En los últimos días se conoció la noticia del lanzamiento de “un mapa georreferenciado con los más de 500 trayectos de corta duración, diplomaturas y tecnicaturas universitarias que se dictan en el marco del Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional (Pueep)”.

De esta manera, el gobierno nacional y los rectores agrupados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) dan un nuevo paso en el sendero de la devaluación de las carreras universitarias, intentando transformar a las universidades en formadoras de mano de obra barata, con títulos devaluados de “pregrado”. Así, el Ministerio de Educación y los rectores se ponen al servicio de las patronales, que reclaman mano de obra formada con el presupuesto público para explotarla por salarios de miseria y bajo condiciones de flexibilidad, como requiriera por ejemplo el CEO de Toyota.

Este lanzamiento es, ni más menos, un salto en la destrucción de la educación pública, donde hay escuelas universitarias que carecen de presupuesto para “funcionar”, para becas estudiantiles o para salarios de docentes auxiliares y no docentes. Estas carencias dan como resultado que solo el 36% de los ingresantes obtienen un título secundario en tiempo, y aún así con dificultades de lecto-escritura; o que solo el 25% egresa de las universidades nacionales.

Asimismo, las autoridades ministeriales y del CIN se encargan de esconder que este tipo de programas buscan profundizar la introducción de formas de trabajo docentes flexibles, a través de contrataciones por objetivos y a término, por fuera del convenio colectivo de trabajo.

El propio ministro Jaime Perczyk asegura que “estamos certificando habilidades y capacidades que permitan obtener un trabajo digno, y esto es una política del Ministerio de Educación”. Sin embargo, este Programa apunta al vaciamiento de contenidos teóricos y prácticos en las carreras de grado; a la flexibilización laboral de docentes, no docentes y de la juventud en general; también en los hechos busca reforzar la exclusión de miles de estudiantes y docentes de la vida social y política universitaria; el “ahorro” presupuestario en infraestructura edilicia, becas, alojamiento y comedores, entre otras muchas cuestiones centrales del quehacer universitario.

No hay salidas a la actual crisis económica, social y educativa con la implementación de estas políticas de anti-educativas.

La salida pasa por el incremento de los salarios, la generación de millones de puestos de trabajo genuino, la defensa de los convenios colectivos, el incremento del presupuesto educativo y la defensa de las carreras de grado bajo las banderas de la reforma universitaria de 1918.