Hace pocos días se ha dado a conocer un nuevo escándalo político e institucional. Hablamos del escándalo que reúne a jueces y otros funcionarios públicos en el contubernio del Lago Escondido. Es una situación de gravedad institucional - tan grave como la forma en que llegó a conocimiento a través de una operación de los servicios de inteligencia mediante escuchas ilegales -. Estos hechos ponen en evidencia la podredumbre de un régimen político de conjunto que involucra a todos los poderes del Estado y de la clase capitalista que gobierna este país tanto en sus macabras profundidades como en su superficie.
A raíz del conocimiento de este contubernio que implica actualmente el trámite de una denuncia penal a los magistrados y funcionarios frente a la justicia rionegrina y otras denuncias en el Consejo de la Magistratura que actualmente se encuentra paralizado por la puja que estos mismos sectores de poder llevan adelante, se conoce la promoción de un pedido de juicio académico en la Universidad de Buenos Aires al juez Ercolini quien es profesor de la Facultad de Derecho y dirige la carrera de posgrado de Administración de Justicia. Otra cosa más que pone en evidencia la putrefacción institucionalizada de un régimen en su completa decadencia.
Repudiamos tanto las conductas de jueces y funcionarios públicos involucrados en dicho escándalo de magnitud, pero también no podemos dejar de repudiar la operación de servicios de inteligencia cuya oscuridad e impunidad en su accionar es innegable, como lo han demostrado las operaciones de inteligencia contra luchadores y defensores de la clase trabajadora y de las libertades democráticas. Operaciones que incluso otrora han implicado la persecución a representante de organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales y gremiales hermanas, incluso hasta compañeros de nuestra asociación sindical.
La imputación que se le realiza al juez Ercolini para solicitarle el juicio académico es la establecida en el artículo 502 del Código de la Universidad en sus incisos 3 y 4 que refieren a la “la deshonestidad intelectual" y "la ejecución de actos lesivos para la ética universitaria”. Más allá de lo inexcusable de la situación para quienes actuaron en ese escándalo institucional y que corresponde que sean juzgados por ello, no podemos dejar de llamar la atención sobre dichas causales que crean un antecedente nefasto. ¿Quién resuelve sobre la deshonestidad intelectual o actos lesivos para la ética universitaria? Recordemos que hemos tenido estudiantes y docentes perseguidos y enjuiciados, incluso despedidos, por la Universidad por permanencias y acciones de lucha que fueron evaluadas por las propias autoridades universitarias como lesivas de la ética universitaria. Si correspondiese el juicio académico debería fundarse en un criterio objetivo y no en la evaluación moral que pueden hacer las autoridades y funcionarios de la Universidad.
Evaluación ética que no han hecho con los jueces que juraron bajo el terrorismo de Estado en la Argentina, ni sobre los defensores de los autores de delitos de lesa humanidad.
Funcionarios y autoridades que por otro lado no aplican el convenio colectivo de trabajo, que despiden y atropellan todos los derechos de los trabajadores. ¿Hay ética en esos actos contra las y los trabajadores de la Universidad? La respuesta es no. Por lo tanto, no corresponde asignarle esa potestad a una Universidad que también es parte de ese entramado de decadencia y putrefacción.
Para terminar con los sótanos de la democracia y con la impunidad y corrupción de todo un sistema judicial y de conjunto de todo el régimen político, es necesario sostener una posición de independencia política, una posición propia de los trabajadores, docentes y no docentes de esta Universidad,