Por iniciativa de la Agrupación Nacional Naranja de docentes universitarios e investigadores, el Plenario de Secretarios Generales de la Conadu Histórica y dos asociaciones de base de la Federación –la AGD UBA y Adunlu- se pronunciaron contra las auditorías que ha pergeñado el gobierno del FMI contra los trabajadores desocupados.

Al anunciar sus primeras medidas, Sergio Massa ratificó la idea de avanzar en la organización de una auditoría sobre el funcionamiento del programa Potenciar Trabajo a cargo de las universidades nacionales. Con el involucramiento del Ministerio de Desarrollo Social, de Educación y de los intendentes del Conurbano, el gobierno estaría ultimando los detalles legales para que las universidades firmen el convenio.

Los primeros en hacerlo fueron las autoridades de la universidad de Hurlingham –donde fue rector Jaime Perczyk, actual ministro de Educación-, de la Unlpam –cuyo rector en licencia es Oscar Alpa, actual secretario de Políticas Universitarias-, de la UTN –que nos tiene acostumbrados a sus negociados con empresas, multinacionales y el Estado-, de la UBA –con la firma del vicerrector, Emiliano Yacobitti, dirigente de UCR-Evolución-, entre otras universidades. Esto muestra claramente que son las autoridades universitarias de los dos bloques –oficialismo y oposición- las que atacan al movimiento de trabajadores desocupados.

Instrumentos de control social

Esta ofensiva del gobierno peronista se da en el cuadro de una campaña de deslegitimación y estigmatización de las organizaciones sociales de trabajadores desocupados, independientes del Estado. Desde los medios, que sobreabundan en consideraciones incluso racistas, hasta los funcionarios que pretenden desacreditar las luchas que se despliegan en todo el país. En primerísimo lugar, la vicepresidenta Cristina Fernández, quien denuncia la “tercerización”, pero no la que lleva adelante el Estado en todos los organismos públicos ni la que aplican las grandes empresas tercerizadas, sino las que supuestamente ejercerían las organizaciones sociales. El reino del revés: a quienes luchan por conquistar sus derechos a un ingreso o a un trabajo digno se les imputa una práctica de negreo laboral que ejercitan el Estado y el mercado. Pero esta ofensiva, además, está en consonancia con la profundización de la persecución judicial de luchadores en todo el país.

Por eso, el comunicado de la AGD plantea que los docentes universitarios “no seremos instrumento del control social que impulsan el FMI, el gobierno y los rectorados que han firmado estos convenios”. Bajo los eufemismos de “control”, “relevamiento” y “recopilar más datos”, el gobierno pretende disciplinar al movimiento piquetero, al tiempo que procura legitimar esta tarea de policía de trabajadores con la participación de las universidades que “aportarían el recurso humano”, según Zabaleta.

Otra vez el reino del revés: en el país de la deuda externa, en el de la fuga serial y de los evasores, en el de las quiebras fraudulentas, en el de los negociados de las obras públicas, en el de las de servicios privatizados y los bancos que se la siguen “llevando en pala”, en el país en el que domina el trabajo ilegal y sobreexplotado; el gobierno “nacional y popular” dispone auditar los planes Potenciar Trabajo. Un escándalo político, pero también moral.

No en nombre de la docencia universitaria

Los planes, que ahora concentran todo el ataque del gobierno en línea con los condicionamientos del acuerdo con el Fondo, no han sido una graciosa concesión de un gobierno sino el resultado de una conquista en las calles por parte de las organizaciones de desocupados. En este sentido, apoyamos tanto sus reclamos y luchas como los métodos de organización que se han dado.

La Naranja seguirá impulsando más pronunciamientos de rechazo de la docencia universitaria que pone su conocimiento no al servicio del capital sino al de las mayorías populares.