El 7 de agosto de 1995, bajo el gobierno de Carlos Menem, fue promulgada la Ley de Educación Superior (Nº 24.521). Esta ley rige desde hace 25 años los designios de la enseñanza superior universitaria y no universitaria en todo el país. Se trata de una ley antieducativa creada a medida del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el gran capital.

Luego de 25 años de vigencia en las universidades nacionales las consecuencias y sus efectos son múltiples y devastadores. Una progresiva devaluación de la educación universitaria, para depreciar la fuerza de trabajo de egresados, docentes y no docentes. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) “vigila y castiga” cada currícula y si algo se escapa con simples actos administrativos del Ministerio de Educación, como la resolución 1254/18, descalifica las titulaciones e incumbencias profesionales vigentes. Se impuso el arancelamiento masivo en las carreras de posgrado e incluso en algunas tecnicaturas y carreras de grado.

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El mentado cogobierno dio un salto cualitativo antidemocrático, fortaleciendo las camarillas que ejercen su poder “feudal” en las universidades. La autonomía es una caricatura en manos de estos grupos. El crecimiento exponencial de los negociados privados a través de la “generación de recursos propios” en cada universidad es la base material del sostenimiento y dominación de las camarillas.

La pauperización del trabajo docente y no docente (hoy el salario testigo es la mitad de la canasta de pobreza) explican el sistemático desfinanciamiento presupuestario, ya que representan más del 90% de los gastos. Este magro presupuesto es lo que lleva a que solo se gradúe el 30% de los ingresantes por carecer de becas, albergues, comedores y materiales gratuitos, transformando el ingreso irrestricto en una farsa.

La otra cara de la moneda es el crecimiento de la matrícula en las universidades e institutos privados; y una mayor integración de los sistemas estatales y privados que dio otro salto en 2017 con la creación del Sistema de Nacional de Reconocimiento Académico (SRNA) que habilita el trasvase de estudiantes entre universidades y sistemas estandarizados, haciendo de los programas una suerte de commodity. Un claro ejemplo de mercantilización y privatización.

Todo esto es el andamiaje institucional para la injerencia directa en los planes de estudio y en los proyectos de investigación científica de las corporaciones empresariales como químicas, laboratorios, bancos, mineras, petroleras y las compañías del agronegocio.

Es decir, como primera gran conclusión: la LES impuso 25 años ininterrumpidos de vaciamiento educativo. En paralelo se incrementó, notablemente, la injerencia del capital privado multinacional sobre la educación del pueblo y el desarrollo científico y tecnológico. Los fondos de la empresa megaminera Alumbrera aceptados por la enorme mayoría de los gobiernos universitarios, las becas y pasantías para estudiantes de grado de Monsanto y Techint o la gravitación del Banco Santander Río son algunos ejemplos que muestran la enorme injerencia que tienen las multinacionales en la universidad pública argentina.

Hoy en plena pandemia a causa del Covid-19, a través de la virtualización forzosa y el teletrabajo docente, la Unesco, la OIT, las multinacionales tecnológicas y de telecomunicaciones junto a los gobiernos, los tecnócratas y las burocracias sindicales pretenden imponernos el “paraíso flexibilizador” de quienes promueven el ajuste del FMI y la lógica mercantilista de la LES.

Cabe destacar que durante estos largos años la LES menemista fue convalidada por todos los gobiernos nacionales y los rectores de diverso signo político. La Alianza (1999-2001), Duhalde (2002-2003), el Frente Para la Victoria (2003-2015) y Cambiemos (2015-2019). Incluso el propio kirchnerismo a pocas semanas de finalizar de su mandato realizó un rescate de esta ley cuando en el Congreso, con el apoyo de radicales y macristas, se efectuaron algunas mínimas modificaciones en torno al “ingreso y la gratuidad”. La contrapartida de estas cosméticas modificaciones fue la convalidación del 99% del marco legal impuesto por la LES.

Hoy el gobierno de Alberto Fernández y los rectores, en medio de la pandemia y de un drástico ajuste sobre la universidad pública, preparan un nuevo rescate de la LES (para esa tarea se encuentra en funcionamiento una subcomisión del Consejo Interuniversitario Nacional). Al tiempo que anuncian un nuevo plan de endeudamiento externo, poniendo como excusa la realización de mínimas obras de infraestructura en las universidades.

En un encuentro virtual con rectores del @CINoficial, @alferdez presentó el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023.

"Creemos que los argentinos no deben ir a la universidad sino que la universidades debe ir a los argentinos" pic.twitter.com/MOEZT6XiUx

— CIN (@CINoficial) July 15, 2020

#Ahora se reúne por primera vez la subcomisión del @CINoficial que se ocupará de analizar y proponer en el marco del proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior Argentina #LES #ComisiónDePlaneamiento pic.twitter.com/OWDZbzHDl4

— CIN (@CINoficial) July 23, 2020

Grandes huelgas y movilizaciones en defensa de la universidad pública

A lo largo de estos 25 años se desarrollaron grandes movilizaciones, huelgas docentes y tomas de facultades/universidades en defensa de la universidad y la educación pública, que sin dudas se constituyeron en hitos y baluartes para el movimiento universitario y las mayorías trabajadoras.

En ese camino bien vale recuperar el enorme movimiento de lucha y resistencia estudiantil-docente contra la sanción de la propia LES y contra el intento de arancelamiento-privatización ocurrido durante el gobierno de la Alianza en 2001. En esos años la razón profunda de la fractura de la vieja Conadu fue que muchas de sus asociaciones de base (AGD-UBA, Adiunt, Adunlu, etcétera) no aceptaron la entrega y la adaptación a la LES y a los gobiernos de turno, tal como lo hacen hoy Fedun, Uda, Ctera y la propia Conadu (De Feo); ese fue el sentido de la fundación de la Conadu Histórica. En esta recuperación cabe destacar la gran huelga docente del año 2005, encabezada por la Conadu Histórica, que conquistó entre otros puntos el “blanqueo” salarial. Por último, la rebelión educativa nacional de las bases docentes y estudiantiles del 2018, con la mayor movilización de todas las universidades con cientos de miles movilizados a la Plaza de Mayo que demostró la defensa por parte de la población trabajadora de una universidad estatal, laica, gratuita y científica al servicio de la mayoría popular.

Organizarnos de manera independiente para derrotar la LES

En estos tiempos de profundización de la crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y educativa la docencia universitaria, preuniversitaria, los investigadores y los creadores tenemos que tomar la palabra, recuperar nuestras mejores tradiciones de lucha, organizarnos de manera independiente de las corporaciones, las burocracias sindicales y el Estado para que, sobre la base del no pago de la deuda externa, que la crisis la paguen los capitalistas y sus gobiernos.

En la universidad necesitamos confluir en un congreso de docentes, sindicatos, delegados y activistas para poner en pie un gran movimiento de lucha por la derogación de la LES, la Coneau y todas las resoluciones vigentes que facilitan y avalan la virtualización forzosa, la desvalorización de la educación, de los títulos y de la fuerza de trabajo de docentes, no docentes y graduados.