Lxs docentes, estudiantes, graduadxs, no docentes de las diferentes Universidades Nacionales e integrantes de la comunidad en general queremos hacer público nuestro más enérgico repudio a la criminalización de las docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, Victoria Naffa y Virginia Naffa, por parte del Juez Federal de General Roca Hugo Greca. El 5 de octubre el juez dictó su procesamiento a partir de la denuncia efectuada por autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro, Carlos Arzone y Paola Cerutti, funcionarios de la gestión a cargo de Juan Carlos del Bello, por la toma del vicerrectorado llevado a cabo por una asamblea interclaustro en el marco de las protestas en contra del ajuste y la crisis que enfrentan las Universidades Nacionales.

Los delitos por los cuales las docentes fueron procesadas son los “de usurpación por despojo (Art.181 inciso 1º del Código Penal) en concurso real con coacción agravada por el fin perseguido ante miembros de los poderes públicos en calidad de autoras”, que alcanzan penas de más de 10 años de cárcel efectiva.

Entendemos que la medida adoptada por el juez Greca se enmarca en el contexto de las políticas del gobierno nacional de acallar cualquier acción de protesta que cuestione las políticas de ajuste y precarización, que la gran mayoría de la comunidad universitaria viene enfrentando con diferentes acciones en todo el país. Al mismo tiempo, nos alarma la liviandad con la que sugiere a las autoridades de la Universidad a instruir actuaciones administrativas en relación a los hechos en contra de las docentes, además de embargarles el sueldo y dictaminarles reglas de conducta.

Consideramos que el procesamiento de las compañeras constituye un antecedente inadmisible de criminalización de la protesta, de intromisión del poder judicial y las fuerzas represivas en la autonomía universitaria y de disciplinamiento por la vía de la sanción ejemplificadora de quienes protagonizan desde la docencia acciones de oposición y lucha política.

Solicitamos a las autoridades de la Universidad que se abstengan de posibilitar la intromisión del sistema penal en la dinámica universitaria en la que debe primar la autonomía para la resolución política -y no punitiva- de los conflictos, rechazando la sugerencia de inicio de sumarios. Por su parte, al Juez Greca le solicitamos que cese en la criminalización de la docencia universitaria.

Toda nuestra solidaridad y apoyo a las compañeras criminalizadas por luchar.

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