"El principal desafío es garantizar la continuidad educativa para que no se profundice la desigualdad", dijo el ministro Trotta respecto a los desafíos que motorizan la continuidad de las clases más allá del aislamiento social, preventivo y obligatorio en medio del coronavirus. Es una definición que viene repitiendo desde la suspensión de clases y que encierra el reconocimiento de que todos los gobiernos capitalistas han sostenido políticas económicas, sociales y educativas que sólo generaron una profunda desigualdad social, que ni él ni su gobierno asumen como tarea a revertir.

El acceso a una educación devaluada para las masas es una condición del capitalismo para contar con mano de obra barata y abundante, ante un cuadro de desarrollo tecnológico que hace más elemental y reemplazable el trabajo obrero,  y ante una crisis capitalista que va a una debacle generalizada,  como fue la depresión de 1929.

Sin embargo, en tono laudatorio, en el diario del patrón del ministro Nicolás Trotta en la Universidad Metropolitana del Trabajo, Víctor Santamaría, se señala que “ante la disparidad de recursos web en las provincias, un estudio indica que el portal nacional “Seguimos Educando” sostiene la enseñanza”, ya que “para garantizar un piso de trabajo para todo el país, la mitad de las provincias ni siquiera tenía áreas destinadas a la educación digital” (Página/12, 15.04). Y más incluso: “La producción de herramientas y materiales de apoyo para que los docentes y estudiantes puedan seguir enseñando y aprendiendo durante la pandemia fue así, durante el primer mes sin clases presenciales, muy dispar en los 24 distritos de la Argentina” (ídem).

Las aseveraciones, contradictorias con las conclusiones que se saca de ellas,  surgen de un relevamiento realizado por el “Centro  Atenea, de Estudios para el Desarrollo Nacional”, cuya misión, según su página web, es “construir un espacio de debate, intercambio y producción de ideas y contenidos necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población a través de la generación de una red que integre a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, asociaciones civiles, organizaciones sindicales, cámaras empresariales y universidades”. Como la UMET, la adaptación de la educación a los intereses de las “cámaras empresariales”, bajo la colaboración de las “organizaciones sindicales”.

Nada indica que se vaya a revertir  esa disparidad en los meses de pandemia que siguen.

Si no es para el ascenso social y educativo, para qué es la virtualidad

El centro “nac y pop” de estudios para el desarrollo nacional demostró en su relevamiento que aún en aquellas provincias en las que hay alguna plataforma de aula virtual, no tienen el piso tecnológico necesario para permitir la interacción entre alumnos y profesores, y que por ello  “el uso de internet se parece así a una biblioteca y tiene poco de herramienta de intercambio o comunicación” (ídem). Esto fue así durante los 12 años de gobierno kirchnerista, cuando fueron repartidas millones de computadoras. La inmensa mayoría de las escuelas carecían de la conectividad necesaria para aplicar la virtualidad en el trabajo de sus aulas.

Asimismo,  en la medida que esas mismas herramientas, de existir, sólo se potencian con la conexión docente-alumno, se reafirma que la virtualidad en la actividad pedagógica tiene un valor complementario, y que las clases presenciales son centrales. Mal que les pese a capitalistas y gobiernos, el “valor pedagógico” en la educación lo establece sólo el vínculo fluido de los docentes con sus alumnos.

En estas condiciones, ni las “herramientas” digitales del sitio “Seguimos Educando”,  ni los programas de televisión ni las clases radiales para zonas rurales pueden compensar esta realidad.

Para súper explotar a la docencia

Por ello, los que sí compensaron esa disparidad fueron los docentes, en base a un mayor trabajo –superior al que les corresponde por sus cargos-,  y a costa de sus equipos, su wifi, y el tiempo  extra,  para armar en forma casera suertes de clases virtuales que le son exigidas por inspectores y directores, especialmente en el nivel secundario, terciario y universitario, pero incluso en los niveles inicial y primario.

Esto se hace a costa de la defensa de la privacidad de sus hogares. “A pesar de que el uso de internet es extendido en nuestro país, la mayoría de los accesos se realiza desde teléfonos celulares”, dice Atenea, lo que ha hundido a la docencia en la pérdida de su privacidad y en víctima de consultas, demandas y todo tipo de pedidos  de parte de padres y alumnos. Se ha obligado, además,  por estos métodos a miles a los docentes de todo el país,  a realizar seguimientos y relevamientos de conexión de alumnos (una suerte de registro de presentismo y a la vez de investigación acerca de la conectividad de la comunidad educativa, que el Estado no hizo): “En este contexto es muy importante que las instituciones hayan podido nominalizar a sus estudiantes y puedan saber con claridad quiénes pueden tener un acceso por internet al proceso de enseñanza y quiénes no. En todo momento, la DGCyE mantendrá la doble vía de trabajo, a través de la conectividad y en papel” ( Circular Técnica N° 1/2020, de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires).

Esta avanzada antiestatutaria y antilaboral pretende convertir rápidamente a los trabajadores de la educación en los nuevos esclavos de estos “Tiempos Modernos”. En la educación privada, la presión de las patronales es todavía más acuciante.

