Frente a la situación excepcional creada a partir de la propagación del coronavirus algunas gestiones de la UBA (por ejemplo, Psicología, Ciencias Exactas y Naturales,  Agronomía y Económicas) incentivan que se avance en el dictado de clases a partir de la explotación de sistemas de “educación a distancia” que ya existían previamente en esos institutos.Otras, como Sociales y Fadu lo han rechazado por resultar imposible su implementación.

Mientras que en el comienzo de las suspensiones de clases, la variante de la educación a distancia fue resistida por el Rectorado, sobre todo porque ponía al desnudo las carencias de la UBA para afrontarla, con la continuidad de la suspensión algunas Facultades fueron imponiendo y extendiendo su uso. La dirección de la UBA muestra así que cada Facultad se rige por sus propias leyes y sus propios presupuestos generados con mayor o menor grado de privatización, que les permiten o no implementar servidores u otras disposiciones que requieren recursos. El Rector y el Consejo Superior, son incapaces de centralizar lo más elemental: que todos los estudiantes tengan los mismos derechos y que todos los trabajadores y trabajadoras también los tengan, para que no haya discriminaciones según si estás en una Facultad pobre o rica. Esto no es así en la vida regular de la Universidad y en esta situación crítica, se profundiza.

En este marco, agrupaciones estudiantiles (en general del mismo color político que estas gestiones) salieron a plantear las clases virtuales como una salida “para no perder el cuatrimestre”.

Ocurre que la UBA es una institución en la que la educación es presencial en su gran mayoría, que esta metodología es la defendida por docentes y estudiantes porque está comprobado que esta sigue siendo la manera más pedagógica para poder enseñar y aprender. Una de las plataformas virtuales con más desarrollo por su característica fundacional a distancia, que es UBA XXI, tiene un altísimo grado de fracasos, muy superior al CBC que se cursa presencial.

La virtualidad que existe de manera parcial, que no está regulada con leyes que resguarden el trabajo docente, que no tiene en cuenta los derechos de los estudiantes ni garantiza las herramientas para que todos ellos accedan, que depende de la Facultad que haya tenido más éxito en recaudar (incluso a costa de la explotación de personal precario) hace inviable el planteo de “salvar el cuatrimestre”.

Docentes, no docentes y estudiantes del Partido Obrero defienden el sistema presencial de cursada desde el punto de vista pedagógico, ya que articula en un trabajo conjunto todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; desde el punto de vista político, ya que no disgrega a la docencia sindicalmente hablando y al movimiento estudiantil como tal; y desde el punto de vista laboral, porque, lo contrario, implica una profundización de la ya extendida precarización de los docentes. Estos principios son absolutamente compatibles con la plena incorporación de los avances tecnológicos e informáticos en el propio proceso educativo.

No desconocemos en nuestra lucha educativa cotidiana que en la ofensiva contra la educación pública y en defensa de los métodos de una virtualización forzada, se concentra una estrategia a largo plazo y por lo tanto alertamos en este contexto tan dificultoso que detrás de aparentes preocupaciones por la continuidad de un cuatrimestre en medio de una situación tan excepcional, exista también la intención de avanzar con modalidades precarizadoras tanto en lo laboral como en lo educativo. Un uso al servicio de la función educativa de la informática y de la tecnología, no es algo que puedan impulsar los responsables de dirigir una universidad atravesada por el derrumbe salarial, el derrumbe edilicio y de condiciones de trabajo y estudio y privatizadora de contenidos a través de posgrados y de otras modalidades. 

Las desigualdades sociales impiden, por supuesto el ingreso irrestricto y la igualdad de oportunidades universitarias para toda la juventud, pero esta enseñanza virtual, lejos de resolverlas las agrava. Por la falta de conectividad, de herramientas tecnológicas, de vivienda y aislamiento necesario para ejercer el aprendizaje, por el lado de los estudiantes. Y por las mismas privaciones y falencias por el lado de los docentes.

