El FMI es quien ha dictado el presupuesto de destrucción de la educación, la salud, las jubilaciones y las obras de infraestructura.

Ha privilegiado el pago de la deuda pública cuyo pago de servicios se ha duplicado en un año y ha pasado a ser el segundo rubro de gasto del presupuesto nacional, con 746 mil millones de pesos, lo que equivale al 18% del gasto total.

Como el gobierno de Macri cuenta con minoría de ambas cámaras, este presupuesto colonial, al servicio de los acreedores externos e internos, solo podrá ser aprobado si prestan acuerdo o abstenciones los miembros de la supuesta oposición, quienes aprobarán así, de hecho y de derecho, los dos stand by firmados por el gobierno en mayo y septiembre de este año, que han llevado a la devaluación del 120% y una inflación récord en un cuarto de siglo que superará el 45%.

Como venimos advirtiendo desde la Agrupación Nacional Naranja, solo el compromiso de sectores de la oposición patronal, las burocracias sindicales, los gobernadores y hasta los rectores, hará posible que los dictados del Fondo cobren fuerza de ley.

Debemos poner todo nuestro empeño en derrotar esta política de ajuste en defensa de los derechos de los trabajadores, activos, desocupados, jubilados, a la salud, a la educación, al trabajo y al salario.

El presupuesto universitario

Si bien partimos de la premisa de que este presupuesto, como el anterior, es un dibujo –ya que fija el valor del dólar a $40 (valor al día de la fecha) y quién puede pronosticar el valor de esa moneda a fin de 2019–, las letras y los números del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nos da pautas de cómo influirá en el ajuste sobre las universidades nacionales.

En 2017, afirmamos que el presupuesto asignado al pago de la deuda pública era cuatro veces más que el dedicado al presupuesto universitario. Este año, Macri y Finocchiaro se han superado: ahora el pago asignado a la deuda representa 5,20 más que el presupuesto de todas las universidades. Ese es el lugar que le asignan el Gobierno y los rectores a la educación universitaria frente a la usura del capital financiero.

El presupuesto asignado por el artículo 12, en forma directa a las universidades, crece solo el 29,57%, lo que implica frente a la inflación un ajuste de más de 15 puntos.

Del total del gasto asignado directamente a las universidades, el gasto destinado a salarios de docentes, no docentes y autoridades, sigue en su media historia: representa el 89% del gasto total. Como sostuvimos en las seis semanas de paro del plan de lucha, la defensa del poder adquisitivo del salario de los trabajadores de las universidades es la primera línea de defensa del presupuesto. Como el salario de los docentes universitarios se incrementará el 25% a lo largo del año, pudiendo llegar con una reducción real frente a la inflación de casi 20 puntos, el salario es la primera variable de ajuste de Macri, el FMI y los rectores. Eso convalidaron con su firma del acta de la infamia las burocracias sindicales.

Curiosamente, el proyecto de presupuesto aparece un rubro denominado “Recomposición salarial”, al que se le asigna la “generosa” cifra de 9500 millones de pesos, lo que a cualquier trabajador le parece una enormidad, pero que solo representa el 8,6% del gasto total en salarios. ¿Acaso es esta la famosa pauta salarial del 8% para el próximo año, que el Gobierno había anunciado, como parte de las condicionalidades del acuerdo con el FMI? De ser aprobado este presupuesto, esto significaría retrotraer nuestro salario más de veinte años atrás en su poder de compra.

En su Plenario de septiembre, el Consejo Interuniversitario Nacional guardó silencio tanto frente a la reducción salarial que convalidaron al firmar también el acto como frente a este rubro de “Recomposición salarial” que pretendería ser el techo de discusión de la próxima paritaria. Como firmantes del acta salarial, los rectores son sujetos activos en la caída de nuestro poder adquisitivo.

Sin embargo, ni lerdos ni perezosos, los rectores asaltaron otra partida creativa, inventada por el Ministro Finocchiaro, denominada “Transferencias varias”, que equivale a 4000 millones de pesos. Y como aves de rapiña se las repartieron a su “leal” saber y entender. Ni una sola palabra dijeron sobre las “Acciones para el desarrollo de la infraestructura universitaria”, en otras palabras, sobre la suerte de los edificios en los que enseñamos e investigamos. Ese rubro, créase o no, representa el 0,01% del gasto total de las universidades. Se logrará, gracias a Macri y los rectores, el literal derrumbe de la universidad pública.

Las tomas estudiantiles que acompañan nuestro plan de lucha se han pronunciado una y otra vez sobre la necesidad de implementar el boleto estudiantil gratuito en todo el país, la gratuidad de los materiales de estudio (apuntes, libros), la generalización de los comedores estudiantiles, el mantenimiento y ampliación de los albergues, y el llevar el número de becarios a por lo menos 170 mil estudiantes, que representa solo el 10% de los estudiantes. Hoy las becas no llegan a

25 mil (el 1,51% de los estudiantes matriculados).

Como vemos, las sumas fijas –que afectan la escala de antigüedad, la zona desfavorable, la capacitación (títulos)– son un ataque estratégico a nuestras conquistas laborales, que vienen desde el Estatuto docente de 1958, que recuperamos en la huelga de seis semanas en 2005 y que plasmáramos en nuestro Convenio Colectivo en 2015. Eso también convalidaron con su firma del acta de la infamia las burocracias sindicales.

Para los trabajadores preuniversitarios, en el proyecto de presupuesto, pasaron cosas… El FONID se mantiene congelado (desde 2016) y, al igual que las sumas fijas, no está contemplado su pase al básico. Las sumas en negro son una política de Estado que primero aparecen, luego se congelan y nunca se incorporan al básico.

El presupuesto, como no podía ser de otro modo, profundiza el aspecto mercantilizador y privatista de la Ley de Educación Superior, menemista, que mantuvieron y mantienen todos los gobiernos desde entonces. En 2016, se introdujo el Régimen de Trayectorias Académicas.

En 2018, la Resolución 1254, que devalúa nuestros títulos. Ambas con apoyo de los rectores. En 2019, el Gobierno, con el acuerdo del último Plenario del CIN, eleva en un 66% hasta casi alcanzar los 5000 millones de pesos, el dinero destinado a los contratos programa que se firman entre la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y cada universidad, de acuerdo con las necesidades de los mercados de trabajo de cada lugar y/o la oferta y demanda de carreras de cada universidad.

Un trato discrecional que sigue la lógica mercantil y no, las necesidades populares.

Y final: el proyecto de presupuesto no contempla un solo peso para el cumplimiento del Convenio Colectivo. Es decir: ni un solo peso para asalariar a los más de 20 mil compañeros y compañeras ad honorem y adscriptos, para el pago del adicional por exclusividad a la docencia, para terminar con el trabajo precario y poner en funcionamiento la carrera docente y los posgrados gratuitos. Este salario y este presupuesto, además, ponen en crisis a todo el sistema de obras sociales universitarias que no pueden sostenerse ante el aumento de los costos, ya que el único aporte lo constituye el salario de los trabajadores universitarios.

Por todo ello, la Agrupación Nacional Naranja rechaza el proyecto de presupuesto del FMI, Macri y los rectores, denuncia el carácter estratégico de la firma del acta paritaria por parte de las burocracias sindicales, exige un salario para el cargo testigo igual a la media canasta, 170 mil becas, obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de los procesos de enseñanza, investigación y extensión.

AGRUPACIÓN NACIONAL NARANJA de DOCENTES UNIVERSITARIOS

Contacto:

Antonio Rosselló (Sec. organización de Conadu Histórica):156 9053406