El proyecto votado en Diputados no brinda recursos, atropella derechos laborales y abre cancha a las corporaciones del rubro. El Frente de Izquierda-Unidad presentó un contraproyecto.

Mientras en el país, docentes, estudiantes y las familias hacen enormes esfuerzos por mantener un contacto pedagógico y llevar adelante algún tipo de acompañamiento (sin conectividad, sin dispositivos, sin la formación pedagógica para dictar actividades educativas a distancia), la Cámara de Diputados se despachó con media sanción para una ley que no viene a solucionar ninguno de los problemas, pero sí a habilitar un gran negocio.
En la votación del jueves 21/5 se pudo ver, una vez más, cómo los distintos partidos del régimen se unen sin distinciones a la hora de defender los intereses capitalistas. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y otros bloques (casi todos inscriptos en algún ala del peronismo), con la excusa de que sería necesario dar un marco normativo a este esforzado acompañamiento pedagógico, avanzaron en modificar el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional y en aprobar la modalidad de educación a distancia para todos los niveles y modalidades de la educación para menores de 18 años.
La excusa es a todas luces falsa, porque es evidente que no se necesita ningún marco normativo nuevo para que se continúe haciendo lo que ya se está haciendo. Lo que sí se necesita (recursos, nombramiento de docentes, presupuesto, respeto a los derechos laborales bajo convenio, becas, viandas, etc.) brilla por su ausencia en el proyecto votado. Solo la diputada Romina Del Plá propuso un contraproyecto en este sentido, que presentó y defendió junto con Nicolás del Caño como propuesta del Frente de Izquierda-Unidad.

¿Qué garantiza y qué regula el nuevo artículo 109?
Salvo la explotación de los docentes, el nuevo artículo no garantiza nada: ni formación pedagógica, ni dispositivos y conectividad para educadores y estudiantes, ni el uso de licencias o dispensas. Tampoco ninguno de los derechos establecidos en las negociaciones colectivas, el derecho a desconexión de docentes o el reconocimiento de mayores costos por parte del docente en el desempeño de su tarea. Lo único que hace es dar fuerza de ley a que el gobierno nacional y los provinciales impongan a los trabajadores docentes la virtualización forzosa, para que sean ellos quienes pongan sus recursos y lleven adelante sus tareas en las condiciones que sean, violando toda norma del derecho laboral básico.
Lo que sí regula este nuevo artículo 109 son las condiciones en las que se puede imponer la educación a distancia: epidemias, pandemias, catástrofes o “razones de fuerza mayor”. Es decir que habilita, por ejemplo, que un gobierno o ministerio las fuerce ante las frecuentes inundaciones, cuando las escuelas son utilizadas como centros de evacuados. O que ese mismo Estado interprete que un paro equivale a “fuerza mayor”, y pretenda que algunos rompehuelgas reemplacen a docentes en lucha bajo la modalidad de educación a distancia. A pesar de esto, los “defensores de los docentes” vinculados a Ctera y Suteba (como Hugo Yasky) no dudaron en defender el proyecto y votarlo a favor.

El proyecto del Frente de Izquierda-Unidad
Esta iniciativa ya se había llevado en la Comisión de Educación los votos de todos los bloques menos el del FIT-U, porque justamente, era el resultado de un pacto entre la oposición de Juntos por el Cambio y el oficialismo, en tren de “defender un funcionamiento institucional del Congreso” que nada tiene que ver con las necesidades de las mayorías populares.
Por el contrario, el dictamen presentado por Romina Del Plá se ocupa de que los docentes solo deban llevar a cabo un acompañamiento pedagógico cuando haya situaciones de extrema excepcionalidad por un tiempo prolongado, como una pandemia. En ese caso, establece que se dé a la docencia capacitación en servicio para adecuar esa labor a la modalidad a distancia, que se provea conectividad o se reconozca el uso de recursos, que haya derecho a la desconexión, que se respete la jornada de trabajo (para que se termine con este trabajo 24x7 al que lleva la virtualización forzosa) -entre otros. Este dictamen, además, está acompañado por otros dos proyectos de ley complementarios (que fueron cajoneados para que no se trataran en la comisión y luego en la sesión de la Cámara Baja): la regulación de actos públicos virtuales, para la designación de docentes en más de 100.000 cargos sin cubrir en todo el país, y el aumento de $10.000 de las Becas Progresar, retroactivo a marzo.

Crisis y negociados
La virtualización forzosa y sus posibles usos en otras situaciones no son los únicos motivos por los que todos los bloques de los partidos del régimen votaron esta modificación.
La pandemia del COVID-19 se ha transformado en un escenario que pone de manifiesto la crisis, y eso vale también para el plano educativo: desde que se dispuso la suspensión de las clases presenciales, comenzaron, en todos los niveles, las más diversas recomendaciones y presiones sobre los docentes para transformar su tarea en educación a distancia, a como diera lugar y como fuera, con una improvisación por parte de las autoridades que ha pasado por alto razones pedagógicas, metodológicas, materiales, políticas y sindicales. Mientras tanto, distintos diputados se apresuraron a presentar proyectos para validar la educación a distancia: el primero, de los radicales, es del 3 de abril, pero pronto se sumaron otros proyectos similares de distintos bloques, incluido el oficialismo. Y no porque creyeran que la modificación del artículo 109 podía combatir las limitaciones del cuadro actual, sino porque saben perfectamente que la educación  a distancia es un ingente negocio del que todos de algún modo forman parte, ya sea por los vínculos con las empresas intervinientes, ya sea por las burocracias que están metidas, ya sea porque forman del gobierno actual o del anterior.
Como publicó Prensa Obrera en el artículo “Unesco ofrece su salida educativa: que las multinacionales tomen el control”, se ha puesto en marcha la Coalición Mundial para la Educación Covid-19, organizada por Unesco y con la participación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (representante de los intereses de las grandes operadoras de telecomunicaciones como ATT, Vodafone, Huawei, Telefónica, entre otras) y las gigantes multinacionales tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Zoom, bancos y fundaciones privadas con intereses en la educación. Se suman a esta coalición las burocracias sindicales docentes a través de la Internacional de la Educación (de la que forman parte Ctera y Suteba de Sonia Alesso y Roberto Baradel y la Conadu de Carlos De Feo) y el Equipo Internacional de Trabajo sobre Docentes para Educación 2030, que agrupa a más de 90 gobiernos, así como a unas cincuenta organizaciones internacionales y regionales, y organismos de las Naciones Unidas, entre otros. Toda una coalición al servicio de un negocio que ha venido creciendo en los últimos años, y que ha dado un salto gigante durante la pandemia: el negocio mundial de la educación a distancia, que nada tiene de pedagógico o educativo y que necesita de leyes de fuerte contenido  antieducativo y antidocente para desarrollarse.
El contraproyecto que presentó Romina Del Plá junto con Nicolás del Caño es la contracara de esta política. Se basa en los principios de defensa de los estatutos y convenciones colectivos de trabajo de docentes y auxiliares, de enfrentamiento con las políticas capitalistas de destrucción de la educación, del reclamo de triplicación del presupuesto educativo, y a la vez de garantizar para los estudiantes  comedores y viandas acordes a una alimentación apropiada, becas que permitan acceder y permanecer en el sistema educativo, educación gratuita en todos los niveles, bibliografía, laboratorios, conectividad y equipamiento informático provisto por el Estado.
De un lado los que hacen los negocios de la educación al servicio de los grandes capitales; del otro quienes defendemos la educación laica, estatal, gratuita y científica al servicio de las mayorías populares.