El anuncio de las clases virtuales aparece frente a muchos estudiantes como un paso adelante, porque permitiría “salvar el cuatrimestre”, sin embargo esto es inviable a la escala de toda la Universidad. Aunque todos compartimos la necesidad de retomar las clases, nosotros nos preguntamos: ¿bajo qué condiciones para los estudiantes, para los docentes, y para el proceso de aprendizaje?

La defensa de la continuidad del proceso educativo bajo cualquier circunstancia, incluyendo graves conmociones sociales, no tiene en cuenta que la educación requiere de condiciones mínimas para que los estudiantes y docentes puedan enseñar y aprender. Esta defensa en general asume la posición de que la educación es un servicio esencial, que es una modalidad de los gobiernos para imponer el trabajo y la cursada en situaciones extremas, donde no hay ninguna condición y, por supuesto, para quebrar las conquistas laborales. Precisamente, la esencialidad es esgrimida por los políticos capitalistas para cercenar el derecho de huelga de la docencia.

Este fenómeno no se restringe al campo educativo desde ya. Para los gobiernos capitalistas, la crisis es una oportunidad también, para reducir los costos laborales por ejemplo, como ocurre con la disminución salarial impulsada en Uruguay o con el subsidio que pagará el gobierno argentino a patronales de la salud prepaga que ganaron fuertemente durante los últimos 4 años pero que  no están dispuestas a pagar un bono extra ínfimo para sus trabajadores cuando les están exigiendo varias veces más laboralmente.

Como también registran crónicas periodísticas y relatos de las propias trabajadoras y trabajadores, el “teletrabajo”, que no está regulado por las leyes laborales, implican una multiplicación de tareas sin incrementar las remuneraciones. Hay un sector de la burguesía que está aprovechando fuertemente la crisis del coronavirus.

Las desigualdades en el acceso a una forma educativa a distancia está plenamente planteada en todas partes del mundo  “Los educadores se han encontrado con la cuestión de que numerosos hogares de Nueva York, máxima expresión del primer mundo y del cuarto– no disponían de un ordenador con el que conectarse a la escuela. [...] Este lunes se detectaron deficiencias. Muchas familias en barrios como el Bronx no habían recibido todavía el soporte tecnológico. Carraza reconoció que aún no disponían de todos esas 300.000 tabletas, así que se priorizó la distribución de las primeras 25.000 a las familias de menos ingresos y a los que están acogidos en refugios”. (La Vanguardia, 23/03)  “casi 1000 millones de estudiantes en todo el mundo hoy no tienen clases, plantea The Economist. La introducción masiva de e-learning en esa inmensa población solo profundizará la desigualdad social y académica.

¿Cómo ingresa la UBA a esta situación excepcional?

El pedido de clases virtuales está siendo usado por las gestiones para que, en una pelea de pobres contra pobres, lxs estudiantes presionemos a lxs docentes a que se sometan a una mayor precarización laboral. A estas gestiones les respondemos que lxs estudiantes no serán una fuerza de choque contra los docentes.

En la UBA más de 10 mil docentes no perciben salario y a nivel nacional el gobierno cercenó la cláusula gatillo que fue conquistada  luchando contra el gobierno de Macri. Es interesante recuperar el análisis de la educación a distancia (que existe hace más de un siglo y medio). Esta fue y es una metodología complementaria al desarrollo de las disciplinas y de las herramientas pedagógicas pertinentes a cada una. No somos “destructores de máquinas” y somos los primeros críticos de las “clases magistrales”, pero hoy no es esta la discusión.

La transformación de clases presenciales a una modalidad virtual implica una transformación en los métodos y materiales de enseñanza que no puede improvisarse y de los métodos y modalidades de estudio que tampoco pueden imponerse con cambios de reglas de juego de un día a otro.

