Según la Unesco, más de 863 millones de los 1.600 millones de niños y jóvenes que no pueden asistir a escuelas y universidades no tienen conexión o equipamiento para poder participar de la virtualización forzosa de la educación. En nuestro país el 40% de los hogares no tiene acceso a internet.

Esta realidad incontrastable ha llevado en los últimos días a las máximas autoridades (anti)educativas a recalcular sobre la implementación de un sistema condenado al fracaso de antemano.

Es así que el ministro Nicolás Trotta, el mismo rector de una universidad privada y enemigo de aplicar la clausula gatillo a los 190.000 docentes universitarios, ha declarado que “el momento de evaluar va a ser cuando volvamos a la escuela. Y no necesariamente lo que se hizo todas estas semanas o en estos meses que no se puede ir a clases”, fundamentando este posicionamiento en que “hoy el problema que tenemos es la profunda desigualdad… la desigualdad social, pero también está la del acceso a la tecnología y la económica” (La Capital, 25/4).

A confesión de parte relevo de pruebas, la virtualización forzosa improvisada y sin recursos se estrelló contra la realidad. Pero esto no fue solo un rayo en un cielo sereno. La “neoliberal” Soledad Acuña, que pretende congelar y pagar en cuotas los salarios docentes de CABA, dictó la resolución 1.577 del 5/5/2020 que ordena modificar “la agenda educativa dejándose sin efecto las fechas de cierre de bimestre, trimestre, cuatrimestre, según corresponda, en todos los establecimientos educativos, centros de gestión estatal y privada, de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, para seguir focalizando en la continuidad pedagógica”.

Por su parte, el Ministerio de Educación de Córdoba resolvió el jueves 30 de abril suspender las calificaciones de "cierre de trimestres, cuatrimestres, promedios y exámenes, según corresponda a cada nivel”, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. El ministro Wálter Grahovac que, al igual que sus colegas, despide docentes suplentes y precarios y paga salarios de pobreza, explicó “que tomaron la decisión porque poner notas ‘justificaría desigualdades’ ante la diferencia de acceso a las tecnologías y el acompañamiento familiar”, (Cadena 3, 30/4)

Insistimos: estos responsables de toda la legislación antieducativa, los despidos, los salarios de pobreza, el derrumbe de la infraestructura y las viandas escasas sin nutrientes básicos se estrellaron con la realidad de la imposible virtualización forzosa anulando las evaluaciones. Un final anunciado.

¿Qué pasa en la Universidad?

El 20 de abril el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las 57 universidades nacionales, fijó una clara posición en el informe “Las universidades y el compromiso de seguir enseñando”. Afirman que “no somos ingenuos y entendemos que para muchos va a ser difícil, no solo porque no cuenten con conexión a Internet o porque el celular disponible no alcance para participar en las actividades virtuales, sino porque la situación económica, social y de salud hace complejo el momento. Estaremos esperando a todos los estudiantes que no puedan o no quieran participar de la modalidad en el otro cuatrimestre. Pero queremos acompañar a todos los que sí puedan”.

En otras palabras, el CIN resuelve excluir a todos los estudiantes que no reúnan las condiciones tecnológicas, sociales y económicas para sumarse a la virtualización forzosa condenándolos al fracaso y la deserción.

Pero el CIN no sólo no persiste en su posición sino que la profundiza: acaba de publicar un nuevo informe, con fecha 28 de abril, titulado “Sugerencias para los exámenes finales y parciales a distancia en las universidades nacionales en el contexto del Covid-19”. Esto es, ratifica un planteo que excluye a los estudiantes y flexibiliza el trabajo de los docentes.

El documento reconoce “la masiva migración hacia diferentes entornos virtuales de aprendizaje. Surge de este proceso, la inquietud acerca de la evaluación, puesto que supone diversas instancias y modos de validación y acreditación de saberes”. Los diferentes entornos y las diferentes instancias no son más que eufemismos para el sálvese quien pueda que instalaron los rectores en todo el sistema universitario. La tecnocracia educativa de CIN tiene la audacia de dar recomendaciones generales desde el único lugar que le queda: una “autoridad normativa” que perdió toda legitimidad pedagógica.

El documento propone “organizar por semana las mesas examinadoras (de finales de las asignaturas de las carreras, con la intención de no concentrar en una misma semana todas las evaluaciones a fin de no congestionar las plataformas virtuales. Es importante distribuir para minimizar riesgos relacionados con el acceso y la conectividad a Internet. Tener en consideración que es necesario organizar los horarios y espacios virtuales para las defensas orales. No deben ser extensas por la conectividad”. Las propias consideraciones reconocen que no existen las condiciones materiales para poder tomar finales virtuales y se apoyan en la extensión del trabajo docente y en el fracaso (estrés) de los estudiantes que, mientras esperan o rinden su examen, pueden quedar “afuera” por el colapso de los sistemas. La irresponsabilidad de esta sugerencia solo es comparable con la inhumanidad de convertir una instancia de por sí traumática a la más completa incertidumbre.

