más están empezando a dejar estos meses de pandemia, como balance provisorio, es que no asistimos a una catástrofe del orden de la naturaleza, sino del orden social: es el capitalismo.

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Los trabajadores proponemos una salida

Somos los trabajadores, otra vez, los que tenemos que salir al rescate de años de vaciamiento educativo, ahora agudizado por el CoVid-19, a quienes se nos pide volver a “poner el hombro”, esto es, a empeorar nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo y de enseñanza. Y Lxs estudiantes, quienes no pueden acceder a los recursos académicos y tecnológicos incluso en tiempos “normales”.

Las clases no pueden desarrollarse como si estuviéramos en una situación normal, como si nada sucediese, como ya lo han reconocido incluso diferentes gestiones. No depende de nuestro esfuerzo que se gane o pierda un cuatrimestre, como tampoco garantizar el nivel, en sentido amplio, que requiere el sostenimiento y la conversión de un sistema presencial a uno no presencial. Tarea imposible. Esto no quita que se pueda tomar un vínculo pedagógico con los estudiantes. Pero nada por fuera del horario laboral, ni con comisiones virtuales con cientos de alumnos y siempre y cuando el docente esté en condiciones materiales, sociales/familiares y psicológicas para desarrollarlas. Lo mismo del lado de lxs estudiantes: no corresponde que se les exija algún tipo de evaluación definitiva, eliminatoria, o penalidades que limiten la regularidad.

La virtualización forzosa es un mito y un fracaso aún en los límites de la educación a distancia que no puede reemplazar en términos pedagógicos y sociales la presencialidad, porque no se proveen PCs, acceso a internet para todos los que lo requieran en base a un empadronamiento de docentes organizado por sus sindicatos y de estudiantes –realizados por sus centros. También porque no existe la capacitación y alfabetización reales y con tiempo en estas metodologías para docentes y estudiantes, con el correspondiente soporte técnico para quienes lo soliciten.

No somos luditas. Tampoco consumimos la fantasía de las nuevas tecnologías como relevo de la relación social y presencial educativa. Todo cambio en las condiciones de trabajo solo puede hacerse en el marco de la comisión paritaria y el Convenio Colectivo de Trabajo Nacional con derecho a veto de la representación de los trabajadores. Defendemos nuestras condiciones de trabajo, enseñanza y aprendizaje, e investigación como parte inescindible de la defensa de la educación pública

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Por todo ello es que resolvemos presentar a toda la docencia universitaria y preuniversitaria el siguiente programa en defensa de nuestros derechos:

1. Que en este cuadro de crisis (sanitaria, humanitaria, económica y social) es necesario que la Universidad ponga su conocimiento al servicio de las necesidades de la mayoría popular.

2. Que defendemos la construcción histórica y pedagógica de la presencialidad como condición para la formación del pensamiento crítico, la crítica del conocimiento, la creación y la investigación colectiva al servicio del pueblo trabajador y no de las necesidades del mercado y de los organismos multilaterales, las multinacionales, los gobiernos, los tecnócratas educativos y con la activa complicidad de las burocracias sindicales. Exigimos la derogación de la LES, la CONEAU y todas las resoluciones vigentes que facilitan y avalan la virtualización forzosa.

3. Que todo acompañamiento o vínculo pedagógico, mientras dure la cuarentena, sea optativo para docentes y estudiantes. Rechazamos el planteo de “reforzar” o “profundizar” el acompañamiento virtual porque es otro modo de introducir la virtualización forzada.

