La educación pública en Argentina, en todos sus niveles, presenta en la actualidad un cuadro de crisis histórica que es la resultante de varias décadas de políticas gubernamentales anti-educativas. La reducción de los presupuestos nacionales y provinciales, el avance del sector privado, la pauperización del trabajo docente y los altos índices de repitencia y expulsión escolar, son tan solo algunos de los componentes de esta crisis.

En este breve artículo presentamos y analizamos, educativa y políticamente, diversos indicadores correspondientes a los niveles de educación obligatoria y universitaria en Argentina. Finalmente, proponemos al conjunto de la docencia universitaria un plan de acción común como aporte y herramienta a la construcción de una organización independiente de la docencia universitaria que nos permita impulsar una gran lucha colectiva contra todas las políticas anti-educativas de los gobiernos y los organismos internacionales de crédito.

Primera parte: crisis histórica de la educación pública en Argentina

Tal como se expuso en el Documento Resolutivo del “XV Congreso Nacional de Tribuna Docente”[1], nuestro país atraviesa por una crisis histórica de la educación pública:

Los gobiernos nacional y provinciales, sus partidos, y las ONGs y medios a ellos vinculados están en una guerra cruzada para deslindar responsabilidades, luego de conocerse datos alarmantes de la descomposición educativa a la que condujeron al país. Tanto del lado del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

La crisis de educación refleja la crisis capitalista mundial y el ataque de la burguesía hacia las masas, dirigido a reducir los presupuestos, ampliar el negocio de privatización y degradar la educación a los requerimientos de los nuevos procesos de trabajo precarizado. Las pasantías de Larreta y el secundario devaluado de Sileoni ejemplifican esta orientación. (…) ese derrotero antieducativo tiene alcances más profundos aún, en medio del ajuste fondomonetarista del gobierno del Frente de Todos y de JXC. A la política de los gobiernos capitalistas, se suma el colaboracionismo de la burocracia sindical de Ctera, completamente integrada al estado y al gobierno, que no sólo contiene a la base docente mediante la férrea regimentación de los sindicatos sino que además es parte directa de la gestión del ajuste, con ministros y funcionarios distribuidos a nivel nacional, provincial y hasta municipal.

En este cuadro general, (…) de cada 100 alumnes, sólo 16 terminan el secundario en tiempo y forma, información que oculta que a partir de segundo o tercer año, el abandono supera al 50% de la matrícula. Es una tendencia general, que afecta a la base y a la cúspide de la pirámide de la educación[2]. La matrícula del nivel primario en la Argentina descendió un 2,5% entre 2004 y 2020, y son cifras desactualizadas. En la otra punta, solo 1 de cada 10 jóvenes pertenecientes al estrato social de ingresos más bajos cursa estudios universitarios. Si se consideran también las carreras terciarias, se observa que sólo el 17,5% de los jóvenes más pobres. Las familias trabajadoras, están siendo expulsadas de la educación pública y/o son víctimas de una educación cada vez más devaluada, desfinanciada y precarizada.

La educación acompaña la pauperización de la clase obrera, que supera en promedio al 40% de la población, pero que en los sectores más golpeados trepa al 54%, y el 17% de indigencia (INDEC). Dos de cada tres niñes/adolescentes es pobre.

Los salarios docentes en todo el país están por debajo de la línea de la pobreza, avanza la precarización laboral y el avasallamiento de los derechos laborales (5° hora, desconocimiento de la jornada laboral docente), y la devaluación de las carreras en los profesorados.

La lucha de la docencia para quebrar el ajuste fondomonetarista del gobierno es parte de la lucha de toda la clase obrera que hoy está peleando. Así, en este el ciclo lectivo 2023, en 14 provincias no iniciaron las clases contra el ajuste de los Fernández, Massa y los gobernadores.

Segunda parte: crisis en las Universidades Nacionales a 28 años de la LES menemista

Luego de 28 años de vigencia de la Ley de Educación Superior (Nº 24.521)[3], en las universidades nacionales las consecuencias y sus efectos son múltiples y devastadores. La progresiva devaluación de la educación universitaria, para depreciar la fuerza de trabajo de egresados, docentes y no docentes. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) “vigila y castiga” cada currícula y descalifica las titulaciones e incumbencias profesionales vigentes. Se impuso el arancelamiento masivo en las carreras de posgrado e incluso en algunas tecnicaturas y carreras de grado.