No se trata aquí de iniciativas de docentes y estudiantes para agilizar lecturas o tareas durante la cuarentena que servirán para avanzar en alguna materia en cuestión, este contacto e intercambio existe y se profundiza frente a esta situación. E impulsamos que se transformen, incluso, en instancias asamblearias en las cuales discutir estas cuestiones. Sin embargo esto no resuelve algo que no tiene solución. El cuatrimestre, sin clases presenciales, derechos estudiantiles y laborales no puede cursarse en estas condiciones y por eso las autoridades de la UBA a la vez que aprietan para aparecer como que hacen algo, están evaluando cuáles serán las nuevas fechas de un nuevo calendario académico, algo que deberían discutir con los gremios porque la salida de la cuarentena no puede darse sobre la base de ningún atropello a los derechos laborales y estudiantiles.

Mentira verdad

Desde los docentes, no docentes y estudiantes del PO criticamos la creación de un relato fantástico de parte de autoridades y de agrupaciones estudiantiles afines, de que se puede cambiar de caballo en medio del río, dejar atrás los derechos laborales y a la población estudiantil y docente que no tiene los medios para acceder a educación a distancia, desconocer que el reconocimiento de la labor pedagógica en la UBA requiere de un trabajo No Docente y plantear una finalización del cuatrimestre en estas condiciones. Eso es inviable. 

No se trata de un planteo corporativo de tal o cual gremio, sino de una cuestión de interés para toda la comunidad educativa porque la precariedad laboral ya existente, es una de las consecuencias de un abordaje mercantilista sobre la educación y por lo tanto su avance afecta la calidad educativa, entre otras cosas.

Para que la educación a distancia cumpla con los requisitos pedagógicos y las condiciones laborales indispensables, la definición de tareas, funciones y remuneraciones, así como la provisión de elementos didácticos a los docentes y las capacitaciones (que deben ser remuneradas), deben ser acordadas en  mesas paritarias con los representantes sindicales de los trabajadores de la educación, con derecho a veto. Debe contemplarse además la participación de los docentes y estudiantes en el relevamiento de los problemas para el dictado de las materias, cátedra por cátedra.

Es el gobierno el que debería garantizar el presupuesto y las condiciones para adaptar las condiciones de cursada a esta nueva realidad, y sin embargo está empeñado en destinar los fondos al pago de la deuda externa.

Hay que tener en cuenta, por último, que muchxs docentes no cuentan con condiciones para llevar adelante el trabajo a distancia en el marco de la pandemia. Se debería reconocer el derecho a la licencia paga a lxs docentes que por distintos motivos no tengan condiciones para dar clases en esta situación: hijos a cargo, adultos mayores a cargo, que ellos mismos sean personas de riesgo, padres de hijos con capacidades diferentes, entre otras. Esto no sólo está ausente en la Universidad hoy sino que es largamente resistido por las autoridades universitarias y por el Ministerio de Educación que buscan sacar ventajas de situaciones precarias.

La UBA víctima de los ajustadores universitarios

La Universidad aún no votó el presupuesto 2020, en consonancia con la situación nacional y pese al 55% de inflación anual pretende funcionar con los recursos de 2019, algo que es inviable. En este contexto los problemas que transitamos en nuestra cursada presencial no pueden más que profundizarse en un sistema que es totalmente improvisado. Una eventual cursada virtual implica presupuesto para la capacitación docente, además de recursos para crear una plataforma que soporte esa demanda. Ni hablar del trabajo de los no docentes, una parte de los cuales deberá inevitablemente comenzar sus tareas en forma presencial si se quiere garantizar las condiciones de cursada, incluso a distancia.

La asfixia presupuestaria se sentirá con mayor rigor en la medida en la que se profundizan los problemas naturales de una cursada a distancia. Las consecuencias de que el gobierno continúe con los pagos de la deuda bajo estas condiciones de crisis se descargan sobre la universidad y la educación con pandemia o sin ella. El caso paradigmático está en el Hospital de Clínicas de la UBA, el hospital escuela más grande de América Latina que ingresa a esta emergencia con 17 de las 35 camas de terapia intensiva sin habilitar aún como consecuencia de una larga historia de vaciamiento presupuestario.

La cursada virtual ignora un problema que excede a la Universidad y es el contexto social que vive el país, profundizado ahora por el Coronavirus. No sólo que no todxs lxs estudiantes tienen computadora o siquiera internet (lo cual profundizaría las diferencias sociales a la hora de estudiar el contenido) sino que muchísimos estudiantes que trabajan de manera precaria corren serio riesgo de despido.

