A partir de las nuevas disposiciones del gobierno nacional en torno a la pandemia, se ha abierto un debate entre estudiantes y docentes en torno a la presencialidad o virtualidad de los exámenes finales y, más extendidamente, en torno a los formatos educativos bimodales o aulas híbridas.
Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, los gobiernos nacional y provinciales, lxs rectorxs y las gestiones universitarias han ido tomando resoluciones, sin consulta ni participación de lxs trabajadorxs, acerca de cómo debe seguir funcionando la universidad en el medio de una situación excepcional, de crisis económica y sanitaria. En ese contexto, han persistido tanto en una política de ajuste presupuestario y salarial como en el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, esto es, la negación de nuestros derechos docentes.
Desde marzo del año pasado, denunciamos la “virtualización forzosa”. Lo hicimos porque advertíamos que en esa política se cifraba un ataque de conjunto al sistema público universitario. La “virtualización forzosa” solo se pudo llevar adelante sobre la base del sobretrabajo de la docencia, que tuvo que reconvertir sus programas presenciales en remotos en tiempo récord sin reconocimiento de esas tareas adicionales ni capacitación alguna, con un progresivo deterioro de los salarios, sin provisión gratuita de equipamiento ni conectividad ni compensación alguna de gastos por más de un año, con aulas virtuales que se superpoblaron, sin dispensas por tareas de cuidado en los hogares que, de buenas a primeras, se convirtieron en lugares de trabajo. En otras palabras, las universidades nacionales solo pudieron mantenerse en funcionamiento durante más de un año y medio por el trabajo docente y el esfuerzo de estudiantes, cuando no quedaron desconectadxs.
En el 2021, aún sin vacunación completa de docentes y sin existencia de vacunas para les estudiantes, nos opusimos a la presencialidad sin condiciones cuando se les impuso a lxs docentes preuniversitarixs y a los demás niveles de enseñanza. Con protocolos que no se cumplían o de imposible implementación en las condiciones edilicias de los colegios y las instituciones educativas.
Siempre defendimos la presencialidad con condiciones de higiene y seguridad, y de medio ambiente de trabajo, por razones pedagógicas y políticas, en defensa de los derechos de lxs trabajadorxs docentes y la universidad pública, científica y gratuita. Al negocio de las grandes corporaciones de las plataformas que vienen de la mano de los planteos virtuales o híbridos (ver aquí y aquí), se suma la política de convertir a las universidades en “campus virtuales” (cuando funcionan), en entornos digitales o en meras “curseras”, que deterioran la educación superior, prometen salidas expeditivas, preparan el terreno a una mayor mercantilización educativa y, en última instancia, pretenden convertir la universidad en una proveedora a distancia de un servicio educativo, con el trabajo de docentes remotxs y aún más precarizadxs, para dar satisfacción a las demandas de sus usuarixs.
Por otra parte, si algo queda claro después de un año y medio de enseñanza virtual, es la enorme limitación para construir espacios de deliberación y organización colectivas -una tradición de la vida universitaria-, al tiempo que se han concentrado como nunca antes en las gestiones universitarias el poder de decisión y resolución. El proyecto a largo plazo de una educación bimodal o híbrida apuntaría a agravar el funcionamiento antidemocrático de la universidad.
 

Por condiciones de trabajo, control de los lugares de trabajo y opcionalidad
Ahora bien, sobre la base de las nuevas disposiciones del gobierno en relación con la pandemia, las gestiones universitarias preparan sus resoluciones, mientras que, al mismo tiempo, se ha abierto un debate entre estudiantes y docentes en torno a los exámenes finales y a la modalidad de cursada a futuro. Las gestiones están planteando comenzar con la toma de exámenes finales presenciales y proyectan la implementación de modelos híbridos para el año próximo. El debate se ha abierto entre un grupo de estudiantes del CBC que se organizaron para reclamar que “cada alumno pueda elegir su modalidad de examen final (virtual o presencial) según sus posibilidades» y otro grupo de estudiantes de Filosofía y Letras que se manifestaron por la educación bimodal. ¿Cuál es nuestro planteo frente a esta situación excepcional?
En primer lugar, planteamos que toda resolución sobre la modalidad de los finales (presenciales o virtuales) o la modalidad de cursada el próximo año (presencial, bimodal) sea de carácter transitorio (mientras persistan las condiciones de excepcionalidad), que respondan a las condiciones epidemiológicas en cada instancia de implementación, que si se trata de actividades presenciales se lleven a cabo con el control de los lugares de trabajo y de los protocolos a aplicarse por parte de las organizaciones estudiantiles y docentes, que si se trata de actividades virtuales se garantice que no excedan de ningún modo las horas y el tipo de tarea que corresponde al cargo y dedicación de cada docente, la provisión equipamiento y el reconocimiento por conectividad.
En segundo lugar, planteamos que toda modificación al régimen de cursada se atenga a las condiciones laborales y de contrato pedagógico planteado en el inicio del cuatrimestre. En tercer lugar, para los exámenes finales de diciembre, planteamos que se garantice –también de manera transitoria- la optatividad para lxs trabajadorxs docentes.
Frente al trabajo virtual o presencial, seguimos reclamando la recomposición de nuestros salarios, el incremento del bono de reconocimiento de gastos por conectividad, el equipamiento gratuito provisto por el empleador, salario para la docencia ad honorem, la promoción de cargos, la regularización de todos los interinatos, la aplicación efectiva del Convenio de Trabajo para garantizar nuestros derechos como trabajadorxs, el aumento del presupuesto universitario.
Llamamos a estudiantes, docentes y no docentes a abrir una deliberación colectiva y a organizarse. Ministro y rectorxs siguen agravando las formas de la precariedad salarial, laboral y presupuestaria. Opongamos un movimiento de defensa de la universidad, por la democratización del gobierno universitario, por presupuesto, salario y becas, por la formación que merecen lxs estudiantes y por los derechos de lxs trabajadores docentes y no docentes.