4. Que no haya obligatoriedad de las evaluaciones mientras dure la cuarentena. Rechazamos que, por el mecanismo que fuere, se impongan la obligatoriedad de las evaluaciones. Regularidad incondicional para todos los estudiantes, sin penalidades para quienes no pudieron acceder y contemplando a quienes sí pudieron hacerlo. Contemplación del vínculo pedagógico virtual para quienes optaron por él, con métodos de evaluación que puedan adaptarse a criterio de los docentes y estudiantes. Cualquier metodología de evaluación que se sustancie debe ser de común acuerdo entre docentes y estudiantes para establecer los criterios de acreditación. Respeto a los regímenes de promoción existentes para que no se vulneren derechos estudiantiles. Prórroga automática de los vencimientos de cursada, regularizarse excepcionalmente a los estudiantes que cursan como condicional sin necesidad de aprobar los finales adeudados. Mantenimiento de la condición de alumno regular en todas las circunstancias atendiendo a la situación de excepcionalidad y a las limitaciones de gran parte de los estudiantes (por falta de equipamiento, conectividad, condiciones ambientales y familiares).

5. Que las instancias de evaluación presencial, que se llevarán a cabo cuando estén dadas las condiciones sanitarias y mientras dure la regularidad, se resuelvan a partir de la más amplia consulta y sobre la base de respetar los derechos de los estudiantes, los no docentes y los docentes.

6. Que toda reprogramación del año académico sea discutida, evaluada y aprobada por un comité de crisis donde participen las gremiales estudiantiles, docentes y no docentes; evaluando el desarrollo de los acontecimientos. Que ninguna modificación del calendario académico afecte derechos de docentes, estudiantes y no docentes. Especialmente no puede afectar los dos cuatrimestres habituales.

7. Exigimos que en este período se prepare el retorno a las aulas, talleres y laboratorios con un relevamiento de la infraestructura, y que se doten de todos los elementos de protección, de higiene y seguridad necesarios. Que se dote a todas y cada una de las Universidades de los mismos ya que, en caso contrario se transformarán en un foco de la pandemia.

8. Reclamamos más que nunca la plena vigencia del CCT Nacional y que se dé estricto cumplimiento a la extensión de las jornadas de trabajo, tiempos de trabajo y sus modalidades de acuerdo al cargo y dedicación.

9. Inmediatas licencias con goce de sueldo para todo docente que lo requiera por estar comprendido en grupos de riesgo cuestiones de salud física o psicológica, condiciones de hábitat inadecuadas, cuidados familiares, o falta de conectividad y recursos y las licencias consagradas en el CCT incluidos los becarios. Las licencias deben ser suplidas en sus tareas para no recargar al resto del grupo de trabajo.

10. Que los docentes ad honorem estén eximidos de realizar tareas de acompañamiento virtual.

11. Que se designen todos los docentes ad honorem y contratados de acuerdo a los establecido en la paritaria 2019.

12. Que se designen de manera inmediata todos los docentes interinos o suplentes, y se prorroguen los nombramientos interinos que todavía estén pendientes de resolución. Que en las tareas de acompañamiento o vínculo pedagógico virtual optativo se respete plenamente el cargo, la dedicación, los días y horarios de trabajo habitual.

13. Que el Ministerio, el CIN y cada Universidad dispongan, faciliten o entreguen el equipamiento, conectividad gratuita. Reintegro de los mayores gastos provocados por la virtualización forzosa (internet, equipamiento, luz, etc) que no puede ser menor a $5.000 para este cuatrimestre.

14. Defensa integral del salario. Ninguna rebaja. Continuidad salarial de todos los docentes que perdieron cargos u horas. Pago en tiempo y forma. No a los atrasos ni a la cuotificación de los pagos. Reapertura de las paritarias, cobertura de la inflación pasada y de la actual, cláusula gatillo y salario del cargo testigo, ayudante de primera con dedicación semiexclusiva de $ 45.000. Derogación del impuesto al salario que se aplicó a los trabajadores en plena crisis.

15. Ante la confiscación por parte de los sucesivos gobiernos de la Ansses, la fijación por decreto de los incrementos jubilatorios que afecta directamente a los compañeros investigadores exigimos la derogación de la ley de solidaridad que deja al arbitrio del poder ejecutivo la fijación de las jubilaciones. Por la plena vigencia del 82% y 85% móvil para toda la docencia universitaria, preuniversitaria y los investigadores. Ninguna comisión debe revisar nuestros derechos por los que pagamos todos los meses con el 2% extra de nuestros salarios. 82% móvil para todos los trabajadores pasivos.

