La improvisación y la precariedad son los denominadores comunes que se encuentran alrededor de toda la educación universitaria desde hace ya un par de meses. La recomendación del corrimiento del calendario académico hecha por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y adoptada, por ejemplo, por la Universidad de Buenos Aires (UBA) hoy se encuentra hecha un papel mojado, en tanto la mayoría de las universidades y facultades optó por un camino de (ruinosa) virtualización, mientras que el hecho de que algún tipo de clase presencial pueda comenzar en junio suena hoy, desde todo punto de vista, ridículo. El propio ministro Trotta lo desestimó en los últimos días.

Las autoridades universitarias de todo tipo y color han buscado cambiar la modalidad presencial a la “educación a distancia” sin modificar ninguna de las condiciones ni mejorar ninguna de las problemáticas que implica para la cursada. No ha habido ningún tipo de inversión presupuestaria de parte de los rectores ni del gobierno, para poner en pie la virtualización en todo el país. Cada casa de estudio se las arregló por su lado, descargando la crisis sobre estudiantes y docentes. En este cuadro, el debate acerca de cómo evaluar estudiantes en los tiempos que corren resulta fundamental.

Exclusión y ajuste “a distancia”

La modalidad virtual se implementó, como ya se ha mencionado, sin ningún cambio sustancial en la estructura de las universidades. La única modificación fue la “liberación de datos móviles” de los dominios de las casas de estudio, que no pudieron solucionar el colapso de los campus y que dejaron afuera un cúmulo grande de plataformas a partir de las cuales se dan clases (Zoom, Youtube, Jitsi, etc.). 

Esto tiene como consecuencia una cursada virtual que deja afuera a cientos de estudiantes en todo el país, así como también una “educación a distancia” que sostienen les docentes con precarización laboral y un enorme esfuerzo sobre sus hombros. Lo único que verdaderamente está “a distancia” son las necesidades estudiantiles y docentes de la oferta que ponen arriba de la mesa las autoridades universitarias. Esta situación está generando revuelo y organización entre la docencia en todos los lugares del país, como reflejó el Plenario Nacional de la Agrupación Naranja de Docentes Universitarios, Becarios e Investigadores del pasado viernes 8, reflejado en este periódico.

Pero las autoridades universitarias y el Ministerio no son ni ciegas ni sordas: se mantienen activas en función de hacer avanzar un ajuste liso y llano, contra docentes y estudiantes. Lo expresa el hecho de que aún no han asignado las partidas presupuestarias establecidas para los estudiantes con la Beca Progresar. La UBA, por su parte, no está pagando las becas Sarmiento correspondientes a la convocatoria del 2019. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a su vez, dejaron sin la beca de emergencia a decenas de estudiantes. Este cuadro de ajuste docente-estudiantil se complementa con un ataque a los salarios no docentes, como se registró en la UNCuyo y en la Universidad Nacional de Córdoba.

La disputa en ese sentido es clara. Con ajuste y exclusión el gobierno nacional y las autoridades quieren que sean les docentes y estudiantes quienes paguemos la crisis. La juventud de todo el país empieza a deliberar a partir de este cuadro, como sucedió en la asamblea de la mayoría de los centros de la Unsam, como ocurrió en Veterinaria de la UBA (en la que los estudiantes ganaron la suspensión de las condiciones de regularidad y la extensión de las prórrogas de cursada, con el CEV a la cabeza) y como sucederá en Exactas de la UBA (más por presión estudiantil que por iniciativa del centro de estudiantes). La organización es el único camino frente a la situación en curso. La pelea para que nadie se quede afuera es crucial en todos los puntos del país.

La evaluación no puede ser un filtro
En este cuadro, si se implementara una evaluación así porque sí, implicaría fomentar lisa y llanamente la exclusión estudiantil de todo tipo. Es lo que se busca, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura de la UNLP, en donde se quieren establecer “mesas virtuales” que actúen de filtro para sacar estudiantes. La gestión radical de dicha casa de estudios lo hace a instancias del Centro de estudiantes morado y la iniciativa solo fue denunciada por nuestros compañeros de En Perspectiva. No obstante, esta iniciativa no es solo ejecutada por la derecha y la UCR: el petitorio por la “evaluación a distancia” que lanzaron La Cámpora, La Mella y compañía juega el mismo rol. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que les estudiantes deban verse condenados a perder sus posibilidades de estudio y rendición de materias. Al contrario, para pelear contra la deserción es necesaria la lucha por nuestras reivindicaciones. La evaluación, no solo tenida en cuenta como “acreditación de saberes” sino como parte del conjunto de enseñanza-aprendizaje, no debe disociarse de las condiciones socio-educativas en las cuales se implementa.

Es fundamental, en ese sentido, que se defienda la regularidad incondicional del conjunto de les estudiantes y que se anulen todo tipo de penalidades para quienes no puedan acceder a la “modalidad virtual” y aprobar la cursada mientras dure la pandemia. Esto implica prórrogas automáticas de los vencimientos de cursada y la manutención de la condición de “alumno regular” sin ninguna excepción en este cuadro excepcional. Es clave, en ese sentido, el respeto por todas las instancias de promoción que ya tenían las materias pertinentes, a fin de que no se vulnere ningún derecho estudiantil.
Desde la UJS, a su vez, entendemos que no deben imponerse evaluaciones de tipo obligatorio durante la cuarentena. Pueden llevarse a cabo, lógicamente, si hay común acuerdo entre estudiantes y docentes con el establecimiento de criterio de “acreditación” pertinente. No obstante, en caso de que no se pueda evaluar en condiciones virtuales, proponemos que se contemple de alguna forma (ya sea al finalizar a cursada o con la eventual vuelta de la presencialidad) el vínculo pedagógico virtual establecido, cualquiera haya sido, para todes les estudiantes que por él optaron y pudieron llevar adelante. A su vez, comprendemos que aquelles que no pudieron entrar a la modalidad virtual no deben tener el “examen libre” como única opción, sino que deben poder rendir como una suerte de “evaluación final”, con clases de apoyo previas que deben estar sí o sí incluidas en la jornada laboral del docente y no por fuera de ella como “horas extras”.

Desde la UJS entendemos que el movimiento estudiantil debe realizar la más amplia deliberación y organización en torno a sus reclamos. Lejos de la inacción, como quieren las conducciones gremiales que responden al gobierno nacional y a las autoridades universitarias, entendemos que el debate debe ser abierto en el conjunto del movimiento estudiantil. Si peleamos por lo nuestro podemos ganar. La organización y la lucha por nuestros reclamos son la clave del momento. Que nadie se quede afuera.