Hace un año denunciamos que la virtualización forzosa era un fracaso, además de haber significado un negocio para las corporaciones tecnológicas. No queremos otro 2020. Los gobiernos y rectores nos empujaron a una virtualización sin recursos, sin provisión de equipamiento, precarizando nuestras condiciones de trabajo. Mientras denunciábamos que nuestros estudiantes y docentes se caían desconectados, miraban para otro lado.

Ahora, después de haber abandonado a docentes y estudiantes a que se las arreglen como puedan, tanto el gobierno nacional como los provinciales declaran su interés por la educación. Así pretenden empujarnos a la presencialidad cuando todos los semáforos epidemiológicos para el retorno a las aulas indican que es inviable. De acuerdo con los Centro de Control y Previsión de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos y recomendados por la Sociedad Argentina de Pediatría, para que haya un menor riesgo de transmisión, debería haber menos de veinte casos cada cien mil habitantes, durante los 14 días previos a la decisión de volver a las aulas. Hoy ampliamente superado en la mayoría de los distritos.

Tanto en la virtualidad como en la presencialidad, gobiernos y rectores reclaman que haya clases pero sin garantizar nada para que puedan llevarse adelante. Sin haber puesto un peso, vuelven a recargar sobre nosotros la responsabilidad de lograrlo y los costos.

Para la virtualidad, nos obligan a seguir costeando nuestras herramientas de trabajo, o a endeudarnos para obtenerlas. Seguimos sin tener reconocimiento alguno por los gastos de equipamiento y de conectividad, cuyas tarifas, solo en el mes de enero, aumentaron más del 17% (Indec), mucho más que nuestros ingresos que solo lo hicieron en un 2% en el mismo mes.

Con un presupuesto a la baja, en todo un año no se realizaron las mejoras en infraestructura, limpieza, acondicionamiento de los lugares de trabajo, de investigación y de enseñanza. Se privilegiaron, por parte del gobierno y de los rectores, el acuerdo con los bonistas, el FMI y los acreedores de la deuda pública antes que la inversión en educación.

El desplome de nuestros salarios

Desde el inicio de la pandemia, mientras se flexibilizó nuestra tarea y se aumentaron nuestras horas de trabajo, nuestro salario perdió más del 20% de su poder adquisitivo. Esto a causa del incumplimiento de la cláusula gatillo y la nefasta acta del 7% que firmaron el Ministro Trotta, los rectores y las burocracias sindicales.

El salario del cargo testigo (ayudante de 1º semiexclusiva), efectivamente percibido en enero de 2021 fue de $17.670. La línea de pobreza, a enero 2021(última publicada), es de $56.458. La de indigencia a enero 2021 es de $23.722. Y la canasta familiar es de 130 mil pesos.

Estos son los números del desplome.

Digamos claramente: no están las condiciones sanitarias, ni de infraestructura, ni salariales para la vuelta a clases. La pretensión del “proceso de reorganización pedagógica”, que plantea el ministro Trotta y que apoyan todos los gobernadores y los rectores… es una estafa.

Mientras nuestro salario se derrumba, la inflación es imparable. Mientras no hay un peso para educación, se pagan millones de dólares para satisfacer los intereses usurarios de una deuda eterna y los bancos y los capitales monopólicos “se la llevan en pala”.

Al inicio de un ciclo académico, las y los docentes pre y universitarios de todo el país necesitamos abrir una deliberación en plenarios, asambleas en nuestros sindicatos, congresos de base de toda la docencia, afiliada o no a cualquier federación, para preparar un gran movimiento de lucha que imponga el conjunto de nuestras reivindicaciones.

En este cuadro, la AGRUPACIÓN NACIONAL NARANJA convoca a su Plenario Nacional para el sábado 6 de marzo, a partir de las 14 hs., para deliberar y organizar la lucha.

Pedí el enlace para participar a [email protected]

AGRUPACIÓN NACIONAL NARANJA de DOCENTES, BECARIxS E INVESTIGADORxS