El 25 de febrero, sólo 24 horas después de que el rector Vega anunciara en los medios la vuelta a la educación presencial en las EPUNS (escuelas preuniversitarias), un anuncio conjunto de las autoridades de la UNS y directivos de las EPUNS tuvo que corregir esa información, reconociendo veladamente lo que desde la ADUNS venimos denunciando: no están dadas las condiciones para la educación presencial.
Es que en esas 24 horas se hizo público un relevamiento del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la propia UNS, que da cuenta de que más de la mitad de las aulas y espacios de las EPUNS no cuentan con la ventilación adecuada, entre otros problemas. Las necesarias obras de adecuación, que podrían haber comenzado en julio 2020, recién comenzaron en marzo 2021 y al día de hoy están en desarrollo, luego de que la ADUNS publicara el informe del SHST.
Luego de estas declaraciones y desmentidas, y las asambleas y anuncio de paro de ADUNS, finalmente las autoridades accedieron al reclamo de la ADUNS de convocar a la paritaria docente de nivel particular para tratar las posibles modificaciones en la modalidad de trabajo y las precondiciones necesarias para ello.
En una primera reunión convocada el jueves 4 de marzo, los representantes de la gestión cambiaron sus declaraciones de sólo un mes antes de que “todo lo que pueda hacerse en forma virtual, continuará en forma virtual”, por exactamente su contrario, sin solución de continuidad y sin ningún balance sobre el ciclo educativo 2020.
Para justificar la improvisación y el viraje, citaron un decreto presidencial que afirma que el nivel de transmisión del coronavirus está bajando a nivel nacional, basado en un dato aislado seleccionado en forma caprichosa. Esa burda manipulación no puede ocultar que en Bahía Blanca el nivel de transmisión de la Covid se mantiene en niveles más de 10 veces mayores que lo recomendado por la Sociedad Argentina de Pediatría y los CDCs como riesgo suficientemente bajo para la reanudación paulatina de las clases presenciales.
La vacunación de docentes largamente anunciada, finalmente comenzó en la provincia de Buenos Aires, ya iniciado el ciclo lectivo. En Bahía Blanca, al 6 de marzo de 2021 se aplicó vacuna contra la Covid-19 sólo al 2,8% de la población. Esta cantidad, que incluye a los trabajadores de la salud y todos los grupos estratégicos y de riesgo, representa sólo el 16% de la población mayor de 60 años en la ciudad. No obstante esto, las burocracias sindicales y agrupaciones oficialistas se plegaron con todo a la campaña publicitaria del gobierno para forzar la educación presencial sin condiciones. Más allá de los escandalosos vacunatorios VIP, cabe recordar aquí que en diciembre el jefe de gabinete Santiago Cafiero anunció que la vacunación de diez millones de personas estaría completada para febrero 2021.
Los anuncios de comienzos de clases se han chocado con la realidad en las escuelas bahienses: para la pantomima de la vuelta a la presencialidad, tuvieron que poner baños químicos en la entrada de la Escuela primaria N° 2 porque no hay baños ni agua en todo el edificio donde funcionan 3 escuelas. Muchas escuelas bahienses tuvieron que cerrar cuando los docentes reunidos en comités verificaron las carencias de infraestructura y elementos de seguridad, desde el 17 de febrero.
El Consejo Escolar reconoció que no llegaron las máscaras suficientes ni se hizo la limpieza de tanques luego de un año. Y ninguna escuela cumple con la cantidad de baños que requiere el propio plan jurisdiccional de la PBA.
¿Cuántas “burbujas” quedarían aisladas si surge un contagio de Covid? Sólo una, salvo que el docente trabaje en la escuela de los hijos del ministro Trotta.
¿Se mejora la educación con la bimodalidad y el sistema de burbujas? Todo indica que no. Se multiplica el problema del transporte en horarios cortados y se multiplica el trabajo docente sin, al momento, ninguna garantía del necesario aumento de cargos docentes y suplencias.
Al momento, tampoco hay precisiones de cómo funcionaría una bimodalidad en las EPUNS.
Lo que sí han precisado los representantes de la gestión es que no cuentan con presupuesto suficiente para compensar a las y los docentes por los gastos que en 2020 y 2021 las universidades y el estado se ahorraron y se ahorrarán, porque han sido trasladados a la comunidad educativa.
Por eso los docentes de la UNS junto a los docentes de provincia debemos organizarnos junto a la comunidad educativa para exigir que el gobierno garantice la educación con recursos, y no con discursos vacíos que esconden la pretensión de descargar todo costo de su ajuste a la educación sobre las espaldas de docentes y estudiantes.
Ningún docente por debajo de la línea de pobreza. Aumento salarial del 50% con cláusula gatillo.
Compensación de gastos en pandemia. Computadoras y conectividad para toda la comunidad educativa.
El retorno a la educación presencial debe hacerse con las condiciones epidemiológicas, sanitarias, de infraestructura, de seguridad y de trabajo adecuadas, planificadas en paritarias mandatadas por asambleas docentes y con el control de la comunidad educativa.