El mentado cogobierno dio un salto cualitativo anti-democrático, fortaleciendo las camarillas que ejercen su poder “feudal” en las universidades. La autonomía es una caricatura en manos de estos grupos. El crecimiento exponencial de los negociados privados a través de la “generación de recursos propios” en cada universidad es la base material del sostenimiento y dominación de las camarillas.

Todo esto es el andamiaje institucional para la injerencia directa en los planes de estudio y en los proyectos de investigación científica de las corporaciones empresariales como químicas, laboratorios, bancos, mineras, petroleras y las compañías del agro-negocio.

La pauperización del trabajo docente y no docente (hoy el salario testigo no alcanza a cubrir ni la mitad de la canasta de pobreza) explican el sistemático desfinanciamiento presupuestario, ya que representan más del 90% de los gastos. En los últimos años, el promedio del gasto en transferencias a universidades como porcentaje de Producto Bruto Interno estuvo por debajo del 0,8% (Fundación Universidad, 2019, p. 2).

Este magro presupuesto es lo que lleva a que solo se gradúe el 26.9% de los ingresantes por carecer de becas, albergues, comedores y materiales gratuitos, transformando el ingreso irrestricto en una farsa. En promedio, el 51% de las y los estudiantes de universidades públicas nacionales no aprueba más de una materia por año, tan solo el 14,8% aprueba 6 o más asignatura (Fundación Universidad, 2019, p. 2).

Durante la virtualización forzosa en las universidades nacionales en tiempos de la pandemia de Covid-19, el gobierno nacional y las autoridades universitarias no invirtieron un solo peso en equipamiento y conectividad gratuita para docentes, estudiantes y no docentes. Tampoco en garantizar las readecuaciones de infraestructura necesarias para el retorno a la presencialidad. Por el contrario, el escenario real es el ajuste sobre el presupuesto universitario y ello se profundiza aceleradamente.

Según datos oficiales publicados por el propio Ministerio de Educación de la Nación en el año 2021, las categorías y dedicaciones docentes en las 57 Universidades Nacionales son las siguientes:

Categorías: Docentes Titulares: 8,9%; Asociados: 3,4% - Adjuntos: 29,1% - JTP: 29,1% - Ayudantes 1º: 28,4% - 2º: Ayudantes 5,4%.

Dedicaciones: Simples: 68,4% - Semis: 17.6% – Exclusivos: 10,5% – Otros 3.5%.[4]

Estos datos, sumado a los miles de docentes “ad honorem”, contratados e interinos, muestran a las claras un cuadro de enorme precariedad del trabajo docente universitario que se profundiza gobierno tras gobierno con la complicidad de las patronales universitarias.

Así, la LES impuso 28 años ininterrumpidos de vaciamiento educativo y pauperización laboral. En paralelo se incrementó, notablemente, la injerencia del capital privado multinacional sobre la educación del pueblo y el desarrollo científico y tecnológico. Los fondos de la empresa megaminera Alumbrera aceptados por la enorme mayoría de los gobiernos universitarios, las becas y pasantías para estudiantes de grado de Monsanto y Techint o la gravitación del Banco Santander Río son algunos ejemplos que muestran la enorme injerencia que tienen las multinacionales en la universidad pública argentina.

En el mismo sentido, desde organismos transnacionales como la Unesco, pretenden reactivar el debate sobre el acortamiento de las carreras de grado, en vistas de promover el negocio de los posgrados arancelados. Una versión tardía del ya fracasado “Plan Bolonia” de fines de los años noventa, repudiado tanto en Europa como en nuestra región.

Ante ello, en la universidad necesitamos confluir en un congreso de docentes, sindicatos, delegados y activistas para poner en pie un gran movimiento de lucha por la derogación de la LES, la Coneau y todas las resoluciones vigentes que facilitan y avalan la virtualización forzosa, la desvalorización de la educación, de los títulos y de la fuerza de trabajo de docentes, no docentes y graduados.

Tercera parte: actual situación salarial y plan de lucha de la docencia universitaria

En este 2023 la mayoría de la docencia universitaria y preuniversitaria del país se encuentra en lucha contra las actas salariales -cierre 2022 y primera parte 2023- de ajuste y pobreza que firmaron recientemente el gobierno nacional, el Consejo Interuniversitarios Nacional (CIN) y todas las burocracias sindicales integradas al Frente de Todos -Conadu, Fedun, Ctera, Uda y Fagdut.

