Defendamos los títulos, el salario, el CCT y una universidad al servicio de las mayorías populares

Los estudiantes, los no docentes, los docentes y los graduados universitarios enfrentamos no solo un ajuste que se manifiesta en el recorte de 3.000 millones de pesos en el presupuesto y en la imposición de una paritaria del 15%. Lo que enfrentamos es una política de completa reorganización de la universidad pública tal como la conocemos, para colocarla al servicio del capital financiero.

En la misma semana en que llevamos adelante la tercera jornada de paro de 48 hs. y nos movilizamos a la Plaza de Mayo, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro declaraba: “seguimos produciendo profesionales que no se necesitan” y debemos “contar con carreras más ágiles con trayectorias formativas que permitan, sin quitar conocimiento, reducir horas de estudio" (La Nación, 18/05).

El ministro retoma el viejo libreto del Banco Mundial y de la OCDE, expresado en la Ley de Educación Superior y la Coneau –creadas hace más de dos décadas y sostenida por todos los gobiernos desde entonces-, hoy reversionadas en el Sistema de Reconocimiento de Trayectorias Académicas (SRTA), que ya cuenta con el aval de más de 60 rectores y que tiene al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el radical Hugo Jury, a su principal ejecutor precisamente en la universidad cordobesa.

La resolución 1254 del Ministerio de Educación lleva a la destrucción de las titulaciones universitarias actuales. No solo afecta a 41 carreras sino que abre el camino para cambiar las incumbencias de todas. Es, por un lado, la aplicación sin cortapisas de la reforma laboral ya que cambia las modalidades de trabajo y las incumbencias de las decenas de miles de egresados de las carreras involucradas. Por el otro, y por la vía rápida de una resolución ministerial, el negocio privado de las camarillas universitarias, de instituciones profesionales, a la venta de certificaciones para poder ejercer la profesión que estudiantes y graduados han elegido y con todas las incumbencias que ahora se prohíben. Una vez más, al igual que decíamos al SRTA, el Consejo Interuniversitario Nacional es cómplice activo de esta reforma laboral y educativa al prestar su acuerdo explícito. La Agrupación Nacional Naranja llama a estudiantes, graduados y docentes a organizarse en cada lugar de estudio y de trabajo para derogar esta resolución, el acuerdo plenario del CIN que le da origen y la Ley de Educación Superior que es su marco legal.  

Los argumentos esgrimidos no resisten la menor consideración. Según la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavella, se busca un “equilibrio entre las necesidades productivas y la formación educativa”. Afirma esto en un cuadro de masivos despidos, creciente precarización laboral, expulsión de becarios e investigadores del sistema científico y, como si faltara, en el mismo momento en el que el Gobierno cierra un acuerdo con el FMI para profundizar el proceso de endeudamiento y de sometimiento a los dictados del capital financiero internacional. Finocchiaro, por su parte, apunta: “No podemos permitir que un chico tarde 7 años para recibirse de ingeniero”, como si fuera una real preocupación del gobierno en un país donde la mayoría de los jóvenes ni siquiera puede terminar sus estudios secundarios, donde se recortan becas y hasta tienen que presentar certificado de pobreza para recibir una mísera vianda escolar.

Digámoslo claramente: no persiguen equilibrio alguno ni facilitar la formación universitaria de nuestros jóvenes. La política de Cambiemos -cuyo mandato fue escrito en los noventa en el Pacto de Bolonia donde cosechó un masivo rechazo- sólo pretende una adecuación cada vez más precaria para un sistema social cada vez más precario a través de otras tantas contra reformas (laborales, previsionales, sanitarias). Su lema: menos formación educativa gratuita para los que pueden llegar a la universidad y multiplicación de los posgrados arancelados –tal como se viene desplegando desde hace décadas- para los pocos… que puedan pagarla. "Los titulares de cátedra, profesores concursados, tienen que ser doctores", sentencia Finocchiaro sin sonrojarse; es el mismo ministro que pretende que demos clase, investiguemos y realicemos extensión con salarios por debajo de la línea de pobreza, en una universidad sin presupuesto y cuya infraestructura es ruinosa.

Para cerrar el cuadro de guerra: es el gobierno que, también en la semana de nuestro paro y movilización, anuncia que va a liquidar las jubilaciones docentes para seguir tributando la deuda externa, como si fueran haberes “privilegiados” y no, el resultado de la conquista de la docencia universitaria del 82% móvil.

No necesitamos imaginar lo que pretenden imponernos. Los funcionarios nacionales repiten idénticos argumentos a los que apela el gobierno de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante el proyecto de destrucción de los 29 institutos de formación docente y crear una Unicaba, proyecto que enfrenta una masiva resistencia por parte de estudiantes, docentes y administrativos.

Tenemos que parar la contra reforma de Macri, los gobernadores y los rectores.

Por eso, la AGRUPACIÓN NACIONAL NARANJA de docentes universitarios, becarios e investigadores llama a extender la deliberación en todos los lugares de trabajo. A sumarnos al plan de lucha nacional de la Conadu Histórica con paro el martes 22 y miércoles 23. A movilizarnos el 23 con el reclamo de un paro activo nacional de todos la docencia y los trabajadores. A parar el lunes 28, martes 29 y miércoles 30, y multiplicar las clases públicas en la carpa que la Conadu Histórica instalará frente al Ministerio de Educación de la Nación.

En el camino de organizar esta lucha, la Agrupación Naranja realizará el sábado 9 de junio su primer Congreso Nacional, convocando al conjunto de los docentes universitarios, pre universitarios e investigadores a discutir una respuesta a la ofensiva del gobierno contra la educación.

Abajo el techo del 15%. Por la media canasta para el cargo testigo. Indexación automática periódica del salario por inflación.

Por el 25% sin cuotas y con cláusula gatillo. Salario para los ad honorem. Aplicación inmediata del CCT.

Por nuestros derechos jubilatorios y el 82% móvil.

Defendamos los títulos. Por la derogación de la resolución 1254/18 y de la Ley de Educación Superior.

Por la defensa de una universidad pública y gratuita. Abajo las contra reformas educativas.

Por un Congreso de delegados con mandato de asamblea

Por un paro activo nacional y un plan de lucha para quebrar la ofensiva del gobierno.

Fuera el FMI y no al pago de la deuda externa

AGRUPACIÓN NACIONAL NARANJA DE DOCENTES, INVESTIGADORES Y BECARIOS DE LA UNIVERSIDAD