A partir del fallo de la Corte Suprema del jueves 25 de junio, el gobierno tiene la obligación inmediata de actualizar por inflación los salarios de las/os trabajadores de las universidades nacionales, equiparando su poder adquisitivo con los de noviembre 2023.

Esta actualización debe hacerse efectiva en los salarios mensuales a partir de noviembre 2025.

Asimismo, el PEN tiene la obligación de recomponer el valor de todas las becas estudiantiles universitarias.

En lugar de allanarse a lo que dispone una y otra vez el Congreso y la Justicia, ahora el gobierno de Milei solicita que se deje sin efecto la medida cautelar que previamente apeló y perdió en todas las instancias.

El "argumento" es que el acta firmada el 10 de junio entre el gobierno, el CIN y la mayoría de las federaciones gremiales universitarias (con la excepción de la CONADU Histórica), sería un acuerdo de satisfacción de las partes que incluye los puntos de salarios y becas protegidos por la cautelar.

Esta acción del gobierno muestra a las claras que el acta-acuerdo del 10-6 era una trampa preparada por el propio gobierno y que contó con la necesaria complicidad de todos los firmantes.

La tarea ahora es preparar la huelga, con asambleas en todas las universidades, hasta conquistar la plena y efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.