En relación con las evaluaciones parciales sugiere “proponer instancias de producción y devolución durante toda la cursada. Herramientas: portafolios, bitácoras, informes completos en el aula virtual. Uso de herramientas Tareas y talleres o similar para Trabajos integradores encadenados, es decir, cada trabajo práctico va conduciendo a un trabajo práctico final integrador. Trabajos prácticos por Módulos”. En primer lugar, la sugerencia “normativa” atenta contra la libertad de cátedra de la docencia que durante años y décadas de experiencia áulica ha desarrollado y se han capacitado en sus herramientas de evaluación. Pero, además, esta propuesta, tal como está formulada, va un paso más allá: coloca a la evaluación (continua, encadenada) como el centro del proceso de enseñanza aprendizaje y no como una parte del mismo.

Estas “sugerencias” van tomando carnadura en la isla de la fantasía en la que las autoridades universitarias quieren imponer la virtualización forzosa. A la fecha, la UTN, una de las cinco universidades más pobladas del país y Ciencias Económicas de la UBA, la facultad con más estudiantes, han impuesto los exámenes virtuales.

Ante este avance del CIN y los rectores defendemos la construcción histórica y pedagógica de la presencialidad como condición para la formación del pensamiento crítico, la crítica del conocimiento, la creación y la investigación colectiva al servicio del pueblo trabajador y no de las necesidades del mercado y de los organismos multilaterales, las multinacionales, los gobiernos, los tecnócratas educativos y con la activa complicidad de las burocracias sindicales. Exigimos la derogación de la LES, la Coneau y todas las resoluciones vigentes que facilitan y avalan la virtualización forzosa.

Una salida para estudiantes y docentes

Ante lo resuelto por el propio Ministerio de Educación proponemos que el acompañamiento o vínculo pedagógico, mientras dure la cuarentena, sea optativo para docentes y estudiantes. En este sentido, no puede haber exámenes que definan calificaciones y acreditaciones, mientras dure la cuarentena, porque no están dadas las condiciones mínimas para una calificación del proceso de aprendizaje. La posible calificación, en las actuales condiciones materiales, supondría una mayor sobrecarga para los docentes y terminaría por consagrar la deserción y el fracaso de aquellos estudiantes que no pudieron conectarse o lo han podido hacer muy limitadamente.

En el menú caótico que impusieron rectores y decanos frente a un cuatrimestre completamente anómalo, hay docentes que llevan adelante algún tipo de virtualización de contenidos, hay otros tantos que apenas pueden establecer contacto, hay estudiantes que responden a la demanda como pueden, hay una enorme mayoría –como lo revelan todas las encuestas- que están decididamente fuera de juego.

¿Cuál es la salida entonces? ¿La que postula la tecnocracia de los rectores, esto es, que se siga como si nada ocurriera ¡en medio de una pandemia global y una cuarentena!, sobre la base de la supervivencia de los docentes y los estudiantes más equipados, con mayor capacidad de autonomía en sus hogares, con menor alteración de su ambiente familiar y laboral? ¿Profundizar el fracaso masivo de estudiantes y acreditar a como dé lugar un proceso de enseñanza inviable en las condiciones tecnológicas y de vida que atravesamos?

Junto al movimiento estudiantil –la FUA se pronunció en ese sentido en el Comité de Crisis- planteamos que se otorgue la condición de regular a todos los estudiantes inscriptos en materias. Esta medida excepcional, en un cuadro excepcional, es la única que atiende a la diversidad y, sobre todo, a las desiguales situaciones que padecen docentes y estudiantes. Comprende a aquellos que dan o pueden seguir una clase virtual –y cuyo reconocimiento bien puede contemplarse en una instancia final sin pérdida de derecho alguno. Pero, sobre todo, comprende a todos aquellos, docentes y estudiantes, que se vieron imposibilitados de conectarse o, incluso conectándose, no pudieron ni siquiera iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje.

En ese mismo sentido, deben anularse todas las penalidades (correlatividades, reinscripción, etc.), atendiendo a las limitaciones de gran parte de los estudiantes (por falta de equipamiento, conectividad, condiciones ambientales y familiares). Y las instancias de evaluación presencial, que se llevarán a cabo cuando estén dadas las condiciones sanitarias y mientras dure la regularidad, deben resolverse a partir de la más amplia consulta, sobre la base de respetar los derechos de los estudiantes, los no docentes y los docentes.

Los estudiantes y los docentes venimos luchando desde hace años en defensa de una universidad pública, gratuita, al servicio de las mayorías populares. Lo hacemos desde el entendimiento de que la desigualdad en el ingreso, permanencia y graduación de nuestros estudiantes depende menos de sus capacidades que de otras tantas desigualdades de base que determinan la deserción y el fracaso académico. En otras palabras, no promovemos la ilusión de una presencialidad universitaria igualadora. Pero, con la misma convicción, denunciamos que la política del CIN de imponer una educación y evaluación virtuales, en estas condiciones, agravará la curva de la deserción, hará masivo el fracaso de la mayoría de nuestros estudiantes y colocará a los docentes frente a una doble imposición: a la sobrecarga laboral y también al fracaso, ya que todos podemos anticipar los resultados de una evaluación on line forzada en tiempos de pandemia. A los burócratas educativos, a quienes no les importa el proceso como lo vienen manifestando y administrando, menos les interesan esas consecuencias catastróficas que conocen y pretenden descargar como responsabilidad en la docencia. Respondamos masivamente: no en nuestro nombre.