A 310 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los trabajadores de todas las universidades nacionales volvemos al paro exigiendo inmediato cumplimiento de la ley.

En esta ocasión salvo Apuba y Aduba, sindicatos que responden al Rectorado de la UBA, todo el resto de las federaciones docentes y no docentes nos sumamos a esta nueva medida de fuerza. Una clara demostración de la inmensa bronca que recorre cada oficina, taller, laboratorio o sala de profesores, y que obliga al frente de gremios universitarios a coincidir favoreciendo así la medida. Justamente la semana pasada, luego de decidirlo en congreso, sólo la Conadu Histórica continuó con medidas de fuerza. Todo el resto siguió apostando a la dispersión y desmovilización.

A julio 2026 el gobierno nos debe 31,2 % y el pago de una deuda equivalente a 4,2 salarios, más los aumentos a las becas estudiantiles y el presupuesto para funcionamiento.

Si llegamos a esta crítica situación no es porque este poder ejecutivo, atravesado por casos de corrupción junto a un malestar social creciente, tenga poder para incumplir una ley por sí solo. Contó con colaboraciones imprescindibles. Por un lado, apoyado en el acta firmada el 10 de junio con el Consejo de Rectores y las burocracias sindicales docentes y no docentes, argumenta que está cumpliendo con la ley al haber pagado sólo un 21,3% de la deuda salarial. Nada para becas y nada para funcionamiento. En esa oportunidad sólo Conadu Histórica rechazó firmar como resultado de un congreso donde impusimos, de acuerdo a mandatos de asambleas de varios sindicatos, el rechazo y la denuncia del operativo de dilación a través de la firma del acta.

La otra gran ayuda viene del lado de la Justicia, que semana tras semana se agarra de distintas excusas para seguir dando tiempo al gobierno. Ya pasaron dos meses del fallo de la Corte Suprema sin que ordene la ejecución.

Todas estas maniobras y salvavidas atentan contra el aumento salarial que hemos conquistado para nuestros salarios y becas. Ahora se acerca el debate del presupuesto 2027 dónde, al igual que sucedió el año pasado, Milei intentará que se apruebe un artículo que desconozca la deuda en defensa del equilibrio fiscal que pretende mantener sobre las espaldas de los trabajadores y el vaciamiento de la salud, educación, la ciencia y tecnología.

Por eso más que hay que sostener todas las medidas de lucha necesarias para ganar e imponer la aplicación de la ley. En ese camino parar con todo este 27 y 28. Y convocar ya a una nueva marcha nacional en conjunto con los trabajadores de ciencia y tecnología.