En los últimos días se ha difundido un proyecto de decreto oficial del Ministerio de Salud de la Nación para reformar la actual reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657). En términos estratégicos, principalmente, el proyecto apunta a realinear “la letra chica” de la reglamentación vigente de la Ley 26.657 bajo las recetas y esquemas del “poder psiquiátrico” y las corporaciones médicas y farmacéuticas, las cuales habían quedado parcialmente diluidas tanto en la Ley Nacional de Salud Mental como en su reglamentación. Además, no solamente mantiene sino que para peor profundiza los aspectos privatistas de la reglamentación vigente sancionada por el kirchnerismo en el año 2013 (luego de haber aprobado la Ley de Salud Mental en noviembre del 2010).   

La Avanzada Restauracionista de Macri en la Salud Pública y Mental

El anuncio del decreto de modificación de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental se produce a semanas de la presentación oficial del proyecto de Reforma de Salud CUS (Cobertura Universal de Salud) del Gobierno Nacional de Macri, que como venimos denunciando desde el Partido Obrero se presenta como una gravísima avanzada privatista contra la Salud Pública y el Hospital Público.

La reforma del macrismo para la salud mental tiene dos caras. Por un lado, pretende restaurar mayor poder de las corporaciones médicas, diluyendo algunos puntos claves del espíritu de la Ley 26.657 vinculados a los derechos de los usuarios (comúnmente llamados “pacientes”) - especialmente en situaciones de internación voluntaria e involuntaria-, los abordajes interdisciplinarios en los servicios de salud de hospitales, centros y dispositivos comunitarios- y la sustitución de los hospitales monovalentes en salud mental (neuropsiquiátricos o “manicomios”) por dispositivos psicosociales y comunitarios contemplados en la letra de la Ley, o por los mismos hospitales generales existentes.  

Además, esta avanzada restauracionista profundiza el camino hacia el negocio de la gestión y tercerización de dichos dispositivos -elemento que ya estaban contemplado en la reglamentación del otrora Gobierno kirchnerista-. Por caso, en el presente proyecto que denunciamos, la reglamentación del Artículo 27 de la Ley 26.657  estipula que: “se aceptará como parte de los dispositivos alternativos a los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, ya sean públicas o privadas…”  De esta manera, la corporación médica (pública y privada) queda reconocida como casi gestora exclusiva de “dispositivos alternativos” (casas de medio camino, centros de día, hospitales de día, hospitales de noche).

El “realineamiento” paradigmático sanitarista de Macri con el “discurso médico hegemónico” ya cuenta con sus antecedentes: el nombramiento en la Dirección Nacional de Salud Mental del Dr. Andrew Blake, -lobbista  de las corporaciones médicas y promotor de las “neurociencias”-, la Resolución 1003 (julio del 2016) del Ministerio de Salud de la Nación, que dejaba sin afecto la Resolución 1484 (septiembre del 2015) -la cual indicaba “asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos”- y el proyecto oficial en la Ciudad (hasta ahora trunco) de reconvertir a los hospitales Borda y Moyano en un “Polo de Neurociencias”,  denunciado oportunamente por el Legislador porteño del Partido Obrero-FIT Marcelo Ramal. 

El kirchnerismo frente a la avanzada de Macri

Mientras que la tarea para todo el ámbito de la salud mental consiste en dar una pelea para tirar abajo esta reforma reaccionaria, la cual se inscribe en el “paquetazo” de reformas antipopulares anunciadas por Macri en el CCK a horas de su triunfo electoral (Reforma Laboral antiobrera, Reforma Previsional, Reforma Impositiva, Reforma en Salud-CUS, Reforma Educativa), organizaciones referenciadas con el kirchnerismo –con el CELS a la cabeza- acaban de publicar una declaración donde proponen debatirla.

Al igual que con la reforma educativa, enumeran las irregularidades de la propuesta macrista para pasar, inmediatamente, a reclamarle espacios de diálogo, participación y consenso, incluso bajo el formato de rediscutir toda la Ley de Salud Mental en el Congreso de la Nación. Esto incluso cuando la mayoría de los Senadores del “viejo bloque kirchnerista” vienen de votar más de 80 leyes del macrismo contra los intereses populares.
 
A pesar de las enormes ilusiones que la sanción de la Ley y su reglamentación despertaron, durante el gobierno kirchnerista se estuvo muy lejos de avanzar en una verdadera transformación desmanicomializadora en el campo de la Salud Mental. No sólo no se construyó un solo efector o dispositivo alternativo bajo la gestión pública del gobierno anterior, sino que lo poco que se implementó en relación a abordajes comunitarios y de “desintitucionalización” fue sobre la base de la tercerización estatal en Fundaciones y ONGs (muchas de ellas vinculadas con la Iglesia Católica e inclusive establecido en la Ley y la -hasta hoy- reglamentación vigente) y la precarización laboral absoluta de trabajadores y profesionales no médicos (psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos y comunitarios, etc.). Esta precariedad, sumada a la ausencia de reformas estructurales, pavimentó el camino a la reforma que ahora pretende aplicar el macrismo. De hecho, durante años y ya sancionada y reglamentada la Ley 26.657, el hoy gobernador de Tucuman Juan Manzur –un lobbista de los pulpos farmacéuticos y la medicina privada- como Ministro de Salud de Cristina Fernandez de Kirchner fue quien se encargó de cajonear la implementación de cuanta instancia progresiva estaba contenida en la Ley.

Contra la Privatización Macrista del Sistema Público de Salud

La lucha por cualquier transformación “desmanicomializadora” en la Salud Pública y Mental en nuestro país sobrepasa los límites de la batalla cultural de “discursos” y “paradigmas” teóricos o sanitaristas y se inscribe en la lucha por un Sistema Único, Estatal, Público y Gratuito para todos nos niveles de atención (Primaria, Secundaria, Terciaria) bajo la gestión y el control de trabajadores y usuarios. La próxima batalla que darán en las calles los gremios combativos, sindicatos clasistas y agrupaciones obreras antiburocráticas en nuestro país  contra el “megapaquetazo” antiobrero de  Macri  (pactado con la CGT y el PJ) puede -y debe- convertirse en una oportunidad para que los luchadores del campo de la Salud Mental saquen sus conclusiones sobre experiencias pasadas y se sumen a una perspectiva de conjunto por una verdadera transformación social sobre nuevas bases. 

Luciano Arienti y Hernán Scorofitz