Para seguir reclamando que Milei cumpla la ley, hay que rechazar un nuevo apriete del gobierno y la entrega de los rectores.

En estos días, el gobierno de Milei y los rectores terminaron de negociar una propuesta a espaldas del movimiento docente que siguió la noticia por los medios.

Una propuesta que negocian dos patronales y cuyo resultado ofrece un aumento nominal que no llega a la mitad de lo conquistado por la Ley de financiamiento universitario (LFU), pero que representa menos del 8% de la deuda acumulada a junio según la misma ley, y promete seguir profundizando a futuro la pérdida del poder adquisitivo.

En efecto, se trata de un 21,33% nominal a junio, frente al más de 55% establecido por la LFU, sin tomar en cuenta ni los meses de noviembre y diciembre 2025, ni los primeros cinco meses de 2026, que suman una deuda de alrededor de cuatro salarios enteros. La propuesta incluye un 3% adicional recién para octubre, lo que no sólo no recorta la distancia con lo dispuesto en la LFU, sino que incluso será muy inferior a cualquier estimación de la inflación del cuatrimestre junio-septiembre. Finalmente, para ratificar esta tendencia a la baja, se incluye una paritaria trimestral sin la garantía de que el aumento compense al menos la inflación del trimestre, como marca la ley que hemos conquistado. Una entrega en toda la línea.

Pero hay más: anuncian que la propuesta debe ser firmada sin chistar este miércoles al mediodía, antes de que puedan llevarse a cabo el grueso de las asambleas de base, y antes del Congreso de la CONADUH, convocado para que sesione el jueves sobre la base de los hechos consumados.

Ellos lo disponen, lo proponen y encima hasta imponen los tiempos para que las federaciones lo avalen con sus firmas.

El gobierno exige además que no figure en el acta-acuerdo la manifestación del CIN y las federaciones de continuar litigando en la justicia por el cumplimiento pleno de la LFU. Aun cuando las demandas no se abandonen, firmar este acuerdo implica postergar indefinidamente el reclamo porque la cautelar se transforma en pólvora mojada, la cuestión de fondo todavía está en la primera instancia judicial, y además tanto el CIN como las conducciones de las federaciones ya hablan de tregua indefinida en el plan de acción.

Frente a esta propuesta que rechazamos por su contenido y método, nuestra exigencia es clara.

No pedimos nada que no nos corresponda. No exigimos nada que no hayamos conquistado en las aulas y las calles.

Por eso no entregamos ni derechos ni nuestra lucha.

Es simple.

Que la Justicia se expida sin más dilaciones y que Milei cumpla con la ley.

Los trabajadores docentes defendemos nuestro salario y la universidad pública frente a un gobierno que pretende su destrucción.

Agrupación Naranja