(Foto de la movilización contra la reforma previsional, 14/12/2017)

El Poder Ejecutivo elevó al Congreso Nacional un proyecto de Ley de “Solidaridad” por el cual se suspende por 180 días la aplicación del 82% móvil de las jubilaciones de la docencia universitaria, preuniversitaria y de los investigadores.

Esta suspensión llega en el peor momento para los jubilados y jubiladas docentes. Ya que como resultado del pésimo acuerdo paritario de 2018 –plagado de sumas en negro–, los compañeros y compañeras han percibido en el mes de septiembre sólo un 8,6% de incremento en sus haberes. Esto frente a una inflación del 48,3% en lo que va del año, sin contar diciembre (Indec).

En marzo de 2020, las jubiladas y jubilados de la docencia universitaria iban a recibir una actualización que contemplaba el blanqueo de todas las sumas en negro –que se terminan de integrar al salario en diciembre–, la cláusula gatillo del mes pasado y la que cobraremos en marzo de 2020. Con esto, tardíamente iban a recuperar gran parte del poder adquisitivo que habían perdido con la paritaria infame suscripta por la burocracia sindical.

Pedimos la anulación de los artículos 51 y 52 de este proyecto de Ley porque atenta contra esta recomposición más que necesaria de los haberes de los jubilados/as y pensionados/as de la docencia universitaria.

A la docencia preuniversitaria, también se le suspende su régimen de movilidad del 82% y arbitrariamente será el poder ejecutivo el que determine cuáles serán los haberes de jubilados y pensionados.

Lo mismo sucede para los investigadores: se suprime toda la movilidad, la que defendimos movilizados contra el gobierno de Macri en 2017. También pasa a un régimen discrecional.

Esta suspensión se hace supuestamente para beneficiar a los que cobran haberes mínimos. Pero nuestras jubilaciones no son jubilaciones de privilegio. La docencia universitaria paga todos los meses un 2% extra de sus salarios para tener la movilidad y el 82%. Y lo seguiremos haciendo, porque la Ley dice que vamos a seguir pagando, pero no recibiremos la movilidad adecuada.

Defendemos los derechos jubilatorios de la docencia universitaria, preuniversitaria y los investigadores –conquistados, a fuerza de movilización y lucha–, y de todos los que tributan en forma especial para poder tenerlo, es decir, que ponen más dinero de su salario.

Reclamamos el 82% móvil para todos los trabajadores y todas las trabajadoras de este país, para todos y todas las que trabajan en negro, bajo regímenes de precariedad, entre ellos los becarios a los cuales no se le computa la antigüedad para acceder el beneficio jubilatorio y terminan cobrando la mínima.

Los fondos deben salir de los que siempre han ganado, como las petroleras, los bancos, las sojeras, la minería.

Defendemos la jubilación pública, defendemos un régimen solidario y queremos el 82% móvil para todas las jubiladas y jubilados de la Argentina.

Le decimos: No al FMI y sus reformas. Este ataque a las jubilaciones es similar a las que aplican en otro países, por ejemplo en Francia donde se está desplegando un gran movimiento huelguístico contra la reforma previsional.

No queremos un país sometido, queremos salarios igual a la canasta familiar y jubilaciones dignas que permitan mantener un nivel de vida.

Estemos alertas, organizados y movilizados en defensa de nuestras jubilaciones, que no es más ni menos que nuestro salario diferido, por los que todos los meses cotizamos a la seguridad social.