Desde comienzo del ciclo lectivo los docentes del colegio preuniversitario Manuel Belgrano, organizados en asambleas, sostienen un intenso plan de lucha atravesado por dos reclamos fundamentales: un aumento salarial del 35% y el cumplimiento del acta acuerdo arrancado al rectorado de Hugo Juri, tras la lucha del año pasado, en la que se prevé el efectivo ingreso a carrera docente de todos los interinos de la institución. Sumado a las medidas de paros nacionales convocados por CONADU y CONADU H., a las jornadas de paro del 6, 7 y 8 de marzo, y al paro nacional del 6 de abril, los docentes mantenían un estado de asamblea permanente exigiendo la reapertura de la mesa paritaria local. Luego de tres semanas de huelga los docentes impusieron la reapertura de la mesa, y resolvieron en asamblea dar continuidad al plan de lucha nacional por el salario en consonancia con las acciones de las centrales docentes.

En un arbitrario fallo judicial, el pasado 12 de abril el juez federal Alejandro Sánchez Freytes hizo lugar al amparo presentado por un grupo de padres de alumnos de la Escuela Manuel Belgrano, dependiente de la UNC. La resolución ordena “la suspensión del estado de asamblea dispuesto por los docentes” e intima a “las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y de la institución educativa mencionada arbitrar las medidas necesarias tendientes al cumplimiento de lo ordenado”.

Aludiendo a supuesta “doctrina tanto nacional como extranjera, (que) coincide con la necesidad de prevenir la huelga de los servicios esenciales –como la educación”, el juez Sánchez Freytes lanza toda una ofensiva contra el derecho a huelga de los profesores. El fallo de Sánchez Freytes falsifica la legislación vigente –la educación no es considerada “servicio público esencial” en Argentina– para encubrir a los gobiernos responsables del desguace de la educación pública, y a las autoridades universitarias ejecutoras del ajuste.

El fallo en cuestión es arbitrario e ilegal. Ataca el derecho de los trabajadores a reunirse, reclamar y hacer huelga, de rango constitucional. El fallo constituye prevaricato, porque el juez sabe de lo injusto e ilegal de su decisión, y corresponde la destitución del mismo.

En un cuadro creciente en la lucha de la docencia universitaria, este fallo tiene el objetivo político de golpear sobre el activismo que en Córdoba encabeza la lucha por el salario y contra la precarización laboral.

Los aprietes por parte de los directivos del colegio no se han hecho esperar. En el Consejo Superior ya se baraja la idea de avanzar en la aprobación de descuentos para todos los docentes que paren. Una asamblea docente frenó la presentación de las ‘listas negras’ solicitadas por la justicia.

Estudiantes y padres se solidarizaron rápidamente con la lucha docente. Una carta firmada por decenas de padres repudió el fallo de Sánchez Freytes, mientras la asamblea interclaustro del colegio, junto a un colectivo que reúne alrededor de 100 padres, prepara un festival para principios de mayo contra la persecución y en apoyo a la huelga docente.

Una mención especial merece el accionar de ADIUC. Su conducción kirchnerista se limitó emitir un comunicado de repudio al fallo. No podía ser de otra forma, ya que se trata de la misma conducción que luego de la multitudinaria Marcha Federal bajaba a la asamblea del Belgrano para apretar a los docentes para que levantaran el estado de asamblea permanente.

El ataque a los preuniversitarios no puede leerse como un exabrupto de un juez que desconoce los derechos más elementales de los trabajadores. El fallo se inscribe en toda una línea de ataque a las luchas, por parte gobierno nacional y los gobierno provinciales. Días antes de este falló se conoció el intento de judicializar a los investigadores y becarios de CONICET, a raíz de una denuncia realizada por el directorio local, debido a la ocupación del CCT en diciembre pasado.

La defensa del derecho a huelga de los docentes del Belgrano es un punto estratégico para el desarrollo de la lucha en la UNC. La huelga y la movilización es la única herramienta con la que cuenta la comunidad universitaria para defender la educación pública. Así es entendido por la docencia que se prepara para una semana de paro (del 8 al 12 de mayo) y una nueva marcha federal. Impulsemos una fuerte campaña de movilización en todas las unidades académicas contra los ataques a los docentes del Manuel Belgrano.