En primer lugar, entonces, la virtualidad está siendo utilizada por el Estado y los capitalistas de la educación para imponer en la docencia una brutal reforma laboral, a costo cero, que sepulte al Estatuto del Docente.

Para eliminar la libertad de cátedra y regimentar a docentes y estudiantes

En las cátedras de profesorados, pero especialmente de universidades, aún cuando el gobierno señala que no puede revertir las dificultades ya señaladas, los profesores y alumnos han sido obligados a sostener una cursada virtual inviable. El agobio de profesores ya ha hecho aparecer múltiples casos de estrés laboral que requieren de atención médica, y los alumnos se quejan masivamente de no poder sostener en el cuadro extremo de esta crisis sanitaria y cuarentena, los requerimientos y tareas que –obligados- sus profesores les envían.

Pero además, titulares de cátedra, jefes de departamentos, se filtran en las plataformas educativas para controlar y modificar contenidos y trabajo que elevan los docentes, exigir tiempos de trabajo excedentes a las comisiones o cursos a cargo, o de anotan como alumnos para registrar también policialmente la situación del alumnado.

Quieren profundizar y perpetuar la educación a distancia

La misma circular señala que “ésta también será una ocasión para repensar la temporalidad de manera productiva, en diálogo con las características de la vida contemporánea y las condiciones de vinculación cultural de lo/as adolescentes y jóvenes”. 

Las promesas de instalar aulas virtuales, acompañamientos técnicos y didácticos, formación especial docente quedan sepultadas por la implantación sin ninguna de esas condiciones del cuadro actual de “educación virtual”.

Pero estas afirmaciones, envueltas en la excusa de la necesidad de la pandemia, son testimonio del objetivo de aprovechar la situación para avanzar en una devaluación de la práctica docente, expresada en las Escuelas Secundarias 2030 del ex ministro macrista Alejando Finocchiaro, que hoy se llevan a la práctica por el ministro Nicolás Trotta, y los lineamientos del “Plan Maestro” del período de Macri, votados por todos los ministros de educación del país ( mayoritariamente hoy integrantes de los gobiernos del Frente de Todos) en el Consejo Federal de Educación.

En esto reside la “continuidad pedagógica” que defiende el ministro Trotta.

La educación a distancia es un reclamo de hace décadas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), un organismo fundado por los países imperialistas en la década del ‘60 del siglo pasado, y que ha exigido la apertura de la educación de la Argentina a los grandes capitales que dominan la enseñanza digital, de carácter unidireccional y bajo los contenidos y protocolos impuestos por los países miembros. Es una escala superior en la mercantilización y devaluación educativa, y un claro proceso de colonización cultural, que la docencia combativa siempre ha rechazado.

En Defensa de la educación pública y los derechos de docentes y estudiantes

La docencia nacional no obstaculiza ninguna continuidad pedagógica en el marco de esta pandemia. Los ejemplos vertidos demuestran exactamente lo contrario. Pero rechazamos que esta actividad pedagógica de acompañamiento en una situación tan grave pueda reemplazar a la educación que dictamos en las aulas. Rechazamos la circular quiere implementar la DGCyE bonaerense, según la cual “cabe señalar que no vamos a dejar de lado los temas incluidos en los diseños curriculares o la acreditación del primer trimestre del año. Sin embargo, estos temas están siendo analizados y serán trabajados en próximas comunicaciones habiendo avanzado el recorrido de los contenidos planificados. Tal como se expresa en los cuadernillos de continuidad pedagógica, a través del registro de lo producido y la preservación de los materiales realizados por docentes y estudiantes en este período, se podrá organizar la evaluación del avance de los aprendizajes”, del Documento de Base del 06.04.2020, “Acerca de la continuidad de las políticas educativas en la segunda etapa de la cuarentena”, que lleva la firma de Agustina Vila, la ministra de Educación de Axel Kicillof. Algo que se repite de diversas formas e también en el resto de las jurisdicciones del país.

Los docentes no vamos a aceptarles “hacer como que nada pasa en la educación hoy”, cuando al ingresar a la segunda etapa de la cuarentena está peor que antes de ingresar en esta situación.

Para el acompañamiento a nuestra comunidad educativa, exigimos:

Continuidad pedagógica encuadrada en un contexto de institucionalidad, es decir, a través de las escuelas, de los pisos tecnológicos de las instituciones y no de la vinculación personal de los docentes con sus alumnos. Proveer de todos los recursos, tecnológicos e informáticos necesarios, a costa del Estado. Actividad docente en el marco de los horarios y cargos públicos de cada docente, y en condiciones laborales que se pacten con la presencia de representaciones sindicales que respondan a los reclamos de los educadores, y de los centros de estudiantes, en resguardo de los planteos de nuestros estudiantes. Respeto de todas las condiciones establecidas por el Estatuto Docente y de la libertad de cátedra. Separación del cargo de todo directivo que actúe persiguiendo a docentes o estudiantes incurriendo en los delitos establecidos en las leyes de Violencia Laboral y de desconocimiento de los estatutos laborales docentes que están en vigencia. Organización de la continuidad pedagógica en base a la elaboración de la misma de docentes y, en los niveles que corresponda, integrando los planteos de los estudiantes.