Para que todxs lxs estudiantes puedan acceder a la cursada virtual debería garantizarse un plan integral de becas y acceso a computadoras para aquellos que de otra forma ni siquiera podrán acceder al campus. Vale aclarar que, aún en el mejor de los casos, la cursada tendrá sus límites, e incluso muchas materias que tienen contenidos netamente prácticos será imposible cursar. El intento de hacer como si nada pasara y continuar el cuatrimestre como si nada choca con la realidad material de la propia Universidad.

Es evidente que la garantía de la cursada en esta situación excepcional depende de generar condiciones, hoy inexistentes, para solucionar los problemas planteados. Esa responsabilidad recae sobre el Gobierno y las gestiones. Cualquier alusión al dictado de clases virtuales sin una referencia a estas problemáticas resulta una maniobra de las gestiones para lavarse la cara y tirarle el fardo a las y los docentes.

El hacer como si se dieran clases conduce a una precarización fenomenal de la educación, que puede conducir a dos situaciones igualmente negativas: o la aprobación de los estudiantes sin los conocimientos mínimos, o el bochazo masivo por no poder acreditarlos, creando en los hechos materias filtro y favoreciendo la deserción.

Para este cuadro de situación planteamos

Que se comience a diseñar un nuevo calendario académico único para toda la población de la UBA sin discriminaciones de ningún tipo y una salida de la cuarentena debidamente discutida con los gremios correspondientes para no avasallar derechos laborales ni estudiantiles.

Que los hospitales universitarios (hospitales escuela) cuenten con todos los insumos necesarios para la completa protección de todo el personal y para la mejor atención de todos los pacientes. Recursos extraordinarios para el incremento salarial de emergencia para todo el personal asistencial.

Que las autoridades en acuerdo con los gremios y gremiales de cada Facultad, garanticen la disponibilidad de los materiales para que todos los estudiantes que puedan adelanten lecturas programadas para el cuatrimestre.

Que en todos los intercambios virtuales que haya entre docentes y estudiantes, se chequee que el conjunto de los inscriptos en la cursada estén pudiendo participar y que en el caso de que esto no sea así, se establezca con claridad que no se puede avanzar sin que todos las y los estudiantes inscriptos accedan a su derecho a estudiar.

Que en aquellas facultades donde se ejerce algún tipo de virtualidad,  se garantice licencia extraordinaria paga a los docentes que por sus condiciones de vivienda, familiares u otras no tengan condiciones para llevar adelante las cursadas virtuales en el marco de la pandemia. Garantizar wifi computadoras y herramientas virtuales para docentes y estudiantes.

Que cada plataforma virtual se transforme en un ámbito de discusión  entre docentes y estudiantes de esta situación, planteando en todos los casos sus pliegos de reivindicaciones y compartiéndolas en los foros de discusión que existen por Facultad.

Que bajo las condiciones de seguridad que requiere el momento, tanto en el trabajo como en el traslado de los y las trabajadoras, y en diálogo con el gremio correspondiente, se garantice la aceleración de la entrega de títulos para aquellos estudiantes que han terminado las cursadas de carreras de utilidad en favor de la población en este cuadro de situación. Que la UBA informe cuántos títulos de enfermería y medicina están en trámite y los emita ya mismo o reclame al gobierno que establezca una excepción y que se los pueda tomar con certificado de título en trámite.

Que las autoridades se encarguen de garantizar durante la pandemia la compra masiva de elementos de higiene para todas las Facultades por igual, que garanticen condiciones permanentes de higiene por igual para toda la población de la UBA aunque se supere la pandemia, algo que hoy no existe. Que se garanticen los derechos de todo el personal de limpieza de la UBA sea No Docente o tercerizado, que cuenten con toda la protección necesaria.

No al pago de la deuda externa. Todos los recursos existentes deben ser destinados a la salud, la educación y el hambre de nuestro pueblo.