La nota publicada por la agencia gubernamental Télam no tiene desperdicio: bajo el título “Las universidades nacionales diseñan incorporar la educación virtual en la pospandemia” (24/6), recoge los testimonios de las camarillas profesorales que gobiernan las universidades nacionales, quienes -al unísono- proclaman que el sistema de educación superior virtual “llegó para quedarse” y ya pergeñan “nuevas modalidades de cursada que se experimentaron durante el aislamiento ante la imposibilidad de las clases presenciales”. O sea: vienen por todo.

Relato de rectores

La delegada académica de la Facultad de Ingeniería de la UN Patagonia San Juan Bosco,  Susana Lauriente, expresó que “la virtualidad llegó para quedarse y adaptamos los reglamentos. El sistema de videoconferencia se usaba antes de la pandemia y se amplió para defender las tesis finales o en el área de extensión”. El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, destacó que “las nuevas herramientas, el asesoramiento de la Comisión Asesora de Educación a Distancia de la UNS y el compromiso del personal hicieron posible la creación de alrededor de mil aulas virtuales para darle continuidad a los estudios” y que con esto la universidad “logró ampliar las fronteras geográficas de la institución y su rol como elemento democratizador de la educación superior”. En la Universidad Nacional de Río Negro se adaptaron “los contenidos de las carreras al campus virtual y para ello, los docentes recibieron capacitación y se mejoraron las herramientas y recursos tecnológicos para garantizar los estándares de calidad de la educación superior.”

Y para no saturar, en la Universidad Nacional de Córdoba se trabaja en la “prioridad de la modalidad virtual y mudar la presencialidad como opción para consultas y profundizaciones temáticas”. La lista sigue con otros tantos relatos futuristas por parte de rectores o secretarios académicos.

El lado oscuro y precario de las universidades

Ni una palabra sobre las consecuencias del “experimento”. Es decir: la sobrecarga y el estrés laboral, la precarización de las condiciones de la docencia pre y universitaria, la persistencia del trabajo gratuito, las condiciones de lxs trabajadorxs a cargo de hijxs o adultos mayores, la falta de equipamiento y conectividad por parte de docentes y estudiantes, la altísima deserción de estudiantes por esos motivos y por situaciones ambientales, entre tantos otros agravios producto de la profunda desigualdad social que agrava la pandemia.

Ni una palabra tampoco sobre el hecho de que el experimento se hizo con un presupuesto congelado y devaluado desde 2019, con el recorte salarial por la no aplicación de la cláusula gatillo de marzo, sin horizonte de paritarias salariales y con la amenaza del pago en cuotas del aguinaldo.

¿Cómo podrían decir algo sobre todo esto si son los responsables de este cuadro de crisis de la universidad pública, los que convalidan y aplican el presupuesto de ajuste en cada una de las universidades o quienes validaron el acta de condiciones de trabajo del Ministerio de Educación que firmaron las burocracias sindicales?

Y omiten el negocio estratégico en el que están empeñados y que amenaza el carácter público de las universidades: los convenios con las corporaciones multinacionales de entornos digitales –cuyas licitaciones se guardan bajo siete llaves- y que serían las que garantizan la conversión forzada y digital de las universidades públicas. Cisco en la UBA, Google en La Plata, Microsoft en la UTN y siguen las grandes firmas.

Por un paro nacional

El futuro que diseñan y promocionan es una vuelta al más rancio pasado menemista de la Ley de Educación Superior, ¡que desde 1995 apoyaron todos los gobiernos de la democracia! Creciente mercantilización de la educación, mayor precarización laboral, salarial y presupuestaria, expulsión masiva de estudiantes.

Frente a ese futuro-pasado, la Agrupación Nacional Naranja llama a multiplicar las asambleas en todo el país, desde el entendimiento de que allí donde se convocan la bronca se convierte en protesta colectiva. Necesitamos dar inicio a un plan de lucha que arranque con un  paro de 24hs –en ese sentido se pronunciaron las asambleas de UBA, Luján y Tucumán- por aumento de presupuesto, paritarias libres para recomponer la pérdida salarial y por el pago íntegro del aguinaldo.

Tenemos que denunciar el acta de condiciones de trabajo que no garantiza derecho alguno. Con su firma, a espaldas del movimiento docente, las direcciones burocráticas de Fedun/Aduba, Conadu/Feduba, Ctera, Fagdut, han extendido un aval a este futuro regresivo que el Ministerio y los rectores pretenden imponer.

Por la defensa del programa que resolvieron las asambleas de base de la Conadu Histórica: derecho a las licencias y dispensas, plena vigencia de la libertad de cátedra, derecho a la optatividad de las modalidades de trabajo y evaluación en el cuadro de excepcionalidad que estamos atravesando, reconocimiento de los gastos (equipo, conectividad) que costeamos lxs trabajadorxs.