El gobierno nacional busca imponerle al sector docente el techo salarial del 60%, para todo el año, pautado entre el ministro Massa y el Fondo Monetario Internacional. Lo que representa un nuevo golpe a los ingresos de lxs trabajadores que forma parte del plan de ajuste acordado por el gobierno con el FMI y aplaudido por toda la oposición de derecha, las patronales y con la complicidad de las centrales sindicales. En concreto, es una lucha contra los salarios de pobreza -el cargo testigo cobrará en abril $82.000 de salario básico- y el un plan de ajuste sistemático, que también golpea fuertemente sobre todas las obras sociales universitarias y sobre la docencia universitaria jubilada por los regímenes especiales del 82 y 85% móvil. Vale aclarar que en distintos documentos, el FMI expresó la necesidad de avanzar contra las jubilaciones, y específicamente contra los regímenes especiales por considerar que “el gasto en jubilaciones es muy alto respecto a otros países”.

La pérdida salarial acumulada entre diciembre 2015 y enero 2023 supera los 30 puntos. De este modo, según distintas estimaciones el sector registra una caída histórica del salario donde el nivel adquisitivo actual es inferior al de la década de 1990. Cabe recordar que el pico máximo fue alcanzado en 1987, producto del triunfo de la gran huelga universitaria que se extendió por más de 50 días en todo el país.

Al igual que en 2022, la mayoría de la docencia universitaria y preuniversitaria repudió la pauta salarial oficial. En esta oportunidad, al menos 35 asociaciones de base -27 de la Conaduh y 8 del Frente de Asociaciones de Base (FAB) opositor en la Conadu- mediante asambleas, reuniones de cuerpos de delegadxs y consultas, la rechazaron y votaron iniciar acciones de lucha.

La Conadu Histórica, cuyo frente de conducción también forma parte del FDT, por acción de sus asambleas de base en cada universidad, y del frente opositor “Lista Multicolor”, es la única Federación Nacional que rechazó los acuerdos salariales y votó en sus congresos y plenarios el comienzo de un plan de lucha y el no inicio de las clases.

Desde la Agrupación Naranja, en el frente Multicolor, llamamos a toda la docencia (afiliada a una u otra federación, o a ninguna) a sumarse activa y plenamente al plan de lucha de la Conaduh por la reapertura de la paritaria y la recomposición de nuestros salarios. Como nos mostraron las históricas huelgas de 1987, 2005 y 2018, las asambleas de base, la movilización docente-estudiantil y el paro activo, son los métodos para lograr romper la contención de todas las burocracias sindicales, romper el techo salarial impuesto por el gobierno-FMI, obtener todo nuestro pliego de reivindicaciones y detener las políticas anti-educativas que provocaron la actual crisis.

Documentos

Acta Paritaria Docente Universitaria 2023.

Documento Resolutivo del “XV Congreso Nacional de Tribuna” (febrero de 2023). Disponible en https://prensaobrera.com/sindicales/se-realizo-el-xv-congreso-nacional-de-tribuna-docente

Fundación Universidad. Radiografía de las Universidades Argentinas 2019.Buenos Aires: 2019. Disponible en https://libertad.org.ar/web/wp-content/uploads/2019/09/CISE_Radiografia_Universidades.pdf

Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2020-2021, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación, República Argentina. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis_2020-2021_sistema_universitario_argentino.pdf

“Solo el 16% de los alumnos terminan la escuela a tiempo y con el nivel esperado”. Artículo disponible en: https://agendaeducativa.org/solo-el-16-de-los-alumnos-terminan-la-escuela-a-tiempo-y-con-el-nivel-esperado/

[1] Este Congreso Nacional se realizó los días 25 y 26 de febrero de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[2] Para mayor información consultar en: https://agendaeducativa.org/solo-el-16-de-los-alumnos-terminan-la-escuel...

[3] Fue promulgada el 7 de agosto de 1995 bajo el gobierno de Carlos Menem. Se trata de una ley anti-educativa creada a medida del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el gran capital.

[4] Documento “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2020-2021”, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación, República Argentina.