Dos millones de personas ganaron las calles el dos de octubre en más de 100 ciudades de todo el país, incluyendo aquellas que no tienen centros universitarios.

Esto se basa en situaciones objetivas. Por un lado, más del 80% de la población, según las encuestadoras, apoya la universidad pública. Por el otro, el 45% de los dos millones de estudiantes universitarios son pobres, el 85% de los docentes cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, así como el 60% de los trabajadores no docentes.

En lo que hace a la investigación, que más del 50% se hace en las universidades, se produjo la renuncia de la responsable de la Agencia de Investigación nombrada por Milei, porque se ejecutaron $0 del presupuesto asignado a los proyectos aprobados. En los organismos de Ciencia y Tecnología como el Conicet, el Inta y el Inti los despidos y retiros voluntarios son la norma y no la investigación. El plan nuclear está paralizado y sujeto a privatización, por ello los trabajadores del complejo de Atucha están en lucha y cortando la ruta.

En lo que hace a la salud pública que se realiza en los hospitales escuela de las universidades públicas se atiende a menos de un tercio de la demanda que por el empobrecimiento de la población se ha duplicado, mientras los trabajadores cobran no solo salarios de pobreza sino menores a los equivalentes en los propios trabajadores del sector.

La extensión en programas sociales se ha eliminado, simplemente no hay plata.

Esta es la situación del sector: un derrumbe, que si bien viene de años se agudizó a niveles no conocidos en los últimos 40 años.

Es por esto que desde febrero de este año existe un plan de lucha de la docencia y se han realizado asambleas, plenarios, cortes, paros y dos marchas federales masivas. Las más grandes contra el gobierno de Milei.

Sin embargo, al momento no se han obtenido el mínimo de las reivindicaciones planteadas por los trabajadores docentes, no docentes y por los estudiantes: incrementar las becas en cantidad y monto para llevarlas a un mínimo equivalente al salario mínimo desde los miserables $35.000 que rigen hoy para uno de cuatro estudiantes; incrementar inmediatamente los salarios docentes desde el básico de indigencia del cargo testigo de $317.000 para recuperar lo perdido hasta conquistar que ningún docente esté debajo de la línea de pobreza; incrementar el salario mínimo no docente cuyo básico es de $476.000.

Tanto salarios como becas están debajo de la línea de indigencia. Algo intolerable.

Seguir hasta ganar

Tenemos que sacar conclusiones prácticas de esta experiencia de 8 meses de lucha. La primera de ellas es que no podemos parlamentarizar la lucha: la Ley de Financiamiento Universitario la conquistamos en las calles y la defendimos allí como una solución parcial a nuestros reclamos.

El veto, al igual que en el caso de las jubilaciones, es la única respuesta del gobierno. Una herramienta que hasta fue defendida por Máximo Kirchner y que es violatoria de las demandas populares. Cosa que se demuestra cuando se ajusta el presupuesto o la reforma laboral o la privatización de Aerolíneas por DNU. La parlamentarizacion como eje central y no como una herramienta más es un callejón sin salida.

Tampoco podemos esperar a 2025 o 2027. Los salarios y becas de indigencia no pueden esperar tres años. La recomposición debe ser ya y solo lo lograremos con un plan de lucha sostenido hasta la huelga universitaria y conquistar su mejora, como lo hicimos en 2005 y 2018.

Para obtener la triplicación del presupuesto para alcanzar el mismo que teníamos en 2012 no lo haremos juntos a las camarillas rectorales que negociaron a espaldas de trabajadores y estudiantes los ya famosos gastos de funcionamiento, que no son más que transferencias del propio gobierno a las empresas privadas que dan luz, gas y telecomunicaciones. En otras palabras, Milei da un tarifazo a favor de esas empresas, y los rectores le mendigaron unos pesos al gobierno para pagarle… a esas mismas empresas.

Pero es en nuestro terreno donde tenemos que superar a las burocracias sindicales y estudiantiles para en forma independiente del gobierno, los bloques patronales y las camarillas rectorales implementar un plan de lucha hasta ganar. Esto quedó demostrado cuando ni en el documento leído, ni en las intervenciones del acto de la marcha educativa se planteó la continuidad de la lucha, y donde incluso alguna federación enrolada en la CGT sostuvo que tenemos que seguir dialogando con el gobierno que destruye la universidad y los derechos del pueblo trabajador.

Por ello, frente a la bronca por los salarios, el presupuesto actual y el proyecto de 2025, tenemos que seguir el ejemplo de lo votado por la asamblea de AGD-UBA: llamar a un paro de repudio al veto de Milei y preparar asambleas y plenarios de docentes afiliados a una u otra federación, o a ninguna, para discutir cómo seguirla. A asambleas interclaustros. A clases públicas, paros, cortes y tomas hasta imponer un plan de lucha continuado hasta ganar.