Tal como venimos señalando en notas recientes, los organismos oficiales de educación superior universitaria preparan el terreno para implementar el denominado “sistema dual” que combinará presencialidad y virtualidad en las universidades nacionales.

En esa dirección e intentando instalar discursivamente un escenario de “pospandemia”, durante los últimos días el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizó reiteradas publicaciones desde su cuenta oficial en Twitter donde afirma que “en gran parte de los distritos del país, la mayoría de las y los estudiantes de nuestro sistema ya integran los grupos establecidos por las etapas de la campaña de vacunación”. Sin embargo, el CIN omite informar que a la fecha solo el 13% de la población del país fue inoculada con las dos dosis de vacunas contra el Covid-19.

Por su parte la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde su Secretaría de Asuntos Académicos, publicó un documento marco titulado “Alternativas para la reanudación de las actividades presenciales en la universidad”. Centralmente el documento plantea que “durante un tiempo coexistirán actividades presenciales y actividades desarrolladas de manera remota; es decir, será un escenario con modalidades de enseñanza híbridas”. Bajo esa caracterización se traza un escenario “flexible” y de “segmentación de estudiantes” dependiendo de la naturaleza del trabajo requerido en cada asignatura. En cuanto al trabajo docente, a partir de establecer una tipología de asignaturas, se proyecta que “la estrategia pedagógica mediada puede requerir distintas dinámicas de organización al interior de los equipos docentes”.

Sin embargo, este documento se encarga prolijamente de ocultar que a un año y medio del comienzo de la virtualización forzosa ni el gobierno nacional ni las propias casas de estudio han invertido un solo peso en equipamiento y conectividad gratuita para docentes, estudiantes y no docentes. Mucho menos para garantizar las readecuaciones de infraestructura necesarias para el retorno a las actividades presenciales.

En verdad, el propósito de fondo -no explícito- de las autoridades es imponer una “nueva” lógica de acrecentamiento privatista, mercantilista y de precarización educativa. Para ello, apoyándose en la crisis educativa profundizada por la pandemia, buscan avanzar en una mayor precarización laboral para docentes y no docentes; fragmentar la organización colectiva de los distintos claustros; el vaciamiento de contenidos teóricos y prácticos en las carreras de grado; y, en paralelo, aumentar la demanda y venta de servicios educativos a través del crecimiento en la matrícula de las carreras de posgrado; la exclusión de miles de estudiantes y docentes de la vida social y política universitaria; y el “ahorro” presupuestario en infraestructura edilicia, becas, alojamiento y comedores.

Insistimos con este planteo: la actual crisis educativa no tiene salidas virtuales o semi-virtuales. La salida pasa por terminar con el ajuste del Estado, cesar el pago de una deuda externa usuraria e ilegítima y de los subsidios al capital. Pasa por el real incremento de los salarios y del presupuesto universitario, por la aplicación del convenio colectivo de trabajo, la formación gratuita en servicio de docentes, la vacunación completa para toda la población y por el mejoramiento integral de todas las condiciones de la clase trabajadora.

Para nosotros la organización colectiva de docentes, estudiantes y no docentes es quien puede impedir la realización de este nuevo avance mercantilista sobre la educación pública universitaria.