16. Ante la crisis de las Obras Sociales Universitarias no somos los docentes los que debemos pagarla, menos aún cuando se nos niega la cláusula gatillo por lo tanto disminuyen los aportes a nuestra obra social y se imponen mayores aportes a los trabajadores (que no alcanzan a los aportes patronales), incrementos de los coseguros y recortes de las prestaciones. Es el Estado el que debe hacerse cargo. Por eso proponen una comisión de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) el CIN y los gremios para obtener el derecho a la salud, y aún más en momentos de pandemia.

En la situación de emergencia sanitaria, reclamamos además que se garanticen los servicios de la obra social para las y los docentes ad honorem. Sostenemos la necesidad de apertura de los libros y transparencia de toda la información de la obra social. Defendemos el principio de solidaridad de la obra social, por una obra social dirigida por sus afiliados, por un incremento del financiamiento por parte de las Universidades y del Gobierno nacional.

17. Ante el cierre de los comedores universitarios exigimos la provisión de alimentos a todos los alumnos. Universalización a toda la matrícula y provisión acorde a las necesidades de nutrición de las familias de nuestros alumnos. Condiciones de salubridad para quienes sostienen la tarea de entregas de viandas y bolsones de alimentos. Mayor cantidad de becas Progresar e incremento de las mismas a $10,000 como reclama el movimiento estudiantil, a fin de evitar las deserciones masivas.

18. Los femicidios y transvesticidios no se toman cuarentena: presupuesto para víctimas de violencia. Construcción de lugares que sirvan de casas refugio. Ampliación del personal capacitado y pase a planta de trabajadorxs de casas refugios. Que el estado garantice el cumplimiento de las perimetrales. Cumplimiento de la ley de identidad de género: cumplimiento de los tratamientos hormonales. Basta de persecución y violencia la comunidad LGTBIQ+ (algo que no cesó pese a la derogación del protocolo Bullrich). Por una ESI laica, científica y que contemple las diversidades sexuales y de género. Separación de Iglesia- Estado. Por un Consejo autónomo de la mujer electo por nosotrxs.

19. Nos solidarizamos con todas las luchas del movimiento obrero, ocupado y desocupado, y monotributistas, por sus legítimas reivindicaciones, contra las suspensiones y despidos, contra la rebaja salarial pactada entre empresarios, gobierno y burocracias sindicales. Repudiamos las represiones y detenciones que arreciaron contra delegados y trabajadores que reclaman por sus derechos conculcados. Ni despidos y ni suspensiones. Reparto de las horas de trabajo. Salario igual a la canasta familiar.

20. Nos pronunciamos por el no al pago de la deuda pública usuraria e ilegítima que debe ser investigada. Por la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores. Los fondos públicos deben financiar el sistema de salud, Incluidas partidas especiales para nuestras quebradas obras sociales, a los comedores populares a incrementar subsidios y becas para quienes nada tienen, a la educación y la universidad pública.

21. Con respecto a los acuerdos de Alberto Fernández con los gobernadores y los rectores del oficialismo y la oposición en aprobar programas de voluntariado para que los estudiantes colaboren en la atención de la población en el marco del COVID 19, nos pronunciamos en contra. Los estudiantes no pueden ser colocados  como mano de obra gratuita y precaria exponiéndolos a situaciones de riesgo y de contagio en momentos donde se denuncia la falta de EPP, la flexibilización laboral, el pluriempleo y la más alta tasa promedio de contagio en el sector.

Para desplegar este programa de reivindicaciones inmediatas la Agrupación Naranja se empeñará en convocar en todo el país a la docencia, afiliada a una u otra federación o no afiliados, a plenarios, asambleas, reuniones de los cuerpos de delegados y congresos de las federaciones docentes para implementar medidas de acción directa, gremiales, jurídicas y políticas en defensa de nuestros derechos y de la universidad laica, estatal, sin restricciones de ingreso y gratuita.

Agrupación Nacional Naranja de docentes universitarixs, becarixs e investigadorxs